La reciente anulación del contrato de concesión de Panama Ports Company por parte de la Corte Suprema de Justicia continúa generando repercusiones en el plano económico, diplomático y financiero, mientras organismos internacionales, calificadoras de riesgo y gobiernos extranjeros evalúan el impacto de la decisión.
En este contexto, Moody’s Ratings señaló que el fallo no afecta de manera directa, al menos en el corto plazo, el perfil crediticio de Panamá, aunque advirtió sobre riesgos asociados al arbitraje internacional iniciado por la empresa concesionaria.
En un análisis difundido por la calificadora, Moody’s indicó que la declaratoria de inconstitucionalidad del contrato con Panama Ports Company no tiene un impacto inmediato sobre la capacidad del país para cumplir con sus compromisos financieros.
La agencia recordó que Panamá mantiene una calificación soberana de Baa3 con perspectiva negativa, dentro del rango de grado de inversión, sustentada en su historial de crecimiento, estabilidad macroeconómica y relevancia logística regional.
No obstante, Moody’s subrayó que el anuncio de arbitraje por parte de PPC representa un pasivo contingente que podría tener implicaciones fiscales en el futuro.
Según la calificadora, un proceso internacional de esta naturaleza podría derivar en reclamaciones millonarias, dependiendo de su evolución jurídica, lo que obligaría al Estado panameño a contemplar eventuales impactos en su balance financiero.
La empresa concesionaria informó que acudirá a mecanismos de resolución de controversias para reclamar una indemnización amplia, al considerar que la anulación del contrato vulnera acuerdos contractuales y compromisos de inversión.
PPC sostiene que ha operado legalmente durante casi tres décadas y que el fallo responde a una campaña dirigida específicamente en su contra, argumento que será presentado ante tribunales internacionales.
En paralelo, la controversia adquirió un tono diplomático tras las duras declaraciones de la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao del Consejo de Estado chino, que calificó la decisión panameña como “absurda”, “ridícula” y contraria al Estado de derecho.
El organismo asiático advirtió sobre posibles consecuencias políticas y económicas, e incluso llamó a las empresas hongkonesas a revisar sus inversiones en Panamá.
Ante estos señalamientos, el presidente José Raúl Mulino rechazó enérgicamente las críticas y defendió la independencia del Órgano Judicial. El mandatario reiteró que Panamá es un Estado de Derecho, que respeta la separación de poderes y que las decisiones judiciales no responden a presiones externas ni a intereses geopolíticos.
La Cancillería panameña respaldó esa posición mediante un comunicado oficial, en el que enfatizó que el país actúa conforme a su orden constitucional, respeta sus compromisos internacionales y mantiene un entorno de seguridad jurídica para los inversionistas.
El Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que Panamá no acepta amenazas ni condicionamientos externos sobre decisiones adoptadas por sus instituciones.
El fallo de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato firmado en 1997 entre el Estado y PPC para la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal.
La sentencia se sustentó en cuestionamientos sobre la legalidad del proceso, deficiencias en las renovaciones contractuales y presuntas irregularidades detectadas en auditorías oficiales, presentadas por la Contraloría General.
De acuerdo con el máximo tribunal, el contrato no cumplía plenamente con los requisitos constitucionales aplicables a concesiones públicas, lo que justificó su nulidad. Además, la Corte señaló debilidades en los mecanismos de supervisión estatal y en los procesos de equiparación, aspectos que habían sido objeto de debate durante años en distintos sectores.
El caso también se vincula con una operación internacional anunciada en 2025, cuando CK Hutchison acordó vender sus activos portuarios a un consorcio liderado por BlackRock, en una transacción valorada en más de 22,000 millones de dólares.
Esa negociación fue objeto de presiones políticas y quedó congelada en medio de tensiones entre China y Estados Unidos por el control de infraestructuras estratégicas.
Desde Washington, autoridades estadounidenses habían expresado preocupación por la presencia de empresas vinculadas a China en zonas cercanas al Canal de Panamá, alegando posibles riesgos para la seguridad nacional.
Mientras se desarrollan estos frentes, el Gobierno panameño ha reiterado que los puertos continúan operando con normalidad, bajo un plan de transición diseñado para garantizar la continuidad del servicio, la protección del empleo y el cumplimiento de contratos con usuarios internacionales. Las autoridades sostienen que el proceso se ejecuta con orden, transparencia y apego a la ley.
Moody’s también destacó que la fortaleza del sistema financiero panameño, la dolarización de la economía y el rol del país como hub logístico regional siguen siendo factores positivos para su calificación. Sin embargo, advirtió que la evolución del arbitraje y el manejo institucional del caso serán elementos clave en futuras evaluaciones.
Asimismo, la agencia señaló que el impacto del arbitraje dependerá de su duración, alcance y resultado final. En ese sentido, advirtió que un eventual fallo adverso podría traducirse en mayores presiones fiscales, mientras que una resolución favorable o negociada reduciría los riesgos para las finanzas públicas. Moody’s subrayó que dará seguimiento al caso en sus futuras revisiones soberanas.
La calificadora también remarcó que el manejo institucional del proceso será determinante para preservar la confianza de los inversionistas. Según su análisis, la capacidad del Estado para garantizar continuidad operativa, respeto a los contratos y claridad regulatoria será clave para evitar efectos negativos en el clima de negocios.
Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores reiteró que Panamá respeta plenamente los compromisos asumidos en tratados internacionales y en acuerdos de protección a las inversiones, pero aclaró que estos no están por encima de la Constitución ni de las decisiones soberanas de sus tribunales.
La Cancillería enfatizó que el país mantiene una política exterior basada en el diálogo, el respeto mutuo y la cooperación, y que no acepta presiones externas que busquen condicionar el funcionamiento de sus instituciones. En su comunicado, subrayó que el sistema judicial panameño actúa de manera independiente y conforme al marco legal vigente.
Además, el ministerio indicó que el Gobierno continuará brindando información a socios comerciales, inversionistas y organismos internacionales sobre la evolución del proceso, con el fin de preservar la transparencia y evitar interpretaciones erróneas sobre el entorno jurídico del país.
Finalmente, Relaciones Exteriores sostuvo que Panamá seguirá promoviendo un ambiente estable para la inversión extranjera, basado en reglas claras, seguridad jurídica y respeto al Estado de derecho, independientemente de las controversias puntuales que enfrente.