El gobierno de la provincia de Buenos Aires se presentará mañana en la Justicia para denunciar al gobierno nacional por eludir la transferencia de fondos para la Dirección Nacional de Vialidad que están establecidos por leyes y decretos. La administración de Axel Kicillof, con el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, e intendentes como impulsores, denunciará la falta de mantenimiento de las rutas nacionales que atraviesan el territorio bonaerense y la paralización de obras. Lo atribuye a un “desvío de fondos” que debían utilizarse para obras, provenientes del impuesto a los combustibles y del impuesto PAIS. Reclamará que se intime al Gobierno a ejecutar las obras en las rutas.

La presentación, a la que pudo acceder LA NACION, llevará las firmas de Katopodis y de al menos 20 jefes comunales peronistas que lo acompañaron este martes en una conferencia de prensa en Luján. Establece una demanda contra el Estado Nacional (puntualmente, al Banco Nación, el Ministerio de Economía, la Dirección de Vialidad Nacional, la empresa Corredores Viales SA). Se argumenta que está en riesgo “la salud y la seguridad” de los usuarios de las rutas. El pedido es que se ordene una medida cautelar para que se realicen las obras reclamadas. Algunos de los jefes comunales que se mostraron en Luján con Katopodis fueron Marisa Fassi (Cañuelas), Ariel Sujarchuk (Escobar), Marcos Pisano (Bolívar), Iván Villagrán (Carmen de Areco) y el anfitrión Leonardo Boto, entre otros.

La presentación se concretará mañana, en el fuero contencioso administrativo federal. La acusación contra el Gobierno es que evitó transferir a Vialidad $200 mil millones provenientes del impuesto a los combustibles, que solo ejecutó unos $38 mil millones de $2 billones que la Secretaría de Obras Públicas debió recibir del impuesto PAIS, y que, de este último tributo, se hizo de $1 billón que obligó por decreto a entregar al Tesoro Nacional.

Katopodis e intendentes, reunidos en Luján para escenificar la protesta contra Milei por el estado de las rutas

En un informe del ministerio de Katopodis que se utiliza como base para la presentación judicial, se especifica que, por la ley 23.966, el gobierno nacional debe destinar el 28,58% del impuesto a los combustibles al Fideicomiso de Infraestructura del Transporte, y que el 50% de ese fondo corresponde al Sistema Vial Integrado (obras de Vialidad en corredores viales nacionales). Con datos del Instituto Argentina Grande, en el informe se indica que Vialidad nacional debió recibir en 2024 $349 mil millones desde ese fideicomiso, pero solo se transfirió un 42,6% de ese monto ($149 mil millones). “El resto de lo recaudado que debería llegar a este organismo, que supera los $200 mil millones, ¿Dónde está?”, se pregunta en el texto del informe, en el que además se puntualiza que la ejecución presupuestaria de la Dirección Nacional de Vialidad cayó un 85,9% en la provincia de Buenos Aires.

Un país de insolentes y atrevidos

En cuanto a la recaudación del impuesto PAIS, en el mismo informe se sostiene que el decreto 193/24, firmado por Milei, establece que el 28,2% (del total recaudado) debe destinarse a la Secretaría de Obras Públicas para obras de infraestructura, que ese organismo debería haber recibido $2,08 billones de los $6,27 billones recaudados por el tributo en 2024, pero que solo se ejecutó “cerca de $38,77 mil millones”. También, que la secretaría fue obligada por decreto (el 1104/24) a constituir un bono de $1 billón para el Tesoro Nacional. “Se quedaron con la mitad de esos fondos y no ejecutaron las obras”, acusa el gobierno provincial en el informe.

Entre las obras nacionales paralizadas en rutas de territorio bonaerense, la administración de Kicillof enumera las de la autopista Perón, la autovía en la ruta nacional 7, y las de las rutas nacionales 3 y 33.

El reclamo por las obras en las rutas no es el primero que efectiviza Kicillof contra Milei. A mediados de 2024, con su gabinete y un nutrido grupo de intendentes peronistas, reclamó con un petitorio presentado en el Ministerio de Economía que se le restituyan a la Provincia $6 billones provenientes de transferencias de ANSES a la caja provincial, del Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal, del Fondo de Incentivo Docente (Fonid) y del Fondo de Compensación del Transporte Público de Pasajeros, entre otras fuentes.