Una y otra vez se repite la historia en Argentina.
El Gobierno necesita recursos, o quiere que los recursos de los pagadores de impuestos se vuelquen a tal o cual sector de la economía y ofrece ventajas o perdones a través de blanqueos, amnistías, moratorias, llamados al gasto espontáneo de dólares sin medir las consecuencias y olvidando por qué la gente, o alguna gente al menos, mantiene activos fuera del sistema con todos los problemas que ello genera (estrés, necesidad de estructurarse, etc.).
No, la gente que sacó dinero del sistema no lo hizo debido a la pérdida de poder adquisitivo que genera el “impuesto inflacionario”, como mencionó Javier Milei en los medios estos últimos días. Para evitar la inflación, los particulares justamente invierten sus excedentes. Quienes lo hacen fuera del sistema buscan proteger su patrimonio de la voracidad fiscal argentina, algo que desafortunadamente no mejoró de manera sustancial aún pese al cambio de gobierno y la baja de la inflación, y de la baja o nula seguridad jurídica que tradicionalmente ofrece el país. Desafortunadamente, los blanqueos atentan contra ambas cosas: la cultura tributaria y la seguridad jurídica. ¿Para qué alguien va a pagar tributos si sabe que, cada 2, 3 o 5 años, se le va a presentar la posibilidad de usar ese dinero “negro” pagando poco o nada y sin dar demasiadas explicaciones? En pocas palabras, entonces, la intención del gobierno puede parecer loable, pero es a la vez peligrosa en el largo plazo.
Sentado ello, volvamos a los sucesos de estos últimos días para tratar de entender qué pretende el gobierno.
En estos días, el ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió en los medios a una suerte de nuevo esquema de blanqueo de capitales que va a permitir a los ciudadanos utilizar dólares sin necesidad de justificar su origen.
Si se quiere avanzar hacia una economía más formal, lo que se necesita es un sistema tributario más simple, menos complejo y agresivo y más confiable
De acuerdo con lo que manifestó el presidente Milei, el objetivo sería “liberar” los “200, 300 o 400 mil millones” de dólares que los ahorristas decidieron guardar en sus colchones, dejar que los utilicen “sin dejar los dedos marcados”.
La pregunta del millón sería: ¿qué puede hacer el Poder Ejecutivo para lograr esto sin pasar por el Congreso donde no tiene mayorías en pleno año electoral?
El blanqueo, figurita repetida
La discusión sobre un nuevo esquema para facilitar el uso de dólares no declarados vuelve a poner sobre la mesa un tema que, en Argentina, parece nunca terminar de resolverse: la relación entre el ciudadano y el Estado en materia tributaria.
Ya hubo dos oportunidades recientes de blanqueo: una durante el gobierno de Mauricio Macri y otra con esta misma administración. A esta altura, hay que asumir que quienes no blanquearon hasta ahora, no quieren hacerlo. Insistir con una tercera oportunidad en menos de diez años no solo resulta redundante, sino contraproducente: refuerza la idea de que en Argentina no hace falta pagar impuestos, porque tarde o temprano llega un nuevo blanqueo que perdona todo.
Es una señal grave para quienes cumplen con sus obligaciones fiscales y una invitación permanente a la informalidad. Un verdadero riesgo.
Descartada la posibilidad de pasar por el Congreso, en el momento en que el ministro Caputo realizó sus primeras declaraciones sobre esta idea o proyecto, había tres posibilidades desde un punto de vista jurídico, ninguna de ellas perfecta. En la actualidad, quedan dos.
La primera, hoy fuera de la mesa por el paso del tiempo, consistía en extender el blanqueo aprobado en 2024, que aún seguía abierto cuando Caputo se refirió a este tema por primera vez (más allá de que la etapa para blanquear dinero de efectivo ya había concluido).
La segunda, echar mano al artículo 103 de la Ley 11.683, tal cual se hizo hace 25 años. Este artículo permite al Poder Ejecutivo eximir de multas, intereses y otras penalidades a quienes se pongan al día con sus impuestos. No sería, técnicamente, un blanqueo, pero sí un beneficio que puede aprobarse sin pasar por el Congreso. El mayor problema acá sería la Ley Penal Tributaria, una norma que de ninguna manera el gobierno podría modificar sin intervención del Poder Legislativo. Recordemos que el delito de evasión simple en Argentina está castigado con prisión de 2 a 6 años y que la misma se configura cuando la evasión asciende a $94.000.000; y que, superado ese monto, la pena mínima aumenta a 3 años.
La tercera y última opción, más en línea con lo que declaró en estas últimas horas el presidente, sería “bajar la vara” en cuanto al pedido de información en los distintos regímenes de ARCA. Esto es consistente con su referencia a utilizar los dólares “sin dejar los dedos marcados”. El problema acá es que el mundo, nos guste o no, va claramente hacia otro lado. ¡Piensen que en España se acaba de aprobar un régimen por el cual una persona debe notificar por anticipado a Hacienda para sacar cierta cantidad de dinero en efectivo de su propia cuenta bancaria! Una cosa es mirar para otro lado mientras la gente gasta dinero en efectivo no declarado, algo que siempre sucedió en Argentina y que es desafortunadamente necesario para que el sistema no explote debido al tremendo esfuerzo fiscal que se exige a todos los argentinos, otra muy distinta es promoverlo abiertamente desde el Gobierno.
Algunas conclusiones
Les comparto lo que pienso, pase lo que pase en estos días con el tema que nos ocupa:
- Argentina no puede seguir de blanqueo en blanqueo. Punto.
- Las amnistías tributarias, aunque son opciones 100% legales, erosionan la confianza en el sistema y generan a la larga más inseguridad jurídica, uno de los males estructurales de Argentina, que no solo no se resuelve, sino que se profundiza (designación de Lijo para la Corte Suprema, caída del proyecto de Ficha Limpia, etc.).
- Los argentinos que tenían sumas importantes de dinero en el exterior y que estaban interesados en blanquearlas, ya lo hicieron en el sinceramiento de Macri. Quienes no lo hicieron, en su gran mayoría, se estructuraron legalmente para no tener que hacerlo jamás.
- Los más jóvenes y/o quienes generaron dinero no declarado entre el sinceramiento fiscal de Macri y el blanqueo que acaba de cerrar, que querían regularizar su situación, ingresaron al blanqueo de Milei.
- Quienes podrán estar interesados en entrar en un nuevo proceso de regularización serán solamente quienes ingresaron en este último blanqueo y ganaron luego más dinero por el cual prefieren no pagar.
- Promover la utilización de dinero bajando los requisitos para hacerlo no va a generar un descenso de la evasión sino un aumento. Nuevamente, ¿para qué una persona va a declarar sus impuestos si sabe que puede usar sin problemas el dinero no declarado? Por otro lado, esto puede exponer al país a problemas con organismos internacionales que a su vez pueden complicar la llegada de inversiones de envergadura.
- El Gobierno, este, los anteriores y los que vengan después, deberían dejar de referirse a una suma mágica de plata que existiría fuera del sistema, ya que no hay forma de cuantificar con exactitud. Ya tenemos en Argentina otras cifras que se repiten sin pensar como verdades reveladas y que tampoco son exactas. Por otro lado, se trata de algo irrelevante.
En definitiva, si se quiere avanzar hacia una economía más formal, lo que se necesita es un sistema tributario más simple, menos complejo y agresivo y más confiable. Solo así los pagadores de impuestos dejarán de esconder sus dólares y el Estado dejará de depender de medidas excepcionales que terminan siendo la norma.
El presidente Milei sabe perfectamente que los argentinos, y los que no lo son, van a invertir su dinero en el país si el esfuerzo fiscal baja y la seguridad jurídica aumenta. No hay atajos en el camino a la prosperidad