El secretario de Educación, Carlos Torrendell, defendió esta mañana en la Cámara de Diputados el gasto en universidades, de $4 billones, y destacó que representa dos terceras partes del presupuesto de su área así como el 4% del total del Presupuesto 2025. Fue cruzado por la oposición, que cuestionó las prioridades del Gobierno y habló de “ajuste” y “desfinanciamiento”.
La intervención de Torrendell, que duró casi cuatro horas, se enmarcó en la discusión del proyecto de Presupuesto 2025 que envió el Poder Ejecutivo el 1° de septiembre y que el oficialismo pretende aprobar antes de fin de año. La de esta mañana es la cuarta reunión que celebra la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja, que preside el libertario José Luis Espert.
“Respecto del gasto primario del presupuesto nacional, el gasto universitario pasó del quinto al tercer lugar. Es decir, es un gasto relevante: representa el 4% del presupuesto y hay un desafío de administrarlo adecuadamente”, señaló el secretario de Educación, que fue acompañado por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, y la subsecretaria de Gestión Administrativa, María Inés Brogin Alba.
Estas declaraciones se dan en medio de una fuerte disputa con los gremios universitarios y con los rectores de las altas casas de estudios, que permanecen en un “plan de lucha”, con paros rotativos, en protesta por el veto de Javier Milei a la ley de financiamiento universitario. Esta norma, hoy sin vigor, establecía una recomposición retroactiva de los salarios de docentes y no docentes del sistema universitario nacional por la inflación acumulada al 1° de diciembre del 2023. Definía, además, una actualización mensual de los mismos por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), solo en el caso en que no se llegue a un acuerdo paritario.
Sobre la disputa con los gremios, el subsecretario de Políticas Universitarias precisó que el próximo año la base salarial de un docente universitario será de $1,3 millones mensuales. “Dentro de todos los salarios del Estado, los que más han crecido son los de los docentes”, sumó. Y aclaró: “No vamos a cerrar ninguna universidad y vamos a sostener la oferta publica porque creemos en ella”.
“La política salarial se deberá seguir discutiendo, con el dialogo que hasta ahora tenemos con gremios y universitarios para seguir afianzando la política salarial dentro de política de déficit cero”, agregó Torrendell.
Hoy en la Comisión de Presupuesto el Gobierno confirmó que la garantía salarial para los docentes y no docentes universitarios que menos cobran pedida por el bloque @prodiputados se hará efectiva con la liquidación de este mes. pic.twitter.com/jjUEWmym0T
— Alejandro Finocchiaro (@alefinocchiaro) October 24, 2024
La reunión se tensó cuando Álvarez cuestionó la asignación de recursos durante los gobiernos anteriores así como el rol del presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Víctor Moriñigo. “El presidente del CIN tiene un alineamiento político con un sector del radicalismo y su influencia política lo lleva a decir cualquier cosa”, dijo Álvarez a raíz de una pregunta del diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), quien cuestionó la fórmula para la distribución de recursos a las universidades.
Ferraro consideró que “las universidades tienen que mejorar, cambiar y auditarse”. Sin embargo, señaló que “hay un trasfondo que esconde la verdadera discusión” en relación con la distribución de los recursos. “Tendrían que haber acompañado el debate que dimos en el recinto, donde en esa oportunidad La Libertad Avanza junto con algunos diputados del PRO y de Unión por la Patria, votaron en contra de la fórmula polinómica para la distribución de fondos para las universidades. Y ahí es donde vemos que empieza una cuestión de discrecionalidad. ¿Cuál es el criterio que han establecido para la asignación de recursos de cada una de las universidades nacionales?”, inquirió el diputado.
La respuesta del subsecretario tuvo un componente político que no pasó desapercibido. Se refirió a la forma en que los gobiernos anteriores repartían el dinero y señaló: “No había ninguna razonabilidad en la distribución del presupuesto. Se distribuía por el lobby en esta casa [por la Cámara de Diputados]”. Lo contrapuso con la estrategia de reparto del Gobierno de Milei: “Nosotros el presupuesto lo hicimos ejecutando lo que realmente se ejecuta, no hay un solo programa en las universidades que esté desfinanciado”.
Respecto de las prioridades de la política universitaria, Torrendell destacó tres ejes. “El logro de los aprendizajes, la verdadera inclusión de estudiantes y que éstos se gradúen, que es el gran desafío de las universidades nacionales en la Argentina”, señaló el secretario de Estado, que responde directamente de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
Además, Torrendell mencionó la importancia de la “información” para “mejorar la gestión”. “Hemos notado que hay un problema de información, de gestión y de evaluación de alumnos matriculados para conocer sus trayectorias y lograr que se gradúen”, indicó Torrendell sobre las universidades, quien ya había generado polémica al poner en duda la cantidad de estudiantes matriculados en las altas casas de estudios.
Respecto de las prioridades para la educación básica -nivel inicial, primario y secundario- el secretario destacó tres grandes líneas de trabajo: la alfabetización, la conectividad en todas las instituciones y la inversión inteligente, que implique la trazabilidad de los recursos invertidos.
Torrendell repitió el énfasis que la administración libertaria le quiere dar a la alfabetización. “Eso redundaría en mayor libertad para los chicos y tenemos que poner allí el foco de la política educativa. Muchas investigaciones muestran que aproximadamente de la mitad del abandono en nivel secundario se explican por malos resultados en nivel primario. Por ende, centrarnos en alfabetización genera una externalidad positiva, es inteligente y productiva dado que se expande y consolida aprendizajes de toda la vida”, destacó.
El debate
Tras una exposición inicial de Torrendell, que duró poco menos de una hora, se abrió la ronda de preguntas de los diputados presentes. Ferraro fue el primero en tomar la palabra. Hizo un repaso sobre los principales indicadores presupuestarios y habló de un “desbalanceo de prioridades” del Gobierno.
“Se estipula una inversión nacional en educación para 2025 de 0,88% del PBI, por debajo de lo que ya se ha invertido en el 2024, que representa el 0,91% del PBI”, precisó. Y concluyó: “Cuando uno ve otros ministerios, otras secretarías, otros programas, no entendemos el desbalanceo de prioridades al respecto. Y esto, por supuesto, con una caída histórica del 40,2% en 2024 con respecto al 2023, es decir que se consolida una restricción a pesar de las expectativas de crecimiento económico”.
🏛 @DiputadosAR | 💬 @ChipiCastillo
"Es la menor inversión en universidad este año y el que viene, de 1996 a la fecha.
La inflación de 153% y aumentos de salario 90%.
¿Porqué opinan que se les tiene que hacer este brutal recorte de ingresos a los docentes universitarios?" pic.twitter.com/OlD03F0kuN
— Frente de Izquierda Unidad (@Fte_Izquierda) October 24, 2024
En la misma línea, la legisladora de Unión por la Patria, Blanca Osuna, subrayó la “incongruencia” que muestran los resultados de las pruebas Aprender con respecto a las prioridades de la administración libertaria. “Hay un mayor déficit de aprendizaje en Matemática que en Lengua, sin embargo la política principal, siguiendo directivas y financiamiento del Banco Mundial, es la alfabetización. Además, Aprender 2023 señala el impacto de la concurrencia al nivel inicial para el buen desempeño, sin embargo el recorte a infraestructura escolar es del 71%”, destacó Osuna.
Por su parte, Danya Tavela, del flamante nuevo bloque -aún sin nombre- que se escindió de la bancada UCR, cuestionó, entre otros puntos, el financiamiento a las universidades. “Es importante significar que el presupuesto que mandaron representa solo el 53% de lo que el CIN ha solicitado ¿Está pensado cambios en estos números?”, inquirió.
El CIN había solicitado al Gobierno un presupuesto de 7,2 billones para atender los gastos salariales y de funcionamiento el año próximo; la respuesta del Gobierno fue una asignación anual de 3,8 billones, casi la mitad.
En su respuesta, Torrendell confirmó que será posible que los legisladores planteen una “reasignación de partidas”. “El Congreso tiene la oportunidad de estudiar qué partidas se pueden reasignar, siempre respetando el déficit cero”, adelantó. “Ha habido hoy algunos planteos y podría plantearse el incremento del presupuesto universitario sobre la base de la seriedad”, sumó.