La controversia por el precio del pan volvió a ocupar el centro del debate público en Bolivia, luego de que los panificadores anunciaran un incremento en el precio debido a retrasos en la entrega de harina subvencionada y a la decisión del Gobierno de revisar la política de subsidios.
El gobierno, a través de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), proveía harina subvencionada, además de otros insumos como manteca, azúcar y levadura, a los panificadores con el objetivo de mantener bajo el precio del pan. Según declaraciones oficiales, Emapa vendía la harina subvencionada a un precio significativamente menor al de mercado: un quintal se entregaba a 96 bolivianos cuando su costo real era 315 bolivianos.
En el último año, la provisión de harina fue irregular debido a la caída en la producción de trigo y el aumento en los costos de importación, lo que ha provocado interrupciones en la oferta del pan tradicional y ajustes en su peso.
El problema, que se arrastra desde inicios de año, estalló nuevamente en noviembre tras el anuncio de la Confederación Nacional de Panificadores Artesanos de poner fin al convenio que mantenía con el gobierno, en medio de acusaciones por la irregular dotación de harina subvencionada. Este hecho se traduce en el aumento del precio del pan tradicional que pasó de 0,50 a 0,80 centavos.
El Gobierno de Rodrigo Paz ha rechazado la subida de precios que considera un “chantaje” de parte de los panificadores.
El sábado, el presidente Paz denunció que existen redes de corrupción en la provisión de harina subvencionada y dijo que a partir de ahora “el mercado define los precios”.
“Vamos a luchar porque el precio sea el adecuado, pero también le tengo que decir al pueblo de Bolivia que yo no pienso mantener a corruptos ni ladrones que han hecho de la subvención un negociado”, afirmó.
La propuesta gubernamental pasa por diseñar un sistema digital para la asignación de harina subvencionada, para eliminar la intermediación de asociaciones con el objetivo de cerrar espacios para la corrupción. “El Gobierno central presentó una solución moderna, transparente y directa para cuidar el precio del pan, que no fue aceptada por la dirigencia de los panificadores”, señala un comunicado de prensa del Ministerio de Desarrollo Productivo.
La polémica ocurre en un momento económico complejo marcado por la caída de reservas internacionales y el aumento del déficit fiscal, lo que se traduce en escasez de dólares y de combustibles, además del aumento sostenido de los precios de la canasta familiar desde hace más de dos años.
Este contexto ha disminuido la capacidad del Estado para sostener subsidios clave, como el de los alimentos y los combustibles. La administración de Paz ha expresado su intención de revisar gradualmente estas políticas para aliviar la presión fiscal, aunque sin avanzar todavía en anuncios concretos.
Economistas consultados por los medios locales advierten que desmontar la estructura de subsidios es una tarea compleja y políticamente riesgosa, en un país donde amplios sectores vulnerables los necesitan y los consideran un derecho adquirido.
Mientras continúa la disputa entre el Gobierno y los productores de pan, los consumidores enfrentan una reducción en el tamaño del producto y un aumento de precio, además de largas filas en zonas donde la oferta es limitada.
La controversia ha tensado la agenda pública y ha reabierto el debate sobre el modelo económico subvencionado, un tema que se perfila como uno de los principales desafíos del nuevo gobierno en los próximos meses.