El gobierno uruguayo confirmó la rescisión del contrato con el astillero español Cardama, luego de detectar una serie de irregularidades en las garantías que entregó la empresa con sede en Vigo. Uruguay ya le había pagado unos USD 30 millones de dólares, casi un tercio del precio total de las dos patrulleras oceánicas que había comprado.
Esta historia, que tuvo un mojón el viernes cuando el presidente Yamandú Orsi anunció la decisión, tiene como trasfondo una diferencia política entre la gestión actual de la coalición de izquierda Frente Amplio y el gobierno del centroderechista Luis Lacalle Pou. Incluso, este tema motivó un enfrentamiento público entre ambos mandatarios.
En el sistema político uruguayo hay consenso en que son necesarias las patrulleras oceánicas para custodiar la soberanía uruguaya en el mar. En 2021, el gobierno de Lacalle Pou realizó un llamado a licitación para que Uruguay pueda contar con buques OPV. El llamado quedó desierto inicialmente. Luego apareció la empresa Cardama, a la que el Ministerio de Defensa Nacional –encabezado por Javier García– encomendó la compra en 2023.
El proceso de compra fue criticado desde el momento cero por el Frente Amplio, que entonces estaba en la oposición. Cuando la izquierda llegó al poder, continuaron los cuestionamientos.
Fue en octubre que el presidente Orsi convocó a una conferencia de prensa para anunciar que se comenzó el proceso de rescisión del contrato, luego de detectar que la garantía de fiel cumplimiento que había presentado Cardama era falsa. El gobierno también decidió presentar una denuncia penal.
Luego, continuaron investigaciones administrativas y ampliaciones de denuncias sobre el mismo caso. A su vez, en Vigo, inspectores de la Armada uruguaya certificaban de inconvenientes en la construcción. Además, el gobierno contrató a la empresa Bureau Veritas para que hiciera una auditoría externa que llegó a una conclusión: la calidad de la obra era “satisfactoria” pero había retrasos que hacían imposible que se entregara en tiempo y forma.
Luego, el gobierno también detectaría otro problema con otra garantía: la de reembolso. Cardama había presentado un documento que no correspondía a una póliza sino a un texto de términos y condiciones.
Tras recabar todos estos elementos, el presidente Orsi convocó a su Consejo de Ministros y a la salida, en una conferencia de prensa, hizo cuatro anuncios.
El principal fue la decisión de “rescindir el contrato de suministro por incumplimientos contractuales graves e iniciar acciones por daños y perjuicios”. La segunda fue promover acciones legales para “recuperar el patrimonio del Estado uruguayo”. La tercera resolución fue la de iniciar investigaciones que definan “responsabilidades institucionales e individuales” y “tomar las medidas que correspondan”.
Por último, Orsi anunció que el gobierno uruguayo procurará la adquisición de patrulleras oceánicas para la “defensa de la soberanía nacional”.
Fue la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, quien dejó fijado el compromiso. “Lo primero que hay que decir es que en esta administración habrá patrulleros oceánicos. No hemos dejado de trabajar un momento. Pero además, queremos decir que no solamente estamos trabajando y explorando las diversas posibilidades de obtener esas herramientas, sino que además estamos robusteciendo desde otro lugar todas las herramientas necesarias para avanzar en la salvaguarda de la soberanía nacional”, expresó.
Las autoridades ya tuvieron reuniones y tienen sobre la mesa entre cuatro y cinco opciones, según dijo Orsi.
La noticia fue criticada por la oposición.
El ex ministro García señaló que la decisión que tomó el gobierno es “política”. “El objetivo es destruir lo que venga del gobierno de Lacalle Pou. Lo intentaron con el puerto utilizando a la Justicia y perdieron. Ahora las patrulleras, también el proyecto Neptuno y el saneamiento para el interior”, escribió en la red social X.