El gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva envió este viernes al Congreso Nacional de Brasil el denominado proyecto de Ley Antifacciones, una iniciativa que endurece las penas y establece nuevas medidas legales para frenar la expansión del crimen organizado. La propuesta fue firmada por Lula en una semana marcada por una megaoperación policial que dejó 121 muertos en los complejos de la Penha y del Alemão, en Río de Janeiro.
El proyecto, que busca atacar la violencia representada por organizaciones como el Comando Vermelho (CV) y el Primeiro Comando da Capital (PCC), será tratado con prioridad en la Cámara de Diputados, según declaraciones del presidente de la cámara, Hugo Motta.
Durante una reunión en la tarde del viernes, de la que participaron los ministros Ricardo Lewandowski (Justicia y Seguridad Pública), José Múcio (Defensa), Jorge Messias (Abogacía General de la Unión) y Sidônio Palmeira (Secretaría de Comunicación Social), se ultimaron los detalles del texto ahora remitido al Legislativo. El ministro Lewandowski había adelantado la semana anterior que el texto era resultado de una “larga discusión con todas las áreas” y que propone “atajar el crimen de forma más estructurante”.
El proyecto establece la figura penal de “organización criminal calificada”, con penas de entre 8 y 15 años de prisión para grupos que busquen controlar territorios y actividades económicas mediante el uso de violencia o amenazas. Si se comprueba que estos delitos incluyen homicidio, la pena puede llegar hasta 30 años. También se eleva la pena máxima para crímenes cometidos por organizaciones criminales simples, hasta 10 años.
Entre las novedades legislativas destaca la creación de un “Banco Nacional de Organizaciones Criminales”, que reunirá datos sobre integrantes de facciones y podrá ser consultado por cualquier órgano de seguridad pública. Además, se autoriza a la Justicia a ordenar la “intervención judicial” en empresas vinculadas a organizaciones criminales, incluyendo el nombramiento de gestores externos y el bloqueo inmediato de operaciones financieras y societarias sospechosas de financiar delitos.
En relación con el servicio público, el proyecto permite apartar provisionalmente a empleados que promuevan, constituyan, financien o integren organizaciones criminales. Aquellos que resulten condenados podrán quedar excluidos de toda vinculación con la administración pública por hasta 14 años.
El texto propone mejoras en los mecanismos de “secuestro de bienes”, permitiendo la incautación de valores de investigados o acusados antes del tránsito en juzgado, siempre que existan indicios de origen delictivo. Otro punto prevé el monitoreo, bajo autorización judicial, de conversaciones y reuniones de presos vinculados a organizaciones criminales, lo que incluiría tanto visitas presenciales como intercambios virtuales.
Para dificultar la comunicación y acción de líderes criminales, la propuesta formaliza la transferencia de presos entre cárceles en caso de riesgo inminente, debiendo la administración penitenciaria informar de inmediato al juez responsable.
Una faceta operativa destacada por el gobierno implica la infiltración de agentes y empresas ficticias en las estructuras de las bandas criminales. Se busca, con ello, obtener informaciones esenciales sobre el flujo operativo de las facciones bajo investigación.
El secretario especial de la Receita Federal, Robinson Barreirinhas, anunció en conferencia de prensa que el gobierno impulsará la creación de una delegación contra el crimen organizado dentro de la Receita Federal, mediante la inclusión de este dispositivo en un nuevo proyecto de ley antes de fin de año. Barreirinhas señaló la coordinación interinstitucional como clave en el combate al contrabando y al tráfico de mercaderías y reportó la incautación de aproximadamente R$ 160 millones (unos USD 29 millones) en productos ilegales al cierre de la Operación Frontera. También reveló la confiscación de cerca de mil pistolas durante acciones en los últimos días de octubre, y enfatizó la importancia de impedir que estas armas lleguen a manos de organizaciones criminales.
En redes sociales, Lula da Silva puntualizó que el proyecto “eleva para hasta 30 años las penas para quienes integren facciones criminales que dominan muchos barrios y comunidades” y robustece los instrumentos del Estado y las fuerzas policiales para investigar y asfixiar financieramente a dichas facciones. Según el presidente, la medida se suma a otras acciones integradas entre órganos federales, estaduales y municipales, y “solo el esfuerzo conjunto de todas las esferas de poder permitirá derrotar a las facciones”.
El proceso legislativo continuará en el Congreso, con la expectativa de que sea tramitado a la brevedad, en línea con la petición de Lula de evitar que diferencias políticas obstruyan el avance de iniciativas para garantizar la seguridad de las familias brasileñas.