La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) denunció que autoridades de China llevaron a cabo la detención de casi 30 pastores, predicadores y feligreses de la iglesia protestante no oficial Sión durante los días 10 y 11 de octubre en siete ciudades, incluyendo Beijing y Shanghai.
HRW, con sede en Nueva York, informó a través de un comunicado que entre los arrestados se encuentra el pastor y fundador de la congregación -Ezra Jin Mingri, de 56 años-, quien fue apresado en Beihai, provincia de Guangxi.
Según HRW, la ola de detenciones responde a la persecución estatal contra los miembros de iglesias protestantes no oficiales en el país asiático, en una campaña cuyos alcances afectan a decenas de personas por su afiliación religiosa.
La organización instó al régimen chino a liberar “de inmediato” a los detenidos y exigió que, en tanto persista su arresto, las autoridades informen a sus familias sobre la situación de los detenidos y permitan el acceso a abogados de libre elección.
El investigador de HRW Yalkun Uluyol, citado en el comunicado difundido el martes por la ONG, sostuvo que China persigue una estrategia para “reestructurar la práctica religiosa y favorecer los intereses del Partido Comunista”, lo que ha derivado en la intensificación de la presión sobre las congregaciones que se resisten a la subordinación ideológica.
El informe destaca que las iglesias protestantes no oficiales enfrentan “constantes presiones” bajo una política de control religioso que se habría endurecido desde 2016, cuando el presidente Xi Jinping anunció su intención de “sinizar la religión”. Desde entonces, las restricciones a la libertad religiosa incluyen la demolición de cientos de templos y cruces, la prohibición de reuniones en iglesias no reconocidas oficialmente, limitaciones en el acceso y distribución de la Biblia, confiscaciones de materiales religiosos no autorizados y restricciones tecnológicas a través de la prohibición de aplicaciones relacionadas.
HRW subraya que la campaña contra la disidencia religiosa también se traduce en persecución hacia el budismo tibetano y el islam, extendiendo el alcance de la represión más allá de las comunidades protestantes. Uluyol señala que la represión de la práctica religiosa en China está “ligada a sus esfuerzos por reforzar el control ideológico, tanto a nivel nacional como internacional”.
La organización solicitó que los gobiernos de otros países presionen a Beijing para que rinda cuentas por las violaciones a la libertad religiosa y tomen medidas para defender este derecho fundamental en el contexto chino.
Una ley para la “unidad étnica”
A finales de septiembre, HRW también denunció públicamente una nueva propuesta de ley china sobre “unidad étnica”, la cual, según la ONG, busca reforzar aún más el control ideológico estatal y justificar la represión de minorías. La subdirectora para Asia de HRW, Maya Wang, advirtió en un comunicado que “los tibetanos, uigures y otras personas que defienden a las minorías pueden esperar una represión gubernamental aún mayor” si se aprueba la llamada Ley de Promoción de la Unidad Étnica y el Progreso, compuesta por 62 artículos y presentada ante la Asamblea Popular.
El texto destaca que la norma formaliza el marco ideológico de una “conciencia común de la nación china” impregnando áreas como educación, religión, historia y cultura. Por ejemplo, el artículo 14 propuesto plantea que las autoridades deberían “establecer y destacar los símbolos culturales chinos” en espacios públicos, arquitectura y atracciones turísticas. Otros artículos, como el 23 y el 40, pretenden modificar hábitos y costumbres en ámbitos como la planificación de la vivienda y el matrimonio, promoviendo la “unidad étnica” y la transformación de las prácticas sociales para asegurar el “progreso”, e impidiendo cualquier imposición de barreras religiosas o étnicas a las uniones matrimoniales.
Además, HRW señaló que el proyecto contempla la difusión global del ideario estatal chino a través de funcionarios y representantes, para consolidar la uniformidad ideológica entre “compatriotas taiwaneses” y ciudadanos chinos en el extranjero, previendo sanciones contra quienes, incluso fuera del territorio nacional, puedan “socavar la unidad y el progreso nacionales o incitar a la división étnica”.
Sobre el alcance de la iniciativa, Wang advirtió que “el proyecto de ley sobre unidad étnica es un esfuerzo flagrante del Gobierno chino por controlar la opinión y la expresión de la gente sobre China, tanto dentro como fuera del país”, instando a los Estados a demandar la retirada de la ley y el cese de la persecución de las comunidades de minorías étnicas y sus defensores.
(Con información de EFE y EP)