Organismos defensores de los derechos humanos y de oposición denunciaron el miércoles que núcleos familiares enteros han sido encarcelados en Nicaragua por ser disidentes o críticos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
“El régimen Ortega-Murillo ya no solo encarcela a opositores: ahora apresa a núcleos familiares enteros”, alertaron las organizaciones Unidad de Defensa Jurídica, Raza e Igualdad, Movimiento Autónomo de Mujeres de Nicaragua, Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, Monitoreo Azul y Blanco y el Colectivo de Derechos Humanos Nunca Más, en un informe conjunto.
Según estas agrupaciones, en las últimas redadas se detuvo al menos a cuatro familias. Entre ellas, la del general en retiro Álvaro Baltodano Cantarero, antiguo asesor del dictador Ortega. Baltodano Cantarero fue acusado por la Procuraduría General de Justicia de lavado de dinero y se le canceló la concesión de una planta de energía geotérmica de la que era directivo. La Procuraduría también acusó a su hijo, Álvaro Baltodano Monroy, de crear “20 sociedades de papel” para lavar dinero y evadir impuestos.
Otra familia afectada es la del coronel en retiro Carlos Brenes, detenido junto a su esposa, Salvadora, el 15 de agosto de 2025 en una finca entre los municipios de Masatepe y Jinotepe, en el suroeste del país. Las organizaciones denunciaron que la redada “se realizó sin orden judicial y sin brindar información a sus familiares”.
También fue arrestada la familia del pastor evangélico Rudy Palacios, junto a sus hermanas, dos cuñados y allegados. Fueron trasladados a la prisión La Granja, en Granada, y enfrentan acusaciones de “traición y conspiración” sin garantías judiciales, según el informe.
Otra familia detenida es la Alonso Estrada, cuyo padre, Mauricio Alonso, de 64 años, murió tras permanecer 38 días en condición de desaparición forzada, hasta que su cuerpo fue entregado a sus familiares el 25 de agosto de 2025. Su hijo, con el mismo nombre, continúa desaparecido.
Las organizaciones señalaron que muchas de las detenciones ni siquiera se denuncian públicamente, debido al temor de represalias. Aseguraron que el régimen convierte el encarcelamiento en un castigo colectivo y exigieron la liberación inmediata de las personas presas políticas, que suman al menos 73, así como el fin de las desapariciones forzadas.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las fraudulentas elecciones de noviembre de 2021. Ortega, de 79 años y en el poder desde 2007, asumió de forma ilegítima un quinto mandato, el cuarto consecutivo.
Esos comicios se realizaron con sus principales contendientes en prisión, a quienes posteriormente se expulsó del país y se les privó de su nacionalidad y derechos políticos, tras ser acusados de “golpistas” y “traición a la patria”.
(Con información de EFE)