La dictadura de Cuba anunció este viernes un paquete de medidas para enfrentar la crisis energética y garantizar los servicios esenciales tras la agudización del desabastecimiento de combustible.
Según informaron las autoridades en la televisión estatal y detalló el periódico oficialista Granma, las disposiciones buscan sostener la actividad económica, proteger los servicios básicos y evitar el colapso ante el endurecimiento del bloqueo petrolero de Estados Unidos.
De acuerdo con las declaraciones del viceprimer ministro, Oscar Pérez-Oliva, el régimen priorizará el uso del poco combustible disponible para mantener la “vitalidad de los servicios fundamentales” y actividades económicas que generan ingresos en divisas, como el turismo.
El paquete de emergencia, respaldado por el Consejo de Ministros, incluye la promoción del teletrabajo, la reubicación de empleados en empresas estatales y la transición a un modelo de clases semipresenciales en las universidades, precisó el ministro del Trabajo, Jesús Otamendiz, ante la televisión estatal.
A raíz de la crisis de suministro energético originada por la operación militar estadounidense en Caracas y reforzada por sanciones adoptadas por el presidente Donald Trump, el régimen cubano recurrió a referencias históricas como la “opción cero”, una estrategia de los años ’90 que contemplaba racionamiento extremo, autosuficiencia alimentaria y uso de recursos alternativos para el transporte y la cocción de alimentos.
El dictador Miguel Díaz-Canel dijo en la semana que el país “no colapsará”, en alusión a la capacidad de resistencia de la población. Sin embargo, el malestar de los ciudadanos es cada vez mayor y el riesgo a un estallido social está más cerca que nunca.
Las nuevas medidas incluyen la descentralización y facilitación de la importación de combustible por parte de empresas privadas, así como la distribución de paneles solares a trabajadores esenciales, centros sociales y bancos. El programa contempla la instalación de 20.000 sistemas solares en viviendas, 10.000 módulos para maestros y personal de salud, 5.000 para viviendas aisladas y 5.000 para centros sociales. Además, se ampliarán los incentivos para la instalación de fuentes renovables en empresas y hogares, permitiendo la venta directa de energía generada a terceros.
Transporte, sector agrícola, agua y salud
La reorganización de la movilidad y la reducción de servicios de transporte forman parte central del plan. El ministro a cargo del área, Eduardo Rodríguez, informó que los trenes nacionales de pasajeros pasarán de una frecuencia de cada cuatro días a cada ocho días por destino, y que los viajes en ómnibus nacionales se ajustarán a frecuencias mínimas. También se mantendrá el servicio Medibus para pacientes con tratamientos médicos sistemáticos y se permitirá el reembolso total del importe de pasajes cancelados en transporte ferroviario y marítimo.
El sector agrícola estará enfocado en potenciar la producción urbana, familiar y en polos productivos, utilizando energías renovables para el riego y buscando compensar la caída de la producción ante la falta de combustible. Se coordinarán acciones entre actores estatales y formas de gestión no estatal para controlar los precios de los alimentos.
Por su parte, el abastecimiento de agua quedará asegurado -según prometió el régimen- mediante la asignación de combustible para el bombeo y la instalación de equipos alimentados con energías renovables.
En tanto que, en materia de salud, la dictadura implementará un esquema especial para pacientes crónicos con problemas de transporte y priorizará urgencias médicas, el programa materno-infantil y la producción nacional de medicamentos esenciales.
El sector turístico deberá compactar instalaciones y operar bajo planes de eficiencia energética.
Las medidas anunciadas por el régimen
- Racionamiento en la venta de combustible y priorización para servicios esenciales y actividades económicas estratégicas.
- Priorización del teletrabajo y reubicación de trabajadores en empresas estatales.
- Implementación de clases semipresenciales en universidades.
- Concentración de actividades administrativas de lunes a jueves para ahorrar energía.
- Garantía de actividades de preparación para la defensa.
- Sostenimiento de la generación eléctrica con crudo nacional, gas acompañante y fuentes renovables.
- Ejecución de inversión en parques solares fotovoltaicos y distribución de módulos solares en viviendas, centros sociales y personal esencial.
- Ampliación de incentivos para instalación de fuentes renovables en empresas y hogares, permitiendo la venta directa de energía generada.
- Descentralización y facilitación de la importación de combustible por empresas privadas.
- Potenciación del desarrollo de la agricultura urbana y familiar, con uso de energías renovables.
- Integración de actores económicos estatales y no estatales para el control de precios de alimentos.
- Priorización del abasto de agua, con equipos de bombeo eléctricos y transporte con recarga solar.
- Garantía de servicios y productos del sistema de salud, con atención especial a pacientes vulnerables.
- Priorización de urgencias médicas y producción de medicamentos esenciales.
- Aplicación de planes de eficiencia en turismo y reajuste de la programación cultural y deportiva.
- Reorganización de la movilidad de cargas y pasajeros, priorizando servicios esenciales y ajustando frecuencias de transporte nacional.
- Suspensión temporal de servicios nacionales no esenciales en transporte y ajustes en los servicios de ómnibus y ferry.
- Coordinación especial para viajes urgentes y reembolso de pasajes cancelados.
- Referencia y posible implementación del concepto de “opción cero”, con autosuficiencia alimentaria y recursos alternativos ante escenarios de cero petróleo.
¿Cómo impactarán las nuevas medidas en la población?
Tras el anuncio de las nuevas medidas, surge un interrogante inevitable: ¿Cómo impactarán en la población? La isla registró en enero un total de 953 protestas, denuncias y declaraciones críticas, con 395 desafíos directos al Estado policial, la cifra más alta en la historia reciente, según un informe del Observatorio Cubano de Conflictos (OCC).
El reporte, enviado a Infobae, detalló que, aunque la cantidad total de manifestaciones disminuyó un 28,51% respecto a diciembre, la tendencia apunta a una intensificación de los actos de cuestionamiento frontal al sistema y a sus altos dirigentes.
El OCC atribuyó este giro a factores internacionales, como la captura de Nicolás Maduro y los cambios políticos en Venezuela, así como al enfoque de la administración de Donald Trump hacia Cuba. Según el documento, estos acontecimientos generan en la población cubana una expectativa concreta de “poder librarse con ayuda externa de un régimen totalitario”, lo que ha desplazado el eje de las protestas tradicionales hacia acciones abiertas de desafío político.
El informe señaló que, de las 953 acciones registradas, 411 estuvieron motivadas por causas económicas y sociales, mientras que 395 calificaron como desafíos directos al Estado, con un nivel de osadía suficiente para exponer a los participantes a represalias bajo leyes como las de desacato y propaganda contra el orden constitucional.
La ONG indicó que tanto estos desafíos como las acciones represivas sumaron 542 incidentes vinculados a derechos civiles y políticos.
Entre las formas de protesta más frecuentes se encuentran los cacerolazos, el grafiti político —incluyendo pintadas en el Malecón de La Habana—, vandalismo y quema de vallas propagandísticas, así como daños a propiedades estatales. El informe resaltó una fuerte presencia de críticas en redes sociales, publicaciones periodísticas, declaraciones a medios internacionales y comentarios en webs independientes y oficiales, con el foco puesto en la cúpula dirigente.
El observatorio destacó también la aparición de mensajes como “Viva Trump” en muros, agradecimientos públicos al presidente estadounidense, pedidos de ayuda a Estados Unidos y simulacros de encuestas electorales con Marco Rubio como candidato. Circula con fuerza la consigna: “¡Que nos invadan ya! ¿Qué podría ser peor que esto?”, reflejando el nivel de desesperanza en algunos sectores.
En el apartado represivo, 147 incidentes incluyeron sentencias, acusaciones fiscales, detenciones arbitrarias, amenazas, restricciones de comunicación, ciberacoso y otras medidas contra opositores, periodistas, activistas y ciudadanos críticos. El OCC documentó además multas y arrestos a emprendedores privados y a personas que manifestaron simpatía por Estados Unidos en redes sociales.