A partir del 1 de enero de 2026, Panamá estableció una cuota cero de exportación para las especies de tiburones y rayas incluidas en los apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), una medida que prohíbe completamente las exportaciones comerciales internacionales de estas especies, así como de sus productos, subproductos, partes o derivados.
La decisión, anunciada por el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), busca reducir la presión del comercio internacional, prevenir la sobreexplotación y ganar tiempo para fortalecer la información científica, los sistemas de monitoreo poblacional y los mecanismos de control y trazabilidad.
La medida se sustenta en el principio precautorio, ante la vulnerabilidad biológica de los tiburones y rayas y su papel ecológico como depredadores clave en los ecosistemas marinos.
MiAmbiente explicó que la cuota cero se mantendrá vigente hasta que se desarrollen investigaciones científicas por especie, se implementen monitoreos poblacionales efectivos y se afiancen acciones de trazabilidad y control de los especímenes y de las transacciones asociadas.
Solo se exceptúan de esta prohibición los usos científicos, médicos, educativos y aquellos requeridos para la aplicación de la ley en procesos judiciales o forenses, los cuales deberán cumplir previamente con los procesos formales de autorización.
En el caso específico del tiburón azul (Prionace glauca), especie listada en el Apéndice II de CITES, Panamá decidió aplicar también la cuota cero como una acción preventiva orientada a contribuir a la recuperación de la población.
Aunque esta especie no está clasificada como en peligro crítico, enfrenta una fuerte presión por la pesca dirigida y la captura incidental, impulsada por la demanda internacional de carne y aletas.
El comercio global de productos de tiburón se concentra principalmente en dos líneas: aletas y carne. Las aletas siguen siendo el producto de mayor valor, utilizadas tradicionalmente en la sopa de aleta de tiburón, un platillo con fuerte arraigo cultural en China y otras comunidades asiáticas, asociado históricamente a banquetes, celebraciones y estatus social.
Aunque en los últimos años ha habido campañas de sensibilización y cambios en el consumo, la demanda persiste en mercados de Asia oriental, con Hong Kong como uno de los principales centros de reexportación a nivel mundial.
Más allá de Asia, la carne de tiburón también tiene mercados relevantes en Europa y América Latina. Países como Italia figuran entre los mayores importadores de carne de tiburón para consumo humano, mientras que en Brasil este producto se comercializa de forma masiva bajo el nombre genérico de “cação”, lo que muchas veces oculta al consumidor la especie real que está comprando.
Esta demanda internacional ha contribuido a que millones de tiburones sean capturados cada año, afectando la sostenibilidad de múltiples especies.
Delito ecológico
Uno de los aspectos más controvertidos de este comercio es el llamado shark finning, práctica que consiste en cortar las aletas del tiburón y devolver el cuerpo al mar, muchas veces aún con vida.
Este método, ampliamente considerado un delito ecológico por su crueldad y desperdicio, fue impulsado durante décadas por el alto valor comercial de las aletas y es uno de los principales factores detrás del colapso poblacional de varias especies.
Aunque muchos países han prohibido esta práctica, su erradicación total sigue siendo un desafío en aguas internacionales y en flotas con controles laxos.
La decisión de Panamá se alinea con una tendencia global. En los últimos años, varios países han adoptado prohibiciones o fuertes restricciones al comercio de productos de tiburón.
El Reino Unido aprobó una ley que prohíbe la importación y exportación de aletas de tiburón en todo su territorio. En Estados Unidos y Canadá existen leyes federales contra el finning y, en varios estados y territorios, también se han prohibido la posesión y comercialización de aletas.
Estas medidas buscan no solo frenar la sobreexplotación, sino también cerrar los mercados que sostienen económicamente estas prácticas.
Cambio de ley
En Panamá, la agenda de conservación marina no se limita a la cuota cero de exportación. En paralelo, la subcomisión de la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo de la Asamblea Nacional inició el análisis y consulta del proyecto de ley No. 274, que modifica, adiciona y deroga disposiciones de la Ley 9 de 1 de marzo de 2006, con el objetivo de restaurar y conservar las poblaciones de tiburones y rayas en el país.
La reunión fue encabezada por la diputada Graciela Hernández, presidenta de la subcomisión, y contó con la participación de representantes de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), la Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP), el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), MiAmbiente y pescadores artesanales, entre otros actores.
Durante la sesión se analizaron los alcances de la iniciativa legislativa y su impacto ambiental, técnico y socioeconómico. Representantes del sector pesquero expresaron observaciones y preocupaciones, que fueron escuchadas como parte del proceso de consulta.
La Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo informó que la próxima reunión de la subcomisión se realizará el jueves 29 de enero, con el fin de continuar el análisis del proyecto de ley y recoger aportes de los distintos sectores involucrados.
Con estas acciones, Panamá busca reforzar su marco jurídico ambiental y pesquero y cumplir con sus compromisos internacionales en materia de comercio legal y sostenible de especies silvestres.
La cuota cero de exportación, sumada al debate legislativo en curso, marca un giro más estricto en la gestión de recursos marinos y coloca al país dentro del grupo de naciones que están endureciendo sus políticas frente al comercio de tiburones y rayas, en un contexto de creciente presión sobre la biodiversidad marina.