Todo indica que Panamá permanecerá en la lista de jurisdicciones no cooperantes en materia fiscal de la Unión Europea (UE) tras la revisión más reciente realizada por el bloque comunitario.
Información publicada por la agencia EFE y otros medios internacionales, indican que el país continuaría en el denominado Anexo I, conocido como la lista negra fiscal, pese a las gestiones diplomáticas y técnicas que ha venido realizando el gobierno para lograr su exclusión.
El resultado ya era esperado por las autoridades panameñas, que venían advirtiendo que la salida no sería inmediata por tratarse de un proceso técnico y sujeto a evaluaciones formales.
El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, lo expresó en esos términos. “Yo estimo, que en el mejor de los casos, hacia fines de este año y seguramente a principios de 2027, Panamá logrará salir, exitosamente, de esta lista”, sostuvo el ministro.
El Ejecutivo insiste en que el país continúa avanzando, aunque reconoce que el calendario depende del cumplimiento verificable de los criterios europeos.
Sobre la lista fiscal, el gobierno explicó que Panamá continúa avanzando mediante la adopción de legislaciones complejas, como la relacionada con la sustancia económica, actualmente en proceso de consulta con los distintos sectores.
La sustancia económica es un conjunto de reglas que busca asegurar que ciertas sociedades y actividades no existan solo “en papel” para aprovechar ventajas tributarias, sino que tengan presencia real y comprobable.
En términos prácticos, implica demostrar actividad efectiva, como personal, dirección, gastos operativos, activos y decisiones de gestión en el país donde se declara la actividad.
Juan con Panamá, en la lista negra fiscal permanecerían Samoa Americana, Anguila, Guam, Palau, Panamá, Rusia, las Islas Vírgenes estadounidenses, Vanuatu, Vietnam y Turcos y Caicos. Mientras que se espera la salida de Fiji, Samoa y Trinidad y Tobago.
La Unión Europea impulsa estos estándares porque considera que, sin reglas de sustancia, algunas jurisdicciones pueden facilitar estructuras usadas para trasladar utilidades o registrar ingresos sin actividad económica real, lo que afecta la recaudación de otros países.
Por eso, la UE observa de forma especial regímenes donde empresas pueden beneficiarse de condiciones tributarias sin demostrar operaciones reales, y exige marcos legales que permitan identificar si existe actividad genuina o si se trata de estructuras con fines de planificación fiscal agresiva.
La decisión europea se refiere exclusivamente a la materia fiscal, y no debe confundirse con la lista relacionada con blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, de la cual Panamá ya fue excluida en 2025.
Son instrumentos distintos, con evaluaciones separadas, y la permanencia en la lista fiscal no implica un señalamiento automático por temas de lavado, sino pendientes específicos vinculados a transparencia tributaria, cooperación y estándares internacionales.
La lista fiscal de la UE evalúa criterios como el intercambio efectivo de información y la alineación con estándares internacionales, además de la existencia de regímenes considerados perjudiciales.
Panamá sostiene que ha realizado avances, pero que aún debe completar procesos normativos y técnicos para satisfacer los requerimientos pendientes. En el centro del debate está el equilibrio entre competitividad y cumplimiento, especialmente cuando se trata de ajustes legales que impactan estructuras corporativas, servicios profesionales y operaciones internacionales.
La inclusión en la lista no implica sanciones automáticas a nivel europeo, pero sí puede generar efectos indirectos. Algunos países miembros aplican medidas defensivas fiscales frente a jurisdicciones listadas, como controles reforzados, condiciones adicionales para deducciones o mayores exigencias de documentación.
Esto puede elevar costos de cumplimiento para empresas que realizan transacciones con Europa y afectar decisiones de inversión por factores reputacionales.
En el plano económico, la permanencia en la lista fiscal puede influir en la percepción de riesgo regulatorio. La clasificación puede impactar la inversión extranjera directa proveniente de la UE, sobre todo en sectores donde los estándares tributarios y de cumplimiento tienen peso clave, como servicios corporativos, finanzas y logística internacional.
Para Panamá, que busca fortalecer su imagen como plataforma regional, la salida de la lista se considera una prioridad estratégica.
El gobierno ha defendido que su sistema tributario territorial se mantiene, pero que eso no es incompatible con la adopción de mejores prácticas internacionales. Las autoridades han enfatizado que el proceso no es improvisado, porque requiere revisión técnica, consultas con sectores y ajustes normativos que luego deben ser evaluados.
La hoja de ruta, según el Ejecutivo, apunta a completar reformas y demostrar resultados verificables, con la meta de lograr la exclusión en el horizonte planteado por el ministro Chapman.
La lista europea de jurisdicciones no cooperantes fue creada en 2017 y se actualiza de forma periódica. Cada revisión abre un nuevo espacio para que los países presenten avances, pero la decisión final depende del cumplimiento de criterios específicos.
Panamá sostiene que su estrategia es avanzar con reformas, reforzar cooperación y cerrar los vacíos observados, especialmente en la materia de sustancia económica.