Ocho personas murieron en la madrugada del domingo 10 de agosto tras un ataque a tiros en los exteriores de una discoteca del cantón Santa Lucía, en la provincia costera de Guayas (Ecuador). De acuerdo con reportes policiales, los sicarios llegaron en vehículos, abrieron fuego contra una multitud que bebía en la vía pública y se dieron a la fuga. Entre las víctimas se encuentra Jorge Urquizo, hermano del alcalde del municipio y dueño del local, según confirmaron autoridades locales. Siete personas fallecieron en el sitio y una más murió en el hospital.
La policía indicó que, al acudir por una llamada de emergencia, encontró varias personas heridas y siete cadáveres. Una octava víctima falleció mientras recibía atención médica. Los primeros reportes apuntan a que los atacantes se movilizaron en dos camionetas —y, según otros testigos, también en motocicletas— antes de abrir fuego frente a la discoteca.
En la escena se levantaron cerca de 80 casquillos de 9 milímetros y de fusiles automáticos. Tras la balacera, los agresores “regresaron a los vehículos y huyeron por una ruta desconocida”, señaló la policía. En la zona se detuvo además a un hombre armado con un revólver que circulaba en camioneta, aunque su eventual participación en la masacre no ha sido establecida.
Los cuerpos de las víctimas —siete hombres y una mujer— fueron trasladados a la morgue de Daule. La alcaldía decretó duelo y expresó en redes: “Nos unimos en sentimiento y oración por este hecho violento que ha golpeado a nuestra comunidad”.
El crimen se produjo cuatro días después de que el presidente Daniel Noboa decretara un nuevo estado de excepción por 60 días en las provincias de Guayas, El Oro, Los Ríos y Manabí, alegando “grave conmoción interna”. El Decreto Ejecutivo 76, expedido el 6 de agosto, faculta la movilización militar y medidas extraordinarias de seguridad.
La violencia homicida en Ecuador se ha disparado en los últimos años. Estudios del Fondo Monetario Internacional sitúan el salto de la tasa de homicidios de 8 por cada 100.000 habitantes en 2020, a alrededor de 46 por 100.000 en 2023, el mayor registro de la historia reciente del país. Organizaciones advierten que Ecuador compite hoy por los peores indicadores de la región.
Este deterioro se vincula al reposicionamiento del país como corredor clave del tráfico global de cocaína. En 2024, Ecuador incautó un récord de 294 toneladas de drogas, principalmente cocaína.
Guayaquil, capital de Guayas y eje del comercio exterior ecuatoriano, se ha convertido en un punto crítico: redes locales asociadas a carteles mexicanos y balcánicos han aprovechado el flujo de contenedores —incluido el de banano— para ocultar cargamentos ilícitos. Algunas investigaciones periodísticas han descrito el uso de la cadena logística de exportación como cobertura para el narcotráfico, con efectos directos en la seguridad urbana.
El giro en el mapa del narcotráfico ocurre en un contexto de auge sin precedentes del mercado mundial de cocaína. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito reportó en junio que la producción global alcanzó nuevos máximos en 2023, con un aumento sostenido de la demanda en Norteamérica y Europa. Ecuador, sin cultivar coca, es hoy una bisagra entre los andes productores y los grandes mercados.
El gobierno de Noboa ha respondido con operativos masivos, estados de excepción sucesivos y la promesa de reforzar la cooperación internacional. En enero y a lo largo de 2025, el propio Ejecutivo pidió ayuda militar a países aliados para combatir a las bandas y mejorar la interdicción marítima, mientras resaltaba golpes como la recaptura y posterior extradición a Estados Unidos de Adolfo Macías, alias “Fito”, líder histórico de Los Choneros.
Nada de eso ha impedido episodios como el de Santa Lucía. La madrugada del ataque, testigos describieron un fuego cerrado que sorprendió a quienes estaban en la entrada del local. El patrón —llegada coordinada, armas largas, fuga inmediata— es consistente con acciones de sicariato y disputas entre facciones criminales que han extendido su control desde los penales hacia barrios y cantones rurales. Las autoridades, no obstante, insisten en que es prematuro vincular este caso con una organización específica.
La investigación deberá determinar si el blanco estaba predefinido y si la presencia del hermano del alcalde influye en las hipótesis. Por ahora, el expediente contiene pocos trazos firmes: casquillos de pistola y fusil, un detenido cuya participación no está clara y una comunidad que, en palabras de su municipio, “se une en sentimiento y oración” ante una masacre que vuelve a exhibir la fragilidad del orden público en Ecuador.