Organizaciones de mujeres de todo el país se unieron para exigir al presidente Daniel Noboa que vete una reciente reforma al Código de la Democracia, aprobada por la Asamblea Nacional, que elimina la obligación de que los binomios presidenciales estén integrados por una mujer y un hombre. Las activistas advierten que esta medida constituye un retroceso en la lucha por la equidad de género y una violación directa a los principios constitucionales de paridad.
La reforma, aprobada el pasado 20 de junio por 125 legisladores, modifica el artículo 99 del Código de la Democracia. En su redacción anterior, el artículo exigía expresamente que los binomios presidenciales —es decir, las fórmulas de candidatos a la presidencia y vicepresidencia— estuvieran integrados por personas de distinto sexo. Con el nuevo texto, esa exigencia desaparece, y las candidaturas presidenciales pasan a considerarse unipersonales, permitiendo que los binomios puedan estar conformados por dos hombres o dos mujeres.
Representantes de colectivos feministas, organizaciones jurídicas y movimientos sociales se congregaron frente a la Asamblea Nacional en Quito para denunciar lo que califican como una “mutilación democrática”. Annabell Guerrero, del Colegio de Abogados de Pichincha, explicó que la reforma borra de manera deliberada una conquista histórica de las mujeres ecuatorianas. “Sin paridad no hay democracia. Estamos frente a un retroceso en los derechos políticos de las mujeres, y este cambio no solo es inconstitucional, sino que fue introducido de forma sorpresiva, sin constar en el informe de segundo debate”, expresó según lo recogido por EFE.
Guerrero advirtió que, de no ser vetado por el Ejecutivo, el artículo será impugnado ante la Corte Constitucional. La abogada recordó que el artículo 11, numeral 8, de la Constitución ecuatoriana establece el principio de no regresividad en materia de derechos, lo que prohíbe eliminar o limitar derechos previamente reconocidos. También citó el artículo 65 de la Constitución, que obliga al Estado a promover la representación paritaria en todos los niveles de gobierno y dentro de las organizaciones políticas.
La reforma también contradice compromisos internacionales suscritos por el Estado ecuatoriano, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará, instrumentos que exigen a los Estados parte adoptar medidas para garantizar la plena participación política de las mujeres.
Francisca Morejón, vocera de la Coalición Nacional de Mujeres, manifestó su indignación por la aprobación de una reforma que desconoce décadas de lucha. “La paridad no ha sido una dádiva de los partidos ni una concesión de la Asamblea, sino una conquista que costó años de movilización. Esta eliminación la sentimos como una traición”, afirmó. Morejón también criticó con dureza a las legisladoras que votaron a favor del cambio. “El 45 % de la Asamblea está conformada por mujeres. ¿Dónde está su memoria? ¿Cómo pudieron olvidar que están ahí gracias al trabajo de todas?”, cuestionó.
Según el texto aprobado por el Legislativo, la paridad se mantiene para las listas pluripersonales (como las de asambleístas), que deberán seguir una secuencia hombre-mujer o mujer-hombre, pero ya no se aplica a los binomios ejecutivos. Para justificar la reforma, los asambleístas argumentaron que se busca armonizar el Código de la Democracia con otras normativas y facilitar la inscripción de candidaturas diversas. Sin embargo, las organizaciones de mujeres insisten en que esto responde a intereses políticos y carece de sustento técnico o jurídico válido.
Las activistas ya enviaron una carta formal al presidente Noboa solicitando el veto parcial de la ley, en específico del artículo que modifica la composición de los binomios. “Pedimos un acto coherente con la justicia social, con la Constitución y con la historia democrática del país”, señala el documento, que fue respaldado por decenas de organizaciones de la sociedad civil.
El pedido llega en un contexto en que los derechos de las mujeres enfrentan nuevos desafíos tanto en la esfera política como social. Aunque el proyecto de reformas menciona en su exposición de motivos la intención de fortalecer la participación femenina y prevenir la violencia política de género, las organizaciones consideran que eliminar la paridad en el máximo cargo del Ejecutivo contradice por completo ese objetivo.