El crimen de Soledad Andino ocurrió en la madrugada del 13 de mayo en la ciudad entrerriana de Victoria

El único acusado por el femicidio de Soledad Andino, ocurrido en la ciudad de Victoria, falleció este domingo en el Hospital San Martín de Paraná, donde permanecía internado bajo custodia policial. Se trataba de Diego José Albornoz, quien había sido hospitalizado tras intentar suicidarse luego de asesinar a su ex pareja.

Según informó la Jefatura Departamental de Policía de Victoria, Albornoz murió como consecuencia de un shock séptico refractario con falla multiorgánica, de acuerdo con el parte médico firmado por el doctor Néstor Duarte. Desde hacía varios días, se encontraba en estado crítico, sedado e intubado en una unidad de terapia intensiva, luego de haber sido derivado desde el hospital Salaberry. El fallecimiento se produjo mientras aún se desarrollaban diligencias en el marco de la investigación penal.

El comisario Martín Tello, jefe de la Departamental de Victoria, confirmó que, ante la muerte del único imputado, la causa será archivada: “Al ser el único imputado en la causa, el único partícipe y responsable, la investigación será archivada”, sostuvo en diálogo con El Once. La decisión cierra formalmente el expediente judicial iniciado tras el crimen que sacudió a la localidad entrerriana.

El hecho ocurrió en horas de la madrugada del 13 de mayo, cuando Albornoz, que se encontraba en libertad tras haber sido condenado en un juicio abreviado por denuncias previas de violencia de género y privación ilegítima de la libertad, ingresó por una ventana rota al domicilio de Andino, ubicado en la esquina de Pringles y Liniers, y la atacó mientras dormía.

Diego Albornoz fue encontrado con heridas autoinfligidas junto al cuerpo de su expareja en el lugar del hecho

La víctima, de 41 años, había denunciado a su ex en dos oportunidades: en noviembre y diciembre de 2024, por amenazas, lesiones leves, daños y privación de la libertad. Por estos hechos, y también por desobediencia judicial, Albornoz había recibido una pena — el 6 de mayo, una semana antes del femicidio— de dos años y seis meses de prisión condicional. La sentencia, homologada por el juez Luis Márquez Chada, le permitió continuar en libertad. La Fiscalía aseguró que la condena fue consensuada con la víctima y que el acusado no tenía antecedentes penales al momento de la resolución.

Tras asesinarla con un arma blanca, el hombre se fotografió junto al cuerpo y envió la imagen a su actual pareja, quien dio aviso a la Policía. Esa comunicación telefónica ocurrió a las 6:40 del martes, según precisó la fuerza provincial. Cuando los agentes llegaron a la vivienda, encontraron a Soledad Andino sin signos vitales y al acusado aún con vida, con heridas autoinfligidas en el tórax.

Una ambulancia lo trasladó de urgencia al hospital Salaberry y, posteriormente, fue derivado al Hospital San Martín de Paraná, donde quedó internado en estado reservado.

El crimen provocó una fuerte reacción en la comunidad de Victoria, una ciudad de aproximadamente 40 mil habitantes. Las autoridades municipales suspendieron las actividades por el aniversario 215 de la fundación de la ciudad, medida que fue anunciada por el gobierno local encabezado por la intendenta Isa Castagnino.

La víctima había denunciado a su agresor por violencia de género en noviembre y diciembre del año anterior

En paralelo, surgieron cuestionamientos hacia la actuación judicial y fiscal en el caso. Diversos sectores, entre ellos la Asamblea de Mujeres de Victoria, reclamaron la renuncia de la fiscal interina Flavia Villanueva, quien fue designada por el Procurador General Jorge García en 2018 sin haber concursado para el cargo. También hubo críticas al nombramiento del juez Márquez Chada, hijo de un dirigente político local, designado por el ex gobernador Gustavo Bordet, quien eligió al tercero en la terna propuesta por el Consejo de la Magistratura.

En un comunicado emitido tras el crimen, la Fiscalía de Victoria defendió su accionar y explicó que, además de las restricciones de contacto, a Andino se le había entregado un botón antipánico y se había dispuesto la intervención del Juzgado de Familia, junto con equipos técnicos y de salud mental. “Actuamos comprometidos de manera categórica con el deber de investigar de forma diligente para evitar la impunidad y garantizar el acceso a la justicia, y el derecho a la verdad de la víctima y sus familiares”, indicaron los fiscales firmantes Flavia Villanueva, Eduardo Guaita, Iván Yedro y Jorge Gamal Taleb.