La agencia de calificación Moody’s rebajó ayer la calificación de Brasil de “positiva” a “estable” debido al “deterioro de la capacidad de Brasil para pagar su deuda”, según se lee en la explicación que acompañó a la decisión. En un comunicado, el Ministerio de Economía reiteró su “compromiso con la mejora continua de los resultados fiscales”. El jueves, el Tesoro anunció que la deuda pública ascendió a 7,617 billones de reales (1,329 billones de dólares) en abril. En el acumulado de 2025, la deuda aumentó un 4,1%, teniendo en cuenta que, en diciembre de 2024, era de 7,316 billones de reales (1,276 billones de dólares).
Además, no ha beneficiado a la imagen de Brasil el aumento, la semana pasada, al 3,5% del impuesto sobre las operaciones financieras, el IOF. Debido a la polémica, pocas horas después del anuncio, se revocó una parte, pero solo una parte, del decreto gubernamental, la relativa a los tipos impositivos sobre las transferencias al extranjero y las inversiones en fondos internacionales, con una pérdida estimada en torno a los 1.400 millones de reales (244 millones de dólares). Esta pérdida se compensará, según las últimas noticias, con un prelievo que el ejecutivo realizará recurriendo a dos fondos que afectan a la vida de los pequeños empresarios y de los jóvenes. El primero es el Fondo Garante de las Operaciones (FGO), una especie de seguro que cubre parte del riesgo de impago de las micro y pequeñas empresas. El segundo es el Fondo de Garantía de Operaciones de Crédito Educativo (FGEDUC), que facilita el acceso a la financiación para los estudiantes, eliminando la necesidad de garantías.
Precisamente a causa de la polémica desatada por el aumento del IOF, circuló por primera vez el rumor de una posible sustitución del ministro de Hacienda, Fernando Haddad, por Aloizio Mercadante, actual presidente del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), como alternativa más alineada con la línea económica del Partido de los Trabajadores de Lula, que se adhiere a la Teoría Monetaria Moderna (TMM). Es una teoría favorable a la intervención del Estado, tanto en forma de gasto público como de injerencia en las relaciones económicas. Aboga por políticas fiscales expansivas que se financian mediante la creación de dinero por parte del Estado, porque para la TMM ni la deuda ni la inflación son un problema. Mercadante, además de ser ministro del Gobierno de Dilma Rousseff, fue presidente de la Fundación Perseu Abramo, brazo académico del PT y defensor de la TMM. En estos días, en medio de la polémica sobre el aumento del IOF, ha sugerido como opción gravar a las empresas de apuestas que operan en Brasil.
El presidente de la Cámara, Hugo Motta, del Partido Republicano, dio el jueves hasta el 10 de junio al Gobierno de Lula para que presentara una alternativa al aumento del IOF, amenazando con el rechazo del decreto por parte de los diputados. Se trata, recordemos, de un impuesto regulador que se ha utilizado en este caso para aumentar la recaudación y, según el diario Folha de São Paulo, también con fines de control cambiario. “Según fuentes cercanas al tema entrevistadas por Folha, las modificaciones en el impuesto también ocultaban una intención regulatoria, destinada a retener el dinero en el país y ayudar a reducir el tipo de cambio del dólar frente al real”, se lee en el artículo. A pesar de que el ministro lo ha negado, sin embargo, en la rueda de prensa en la que la semana pasada explicó en detalle el aumento del IOF, el secretario del Tesoro Nacional, Rogério Ceron, admitió que el objetivo del Gobierno era interferir en el tipo de cambio para reducir su volatilidad. “Lo que se está haciendo aquí, y es importante decirlo, no es penalizar. Se trata de reservar el mismo trato, simplemente no fomentar estos movimientos a muy corto plazo que generan volatilidad en el tipo de cambio”, había dicho Ceron.
En estos días, los principales representantes del sector productivo nacional han firmado un manifiesto en el que piden al Congreso que anule el decreto que regula el aumento, acogido con “preocupación” porque supone un incremento de los costes para el sector privado. “Las iniciativas de recaudación fiscal, con aumentos de impuestos, tienen un impacto negativo en la construcción de un entorno económico saludable”, se lee en el texto. El documento ha sido firmado por las confederaciones nacionales de la industria (CNI), agroalimentaria (CNA), comercio y servicios (CNC), instituciones financieras (CNF), compañías de seguros (CNseg), además de la Asociación Brasileña de Empresas Públicas (Abrasca) y la Organización de Cooperativas Brasileñas (OCB). Según un editorial del diario O Estado de São Paulo, “para el país, el daño es aún mayor: la erosión de la confianza de los agentes económicos en la capacidad del Gobierno para dirigir una política fiscal coherente, estable y predecible. La inseguridad generada por este tipo de artificios aleja las inversiones y empuja a Brasil a un círculo vicioso en el que el populismo sabotea cualquier atisbo de crecimiento sostenible”.
¿Qué pasará entonces si el Congreso revoca el aumento del IOF? Fuentes de Brasilia han revelado a Infobae que se estaría negociando un aplazamiento de seis meses para una posible sustitución de la medida con el fin de llegar a 2026, año electoral. En cuanto a Haddad, tras una reunión con los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados el jueves, advirtió que la revocación del decreto supondría un “cierre” del Gobierno, es decir, la interrupción del funcionamiento de la administración pública por falta de fondos. Según Haddad, el aumento del IOF garantizaría 20.000 millones de reales (3.490 millones de dólares) en ingresos adicionales, indispensables para evitar recortes de gasto por valor de 30.000 millones de reales (5.236 millones de dólares), entre los que se incluyen 10.000 millones de reales (1.745 millones de dólares) de bloqueos inmediatos y 20.000 millones de reales de contingencias. También para el secretario del Tesoro nacional brasileño, Rogério Ceron, una revocación total del aumento del IOF supondría la cancelación del programa de vivienda para personas con bajos ingresos Mi Casa, Mi Vida (Minha Casa, Minha Vida en portugués) y todas las inversiones del Ministerio de Defensa. El Gobierno cuenta con 19.100 millones de reales (3.333 millones de dólares) de ingresos adicionales con el aumento del IOF en 2025. Ceron ha subrayado que los ingresos del IOF son imprescindibles para cerrar el presupuesto de 2025, dada la imposibilidad técnica de aumentar otros impuestos a tiempo. Para el ex director del Banco Central Alexandre Schwartsman, “afirmar que no hay dinero para pagar la máquina después de que el gasto público haya aumentado en 220.000 millones de reales (38.394 millones de dólares) es un insulto a la inteligencia de los brasileños”. “Este impuesto simplemente destruirá la industria y no generará ingresos. Es un veneno. Mata al paciente y no resuelve nada”, declaró a CNN Brasil Sérgio Machado, socio gerente de MAG Investimentos.
La polémica sobre el IOF está acaparando la atención junto con los datos económicos relativos al Producto Interior Bruto, publicados ayer por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). En el primer trimestre de 2025, el PIB del gigante latinoamericano creció un 1,4% con respecto al trimestre anterior, una cifra positiva a pesar de que las previsiones del Ministerio de Hacienda eran del 1,6 %. Sin embargo, la cifra oculta una desconexión dentro de la economía brasileña. Por un lado, el sector impulsor es el agropecuario, que por sí solo registró un aumento del 12,2 %; por otro lado, el sector industrial presentó en el primer trimestre una caída del PIB del 0,1 %, tras haber registrado un buen rendimiento el año pasado, del +3,3 %. El resultado positivo del sector agrícola se vio favorecido por la elevada productividad de cultivos como la soja (+13,3 %), el maíz (+11,8 %), el arroz (+12,2 %) y el tabaco (+25,2 %). El ministro de Agricultura, Carlos Fávaro, calificó este periodo como el mejor de crecimiento sostenido del sector en los últimos diez años, gracias a unas políticas agrícolas eficaces y a las inversiones. “Las inversiones permiten la estabilidad de los precios, la garantía de las ventas y, en consecuencia, el crecimiento económico, la creación de empleo y la generación de ingresos aquí en Brasil”, declaró Fávaro. En 2024, la cadena agroalimentaria representaba el 23,2% del PIB brasileño, es decir, unos 2,7 billones de reales (0,47 billones de dólares), según una encuesta realizada por el Centro de Estudios Avanzados en Economía Aplicada (CEPEA) y la Confederación Nacional de Agricultura (CNA). Sin embargo, hace unos días, José Dirceu, uno de los líderes históricos del Partido de los Trabajadores de Lula, del que también fue ministro de la Casa Civil, definió en una carta abierta a los miembros de su partido a la agroindustria como “el enemigo frontal a combatir”, junto con los principales banqueros de Brasil.
En cuanto a la industria, poco ha servido el plan gubernamental lanzado en 2023 titulado Nueva Industria Brasil, con una financiación anunciada de 300.000 millones de reales (52.356 millones de dólares) hasta 2026, principalmente por parte del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES). Un estudio de la Confederación Nacional de la Industria (CNI), publicado en junio, sitúa a Brasil en el último lugar en términos de competitividad industrial, en una clasificación de 18 países, por detrás de Argentina, Colombia y Perú. El sector de los servicios, que representa el 70% de la producción total, también creció apenas un 0,3%. Incluso las previsiones del PIB para los próximos meses dividen al país. El Ministerio de Hacienda mantiene su estimación del 2,4%. Los economistas, por su parte, prevén una desaceleración gradual en los próximos trimestres debido al peso del alto índice de la tasa Selic, que actualmente ya se sitúa en el 14,75%. Por el contrario, los indicadores laborales publicados ayer fueron positivos. El desempleo se encuentra en mínimos históricos desde 2012, habiendo alcanzado el 6,6% en el primer trimestre según datos del IBGE. En 2024, en el mismo periodo, el desempleo era del 7,5%. El consumo de los hogares también se ha recuperado, un 1%, lo que demuestra, sin embargo, que parte del crecimiento del PIB sigue estando respaldado por las transferencias de dinero del Gobierno en forma de subsidios y por el mercado laboral.
Mientras tanto, no cesa la hemorragia en curso relacionada con el gasto público. Ayer, el jefe de la Abogacía de la Unión, Jorge Messias, declaró que el Gobierno utilizará fondos públicos para indemnizar a los jubilados y beneficiarios del Instituto Nacional del Seguro Social (INSS). Estos son víctimas de un fraude mediante el cual, durante años, algunos sindicatos han estado cobrando indebidamente cuotas asociativas. El valor robado entre 2019 y 2024 ronda los 6.000 millones de reales (1.047 millones de dólares). Según Messias, estos fondos se recuperarán mediante la venta de los bienes incautados a las asociaciones fraudulentas responsables, pero el Gobierno no esperará. “El Gobierno federal pagará con recursos de la Unión y luego se reembolsará con la venta de los bienes bloqueados”, explicó. También preocupa el déficit de 2.690 millones de reales (469,5 millones de dólares) registrado en los primeros cuatro meses de 2025 por las empresas estatales federales. Según los datos del Banco Central, se trata del déficit más alto para este periodo desde que se empezó a calcular en 2002. La ministra de Gestión e Innovación en Servicios Públicos, Esther Dweck, niega este dato y sostiene que la contabilidad del Banco Central es fiscal y no tiene en cuenta la información contable de las empresas. Mientras tanto, la última encuesta Atlas/Bloomberg publicada ayer mostró un aumento del descontento con el gobierno del PT, con una tasa de desaprobación de Lula que alcanzó el 53% frente a un 45,5% de aprobación. Estos datos podrían empujar a su ejecutivo a acelerar aún más el gasto público de cara a la campaña electoral de 2026.