Miles de personas marcharon este viernes en Vila Cruzeiro, parte del complejo de favelas Penha, en rechazo al operativo policial contra el Comando Vermelho, el cual dejó a más de 120 muertos en Río de Janeiro. La redada fue categorizada como la más letal en la historia reciente de Brasil.
La mayor parte de los manifestantes, habitantes de los barrios Penha y Alemao —incluidos familiares y allegados de las muertos—, se congregó en un campo de fútbol. Las pancartas exigieron mayormente justicia y criticaron al gobernador de Claudio Castro, a quien responsabilizan por la violenta redada.
A su vez, medios locales informaron que participaron familiares de personas fallecidas en anteriores intervenciones policiales. “Siento el dolor de estas madres. Fue un shock tremendo ver que un joven fue asesinado en el mismo lugar donde murió mi hijo”, dijo una mujer en declaraciones citadas por Agencia Brasil.
“Nosotros, que vivimos en las periferias, sufrimos discriminación. Pero el Estado no puede vernos como enemigos. El Estado tiene que tratar y cuidar a su pueblo, a toda su población”, subrayó la líder sindical Raimunda de Jesús durante la protesta.
El operativo, que movilizó a unos 2.500 agentes en dos favelas, tenía por objetivo desbaratar a la banda Comando Vermelho, principal organización criminal del país. El saldo fue de al menos 121 muertos, incluidos cuatro policías, y decenas de cuerpos, hallados tanto en el bosque como en los barrios, fueron acumulados en la Plaza Sao Lucas para su identificación el pasado miércoles.
“Esto es una desgracia para Brasil. Nada justifica esto”, lamentó Leandro Santiago, oriundo de Vila Cruzeiro. Durante la protesta, numerosos manifestantes vistieron de blanco en señal de deseo de paz: lucieron camisetas con manos rojas estampadas y portaron carteles con mensajes como “basta de masacres”.
La protesta ocurrió luego de que un total de 99 personas fallecidas fueran identificadas tras el megaoperativo, según datos oficiales difundidos este viernes. De ese grupo, 78 contaban con antecedentes penales, evidenciando el perfil delictivo de la mayoría de los implicados.
Las autoridades también informaron la detención de 113 personas durante la operación. El reporte detalla que, entre los identificados, 40 eran oriundos de otros estados brasileños, subrayando la presencia de individuos foráneos y el carácter interestatal del operativo.
“El perfil de los involucrados es claro. Entre los ejemplos más delicados: de Espírito Santo, ‘Russo’, jefe del narcotráfico en Vitória; de Amazonas, ‘Chico Rato’ y ‘Gringo’, líderes narcos en Manaos; de Bahía, ‘Mazola’, jefe criminal en Feira de Santana; de Goiás, Fernando Henrique dos Santos, referente del narcotráfico en ese estado”, detalló Felipe Curi, secretario de la Policía Civil de Río.
El juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes exigió al gobernador de Río prestar declaración el lunes 3 de noviembre para explicar en detalle el operativo del martes pasado.
Por su parte, la oficina de la ONU para los Derechos Humanos reclamó una “reforma integral y eficaz” de los métodos policiales y pidió a Brasil “acabar con el ciclo de brutalidad extrema y garantizar que las operaciones de seguridad pública se ajusten a los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza”.
El gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, afirmó el martes que el territorio que ordena está en guerra contra el “narcoterrorismo”, empleando una retórica similar a la del presidente estadounidense Donald Trump en su cruzada contra el contrabando de drogas en América Latina. Castro calificó la polémica operación como “un éxito”.
Aunque muchas tiendas reabrieron tras el cierre del miércoles por la mañana, las calles de barrios humildes de Río de Janeiro aún reflejan las secuelas del violento operativo policial: autos quemados convertidos en barricadas y un ambiente de tensión persistente.
(Con información de The Associated Press)