Hace tres días, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, informó sobre la detención de su supuesto terrorista con vínculos con el Estado Islámico (EI). David Nazareno Ávila reconoció los contactos que se le descubrieron y el pedido de instructivos para fabricar explosivos porque “la Argentina debía pagar sus pecados”, pero sostuvo que todo lo que hizo fue parte de “una broma”. También afirmó que si, en algún momento, recibía dinero para financiar algún atentado, se lo “iba a quedar”.
Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales al tanto de la declaración indagatoria de Ávila, un exsoldado voluntario del Ejército argentino de 21 años, detenido en General Roca, Río Negro, por la Prefectura Naval.
“Una investigación exhaustiva, permanente por vía de un agente encubierto digital, que logró información trascendente para la detención del terrorista vinculado con el EI. Representaba una amenaza concreta contra los argentinos y la seguridad nacional“, había explicado Bullrich en una conferencia de prensa. La ministra de Seguridad agregó que el extremista “pertenecía a una red global de odio y destrucción”.
Ávila, conocido como Naza, fue indagado por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay. Tras la audiencia, el magistrado rechazó el pedido de excarcelación presentado por la defensa del imputado, informaron fuentes judiciales.
De la investigación, participan el fiscal federal de Campana, Sebastián Bringas, y su colega Santiago Marquevich, que conduce la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (Ufeco).
Según informó el sitio de noticias de la Procuración General de la Nación, www.fiscales.gob.ar, a Ávila se le imputa “haber formado parte de agrupaciones permanentes o transitorias, en particular, del grupo autodenominado EI, con el objeto de imponer la ideología extremista violenta de ese grupo o combatir las ideas ajenas por la fuerza o por el temor en el territorio argentino”.
En el citado sitio web se recordó que el EI o Dáesh está incluido en la lista del Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (Repet) del Ministerio de Justicia de la Nación.
“En su declaración, Ávila sostuvo que tiene interés por los sitios de Internet donde se difunden cuestiones bélicas, sobre todo los conflictos en Medio Oriente y la guerra en Rusia y Ucrania, sobre todo por la música y las imágenes”, dijo una fuente presenció la audiencia donde el sospechoso fue indagado.
Un detective judicial que estuvo tras los pasos de Ávila explicó que no se pudo determinar qué grado de determinación tenía el exsoldado para concretar algún atentado, pero sí se comprobó la “interacción” que tuvo con grupos que podrían tener vínculos con terroristas.
“El imputado se tomó el trabajo de seguir páginas de grupos sospechosos, envió mensajes directos y fue incorporado a un grupo de Telegram. Claramente, no estamos ante un líder terrorista, pero no sabemos si podía ser un ‘lobo solitario’ [que protagoniza actos de forma individual] que podía planear un ataque”, sostuvo una fuente de la causa.
Según www.fiscales.gob.ar, al sospechoso también se le atribuyó “haberse valido de redes sociales como Facebook e Instagram, y de aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp o Telegram para difundir actos de grupos terroristas, como atentados o ejecuciones. También publicó imágenes y videos para hacer propaganda para el Estado Islámico, y/o alentar o incitar públicamente a un grupo de personas indeterminado que adhiere a las ideas del EI, a la persecución o el odio contra la comunidad occidental y/o cualquier persona que no compartiera su ideología extremista violenta”.
Si bien el juez González Charvay ordenó una serie de peritajes socioambientales y psiquiátricos para evaluar a Ávila, un detective que participa de la investigación sostuvo que, a grandes rasgos, “el sospechoso parece tener “dificultades para manejar su autoestima y necesita de un grado de reconocimiento” de sus conocidos.
Según explicaron fuentes judiciales, existen pruebas de que el sospechoso había solicitado a sus contactos en Medio Oriente instructivos para fabricar explosivos y que llegó a afirmar que “la Argentina debía pagar por sus pecados”, pero en su indagatoria dijo que todo había sido parte de una broma.
La investigación comenzó en marzo pasado cuando la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC) del Ministerio de Seguridad de la Nación le dio viso a la Ufeco “respecto a la existencia de una persona que compartía y difundía propaganda yihadista del autoproclamado Estado Islámico a través de redes sociales. Además, advirtieron que el sospechoso había integrado el Ejército argentino”.
Ávila fue voluntario del Ejército entre el 15 de mayo y el 3 de julio pasados en el Regimiento de Caballería y Exploración de Montaña 4 de San Martín de los Andes, en Neuquén.
Tras la información aportada por la DNIC, el fiscal Marquevich y su equipo de trabajo iniciaron una investigación preliminar y, en abril pasado, efectuaron la denuncia junto con la Fiscalía Federal de Campana ante el juzgado de González Charvay porque “de las constancias obrantes en el sumario surge que el sospechoso habría mantenido reuniones en esa jurisdicción, en un centro comercial de Escobar”.
El magistrado autorizó la designación de un agente encubierto digital de la Prefectura Naval. “Las tareas de investigativas y de monitoreo efectuadas sobre el sospechoso evidenciaron que el mismo estaba vinculado a otras personas que estarían relacionadas con el autoproclamado EI o que adherían a sus ideologías extremistas. Se corroboró que el investigado utilizaba diferentes identidades en redes o grupos sociales donde efectuaba publicaciones y mantenía un intercambio frecuente por diferentes medios y redes digitales con otros usuarios vinculados a ello”, sostuvieron en el citado informe publicado por www.fiscales.gob.ar.