En una entrevista transmitida esta mañana por el canal A24, Luis Caputo describió los límites que establece la ley de responsabilidad fiscal para la toma de deuda por parte de las provincias argentinas en lo que fue una referencia directa a la provincia de Buenos Aires y a su gobernador Axel Kicillof. El ministro fue consultado acerca de la reciente aprobación de un endeudamiento provincial por aproximadamente tres mil quinientos millones de dólares, con destino parcial a la refinanciación de obligaciones existentes y a gastos corrientes. Caputo señaló que las jurisdicciones necesitan autorización nacional cuando optan por este tipo de financiamiento.
En esa línea, el funcionario remarcó la vigencia de una regulación específica: “Hay una ley, la ley de responsabilidad fiscal que viene desde el 2004, donde las provincias se comprometen a no tomar deuda siempre y cuando los gastos corrientes superen la inflación. Buenos Aires no está cumpliendo con esa regla”. Según Caputo, debido a la evolución por encima de la inflación de los gastos corrientes, la nueva deuda no debería estar habilitada: “Por lo tanto, técnicamente, lo que es deuda nueva hoy no debiera estar sujeta a aprobación porque no está cumpliendo con la ley de responsabilidad fiscal”.
La normativa plantea como condición que los gastos corrientes no aumenten por encima del índice de precios al consumidor, requisito que, de acuerdo a Caputo, la provincia de Buenos Aires no cumple en la actualidad. Este contraste con el marco legal vigente motivó que el funcionario reitere la principal advertencia: “De vuelta, hoy está aumentando los gastos corrientes por encima de la inflación. Entonces, eso es un tema que el secretario de Hacienda ha venido repitiendo, repitiéndole a las provincias desde hace varios meses, Carlos Guzmán, que las provincias tienen que acomodarse, eh, a esto”.
En la entrevista, Caputo identificó a Carlos Guzmán, secretario de Hacienda, como el responsable de transmitir este planteo a las provincias. Guzmán insiste en que el ajuste de las finanzas subnacionales es una condición para acceder a la autorización nacional para nuevo financiamiento. La ministración de fondos y las reglas de responsabilidad fiscal conforman, así, un escenario operativo clave para la relación entre la Nación y las provincias.
El ministro subrayó la diferencia entre nueva deuda y refinanciación: “Pero tocás un tema clave, que es eso, eso sí es para nueva deuda”. Esta aclaración indica que el control de Nación recae principalmente sobre aquellas operaciones que constituyen un incremento efectivo del pasivo, y no sobre aquellas que buscan extender los vencimientos existentes. La controversia se focalizó en la posibilidad de ampliar las obligaciones crediticias, en un contexto donde la normativa vigente impone límites.
Caputo contextualizó las dificultades del financiamiento subnacional dentro de un marco fiscal ampliado. Afirmó: “Y este es uno de los problemas cuando hablamos del costo argentino. El costo ar-argentino está mucho más concentrado hoy en lo que es municipios y, y provincias que en lo que es nación”. Al referirse al costo argentino, puso énfasis en el impacto de la presión impositiva y las tasas municipales: “Nosotros no hemos hecho, hecho otra cosa que bajar impuestos y estabilizar la, la macro. Eso ayuda a bajar el costo argentino”.
La relación fiscal entre Nación y provincias ocupa el centro del debate sobre independencia y autonomía financiera. En la entrevista, Caputo propuso modificar estructuras tributarias provinciales y municipales: “Ahora, tenemos que lograr que provincias y sobre todo intendencias dejen de cobrar tasas, eh, absurdas por prestaciones que no existen y tenemos que lograr bajar impuestos muy distorsivos como son a nivel provincial ingresos brutos y a nivel nacional el impuesto a, a los débitos y créditos”.
La provincia de Buenos Aires atraviesa este proceso tras obtener la aprobación de una ley que autoriza endeudarse, mientras la gestión nacional sostiene la vigencia de la ley de responsabilidad fiscal como límite para esa operatoria. Caputo reflejó la tensión entre la necesidad de financiamiento y el cumplimiento de parámetros normativos. El enfoque nacional prioriza, según las declaraciones del ministro, el reordenamiento de los gastos y la progresiva reducción de tributos locales para aliviar lo que denominó costos improductivos.
El alcance de la normativa y el cumplimiento de las obligaciones fiscales aluden a un eje de discusión recurrente en la agenda política argentina. La administración que lidera Caputo insiste en la observancia de los límites legales que determinan el acceso a nuevos flujos de crédito provincial y municipal, sujetando las aprobaciones a la evolución real de los gastos y su relación con el índice de inflación. Así, la articulación entre las jurisdicciones y el Estado nacional se encuentra condicionada al respeto de una norma que, según el propio ministro, cifra el techo máximo de la expansión del financiamiento provincial.