La dirigente opositora venezolana María Corina Machado manifestó este lunes su confianza en que la ex presidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez junto a los opositores Luis Fernando Camacho y Marco Pumari sean liberados tras la orden de revisión de sus procesos judiciales en ese país.
Machado afirmó en la red social X que “la libertad de mis queridos amigos Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari es un acto de justicia. Nunca debieron estar presos. Su esperada liberación nos emociona a todos”.
La líder opositora venezolana reconoció la resistencia mantenida por los detenidos. Sostuvo que “el testimonio de Áñez (2019‑2020), Camacho y Pumari durante su injusta prisión, la firmeza de sus convicciones, su resistencia y su amor por Bolivia” son reafirmación de la causa opositora venezolana.
Añadió: “Cuando se trata de conquistar la libertad, la justicia y la democracia, hay que luchar hasta el final”.
“Reciban la fuerza, el respeto y el cariño de los venezolanos que asumimos la lucha por la democracia de Bolivia como nuestra. A sus familias, amigos y compañeros, nuestro abrazo enorme e infinitas bendiciones”, concluyó Machado, quien se encuentra en la clandestinidad desde enero pasado.
Esta reacción ocurre en paralelo al decreto del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) boliviano, que ordenó revisar “de manera inmediata” el cumplimiento de los plazos de las detenciones preventivas en todos los procesos donde están involucrados Áñez, Camacho y Pumari. La medida fue adoptada luego de protestas de otros privados de libertad, quienes pidieron un trato igualitario.
El instructivo del TSJ, firmado por Romer Saucedo, pidió a los tribunales departamentales verificar si se han respetado los tiempos legales en estas detenciones, lo cual podría abrir la puerta a la libertad de los acusados. En muchos casos, la detención preventiva ya ha superado los límites legales establecidos.
El panorama judicial subraya diferencias entre los casos. Áñez ya cuenta con una sentencia ejecutoriada: en junio de 2022, el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz la condenó a 10 años de cárcel por “incumplimiento de deberes” y “resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, como parte del caso denominado “Golpe de Estado II”. Además, enfrenta otros procesos judiciales en curso.
Por su parte, Camacho y Pumari están bajo detención preventiva sin condena firme. Camacho, ex gobernador detenido desde fines de 2022, enfrenta cargos como financiamiento al terrorismo, sedición y asociación delictuosa. Pumari, dirigente del departamento de Potosí, permanece preso desde 2021 por presunta participación en la crisis política de 2019.
Este lunes, ambos fueron citados a una audiencia de revisión en La Paz, convocada por los tribunales locales en cumplimiento de la instrucción del TSJ. Camacho arribó desde la cárcel de Chonchocoro; Pumari fue trasladado desde Potosí. Simultáneamente, Áñez también tendrá una audiencia en el caso denominado Senkata, que revisará la competencia del proceso, dado su historial como dignataria de Estado.
En este contexto, el cambio en la orientación política desde Casa Grande del Pueblo —con un nuevo ciclo electoral y un avance de candidatos de derecha— ha reconfigurado el escenario político boliviano.
María Corina Machado interpreta la revisión como una victoria moral: “La libertad… es un acto de justicia.” Su mensaje busca proyectar solidaridad transnacional entre opositores latinoamericanos y reivindicar principios democráticos ante lo que llama “injusta prisión”.
La situación judicial de Áñez, Camacho y Pumari podría cambiar sustancialmente de comprobarse exceso en los plazos cautelares. Para Camacho y Pumari, sería una oportunidad real de obtener la libertad sin condena. Para Áñez, la situación reviste otra complejidad: su sentencia ya es firme, y la medida podría no aplicarse directamente.
No obstante, cualquier modificación en estos casos podría reconfigurar el tablero político boliviano, impactando en la dinámica entre el oficialismo del MAS y la oposición en los meses venideros, antes del fin del mandato del presidente Arce el 8 de noviembre.