Martín Menem inició el año parlamentario con resoluciones para agasajar a Javier Milei: endureció las condiciones laborales de los empleados legislativos, ajustó las horas mínimas y máximas de trabajo diario y redujo los días “en comisión”, una medida que habilita al personal a trabajar por fuera de los muros del Congreso.

El presidente de Diputados argumentó que estas decisiones son para “disponer criterios claros sobre el rango horario y mecanismos que aseguren la efectiva prestación del servicio”. El riojano está dispuesto a hacer cumplir las 35 horas semanales que define el estatuto para la dotación a su cargo.

Las medidas, implementadas a través de la resolución N°2 de Menem y la decisión administrativa N°10 de Laura Oriolo -secretaria administrativa-, les quita poder a los bloques para decidir sobre sus equipos de trabajo y fueron leídas en clave política por un sector de la oposición. Las consideran una nueva forma de disciplinamiento que será utilizada como una prenda de negociación política: muchos diputados sospechan que Menem usará las excepciones a este régimen para sumar voluntades a su favor. Algo que, indican, ya se hizo a lo largo de su primer año al frente de la Cámara. Cerca del titular de Diputados niegan esta acusación. “No hay nada de eso”, aseguran.

Los gestos de austeridad de Menem apuntan, por un lado, a mostrarse en línea con la obsesión por el ajuste del Presidente y buscan, por el otro, diferenciarse de su par del Senado, Victoria Villarruel, a quien los libertarios acusan de haber adquirido las mañas de la “casta”.

La vicepresidenta quedó bajo fuego amigo en la última semana por decir que gana “dos chirolas”. Fue después de que congelara hasta marzo el aumento de las dietas de los senadores.

Fechadas el 3 de enero, las normas establecen que los empleados legislativos de Diputados -permanentes y transitorios- deberán trabajar diariamente de manera presencial un mínimo de cuatro horas y un máximo de nueve. Si, por ejemplo, un día realizaron horas extras o tuvieron que quedarse en una sesión -que pueden extenderse alrededor de 12 horas o más- igual deberán asistir a su lugar de trabajo a pesar de haber sobrepasado las 35 horas semanales antes del viernes. “En esos casos pueden avisar a su Unidad Responsable (UR) -que usualmente son quienes se desempeñan como secretarios administrativos de cada bloque- para que cargue esas horas extras y se computen como parte del trabajo”, precisó a LA NACION el equipo de la secretaría administrativa de la Cámara. “También pueden compensar esas horas de más con los dos días que disponen por mes para trabajar ‘en comisión”, sumaron.

Otro cambio que hizo ruido entre el personal de la Cámara es que se les descontará como trabajado el intervalo de las salidas a comer o si tienen que realizar alguna diligencia por fuera de los muros del Congreso. Esto se suma al malestar por los magros aumentos salariales a lo largo del año, que arañaron el 73,2%, muy por debajo de los 166% de inflación acumulada. “Va a suponer un problema incluso para sus propios diputados”, vaticinan quienes conocen el engranaje legislativo.

Durante la última reunión de jefes de bloque, previo a la sesión preparatoria en la que Menem fue reelegido al frente del cuerpo, el diputado Miguel Pichetto (Encuentro Federal) advirtió al presidente del cuerpo sobre el tratamiento que se le estaba dando al personal de la Cámara. Según pudo saber LA NACION, Pichetto cuestionó lo que se le estaba pagando a los empleados legislativos y señaló que con estos montos “no se puede contratar a personal capacitado para que asesore sobre temas específicos ni retener al que ya está trabajando”. El legislador sumó que esa tarea se complejiza si los obligan a fichar y cumplir un horario. “No son empleados de comercio”, remarcó.

No fue el único jefe de bloque que se mostró incómodo: “Algún planteo va a haber”, anticiparon en Pro y el radicalismo de Democracia.

El gremio, sin quejas

En tanto, el líder de la Asociación del Personal Legislativo (APL), el gremio que nuclea a los trabajadores del Congreso, no objeta las últimas decisiones de Menem y no prevé planteos ni reclamos. “Son medidas que no afectan al personal de manera directa y se contemplan dentro de lo que estipula la ley 24.600 [el estatuto de los empleados que representa], las horas que tenemos que trabajar y los horarios a cumplir”, dijo Norberto Di Próspero, titular del sindicato.

Las excepciones

A pesar de la demostración de inflexibilidad, la resolución firmada por Menem define excepciones. Sin dar detalles, establece en su primer artículo que estarán exceptuadas de cumplir con las 35 horas semanales quienes desempeñen “tareas estrictamente relacionadas con la labor parlamentaria o en dependencias cuya naturaleza del servicio exija una jornada laboral excepcional”.

Es por esta salvedad que la oposición mira con desconfianza las medidas del riojano y especula que le servirán como una herramienta de negociación. En la Secretaría Administrativa que depende de Menem aclararon a este medio que apuntan a dejar afuera del esquema a los serenos o empleados de seguridad, así como a cualquier otra persona que tenga un rol que necesite ser exceptuado. “Se verá caso por caso”, señalaron.

“Hay laburos que por su naturaleza ameritan que tengas un régimen de fichado más laxo respecto de un administrativo. Y está bien que lo mantengan. El tema es cuando se mantiene la lógica de hacerlo como forma de toma y daca de la política. Eso que dicen que vienen a combatir”, ironizó un referente de la oposición.

En el equipo de la Secretaría Administrativa indicaron a LA NACION que estas medidas podrían delimitarse -con una norma aclaratoria adicional- al personal permanente y transitorio “de estructura”. Es decir, se baraja dejar afuera a los empleados conocidos como “cupos”. Se trata de alrededor de cuatro trabajadores por diputado que están exceptuados de fichar en tanto acrediten prestar servicio “en territorio”.

Una adenda en este sentido exhibirá la voluntad de Menem para llegar a un punto de consenso con los distintos bloques. Los libertarios buscan avanzar en una ambiciosa reforma electoral -eliminación de las PASO y reforma de la ley de partidos políticos- previo a los comicios de medio término y una insurrección en la Cámara no será el escenario ideal para lograr su objetivo.