El anuncio del Gobierno con el que dio a conocer el envió de un proyecto para modificar la ley de partidos orgánicos y eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), a tan solo dos semanas del cierre legislativo y en medio de las negociaciones por el presupuesto 2025, despertó, con mayor o menor intensidad, dudas en buena parte de la oposición, que mira de reojo la iniciativa oficialista.

El escepticismo con el que fue recibido el mensaje del vocero Manuel Adorni, anticipado por LA NACION este viernes, se extiende por el arco político: la viabilidad y las intenciones detrás de la iniciativa conforman solo una parte de la desconfianza. Es que, tanto en on como en off the record, hay voces que ven en el proyecto un dardo especialmente diseñado para incomodar a Pro, atravesado por las tensiones que produce la alianza indefinida que mantiene con la gestión libertaria.

Pese a que el proyecto pueda ser introducido en el temario de la extraordinarias, en la oposición desconfían de las chances de prosperar en un texto unificado que tiene un tema tan complejo. Sobre todo, a las puertas de un año electoral. Por ello, en los distintos bloques consultados descreen que el Gobierno tenga intenciones de plantar un debate “serio”.

“Es un tema para enmarañar, tuvieron todo este tiempo para presentarlo y tiran la bomba ahora”, evaluaba un diputado del cromático Encuentro Federal, donde conviven distintas posturas y proyectos de una posible reforma electoral. Consideran que el anuncio responde a una lógica comunicacional del Gobierno. “Todo lo que no salió en la Ley Bases lo administran en pedacitos. Por ahora no hay ningún proyecto en mesa de entradas”, agregaba la misma fuente.

Una interpretación similar se hizo en la Coalición Cívica. “Lo hacen ahora que ya terminan las sesiones ordinarias para llevarse la bandera”, señalaba un legislador del bloque que conduce políticamente Elisa Carrió. Allí prima la postura en favor de suprimir la obligatoriedad de las PASO –las PAS-. “Ojalá sirva, pero hay poco tiempo, y da la sensación que no quieren un debate serio”, remarcaban.

Pro

El proyecto es particularmente sensible para el Pro. El principal aliado parlamentario del oficialismo –que nunca pudo terminar de definir los términos de esa asociación- exhibe matices sobre algunas de las medidas, especialmente sobre la eliminación de las PASO, y se ataja ante una iniciativa que podría profundizar las grietas dentro de bloque que conduce Cristian Ritondo.

“Queremos leerlo bien”, decía un legislador del bloque amarillo minutos después del anuncio. “Prudencia”, añadía. “Cuando llegue el proyecto lo analizaremos”, se atajaban en otra de las terminales.

Más allá de las prevenciones, allí tampoco creen que estén dadas las condiciones para darle curso en estos en lo que resta del año parlamentario, por lo que irremediablemente deberá ser tratado en 2025.

“¿Cómo hacés para tratarlo?”, se preguntaba un diputado del bloque con el calendario en la mano, pese a estar a favor de eliminar una instancia “costosa” que obliga al ciudadano a “votar cinco veces”.

Fuentes del bloque subrayaron que la postura siempre fue la misma: en años electorales no debe haber lugar para modificaciones que puedan alimentar especulaciones partidarias. Y si bien reconocen el esfuerzo del Gobierno para reducir los costos también en el plano electoral, señalan que la aprobación de la Boleta Única de Papel (BUP) ya representó un ahorro de más de 60% respecto a las PASO de 2023.

En julio, la exgobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, presentó un proyecto de PAS que deja abierto el juego para que las agrupaciones que quieran puedan zanjar la disputa partidaria a través de unas primarias. En caso de presentar una lista única, sus integrantes quedan automáticamente proclamados como candidatos.

Con todo, al igual que en el bloque de Encuentro Federal, en el Pro aseguran que para tratar una reforma de electoral, que exige reunir 129 voluntades, los números “no están”.

Tinte “privatista”

Desde la izquierda manifestaron su pronto rechazo a la iniciativa parlamentaria del Gobierno. “Cuando ya está terminando este año, quieren modificar las reglas electorales en función de su propio beneficio”, dijo a LA NACION Gabriel Solano, diputado porteño y dirigente del Partido Obrero. Para el referente FIT se trata de un proyecto de tinte “privatista”, que busca “distorsionar” al Pro.

“Con el discurso de reducir el costo político pretende eliminar todo financiamiento del Estado a los partidos y a las campañas para que directamente sean los empresarios los que las financien”, agregó Solano. “Probablemente con el objetivo de distorsionar al Por y armar listas en las cuales los dobleguen en los distritos más importantes”, sumó,