La congresista Sylvia García lidera a un grupo de representantes que reintrodujeron este 27 de febrero la legislación bipartidista American Dream Promise Act (Ley del Sueño y la Promesa Estadounidenses), con la que se busca otorgar la ciudadanía a beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) y otros programas.
¿Quiénes serán los beneficiados por la ley?
Además de los dreamers del DACA, como se les llama a los inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos cuando eran niño y los titulares del TPS, la legislación proporcionaría un camino hacia la ciudadanía para los beneficiarios de la Salida Forzosa Diferida (DED, por sus siglas en inglés).
De acuerdo con un comunicado de la legisladora de Texas, la ley ha sido copatrocinada por 201 miembros del Congreso y respaldada por casi 120 organizaciones.
¿Qué dice la ley American Dream Promise Act?
La ley bipartidista American Dream Promise Act 2025, protegería a más de cinco millones de personas en todo EE.UU., señaló United We Dream, una de las organizaciones que apoya el proyecto.
La legislación establece lo siguiente:
- Proteger y otorgar a los dreamers elegibles la residencia permanente condicional por diez años y cancelar los procedimientos de deportación.
- Proporcionar un camino hacia la ciudadanía para los dreamers elegibles al otorgarles el estatus completo de Residente Permanente Legal (LPR, por sus siglas en inglés).
- Proporcionar estatus LPR a personas con TPS o DED.
- Proteger a los dreamers y a las personas con TPS o DED durante su solicitud de alivio bajo la Ley del Sueño y la Promesa Estadounidense.
- Brindar a los dreamers elegibles acceso a ayuda financiera federal.
- Permitir que los dreamers elegibles que se encuentran en el extranjero soliciten ayuda.
- Prevenir la penalización de los estados que otorgan matrícula estatal a estudiantes indocumentados en función de la residencia.
La organización indica que en medio de los ataques contra la comunidad inmigrante, que se han hecho más intensos, “incluidos los incansables esfuerzos de los políticos antiinmigrantes y los aliados de la administración Trump para poner fin al programa DACA”, este proyecto de ley propone una solución política afirmativa.
La legislación, de ser aprobada, brindaría un alivio muy esperado a millones de indocumentados que consideran a EE.UU. como su hogar, explicó United We Dream. Además, garantizaría que las familias de estatus mixto puedan permanecer juntas y les daría a los miembros del Congreso la oportunidad de promover soluciones genuinas
El informe de los legisladores que reintrodujeron la ley recordó que antes de su toma de posesión, el presidente Donald Trump indicó que quería trabajar con los demócratas para proteger a los dreamers y que los republicanos estaban dispuestos a hacer algo al respecto.
Las encuestas demostraron de manera consistente que la mayoría de los estadounidenses apoyan que los republicanos y los demócratas trabajen juntos en una legislación que permita a esta comunidad obtener un estatus legal y, eventualmente, la ciudadanía, señalaron en el comunicado.
Son estadounidenses: resaltan el papel de los dreamers en EE.UU.
La congresista García comentó: “Los dreamers son estadounidenses en todos los sentidos, excepto en el papel. Durante décadas, contribuyeron y dieron forma al tejido de Estados Unidos. Sin embargo, actualmente se les niega su lugar en la historia estadounidense”.
La legisladora también explicó que la nación no puede darse el lujo de perder a los dueños de pequeñas empresas, el talento, los artistas, los aspirantes a servidores públicos y el impulso que aporta dicha comunidad de inmigrantes.
Al haber crecido en EE.UU. estos migrantes asistieron a la escuela y contribuyeron miles de millones de dólares a la economía. Además, muchos formaron familias y ciraron hijos que son ciudadanos estadounidenses, de acuerdo con los legisladores, que también reconocen el papel de los titulares de TPS que trabajan en Estados Unidos.
Los datos mostrados en el informe de la congresista García y sus compañeros, revela que los beneficiarios DACA pagan alrededor US$6200 millones en impuestos federales y US$3300 millones en contribuciones estatales y locales cada año.
“Los modelos económicos muestran que una vía hacia la ciudadanía aumentaría los salarios de todos los trabajadores en EE.UU. y crearía cientos de miles de nuevos empleos”, precisó la legisladora.