“El Estado chileno ha tomado la decisión de perseguir a estas personas con indiferencia del lugar donde actualmente se encuentren residiendo”, afirma el ministro de Seguridad Pública chileno, Luis Cordero. A casi dos meses de asumir el cargo, el abogado y ex ministro de Justicia visitó Buenos Aires, donde se reunió con el ministro de Seguridad de la Ciudad para conocer el modelo local de gestión integrada. Coincidió también con la cumbre de ministros de Seguridad del Mercosur, en la que participó junto a los jefes de Carabineros e Investigaciones.
A sus 52 años, Cordero se ha convertido en una de las figuras clave del gobierno de Gabriel Boric. Tras haber sido ministro de Justicia y subsecretario del Interior en momentos críticos, ahora lidera una institución nacida en respuesta al avance del crimen organizado transnacional.
En una entrevista con Infobae, el ministro abordó la situación del Tren de Aragua, los pasos que han tomado para frenar la migración irregular, y los desafíos penitenciarios de Chile.
-En Chile hubo una redada simultánea donde se capturaron a casi 30 personas del Tren de Aragua. ¿Qué dice esta cifra sobre el nivel de operación del grupo en el país?
-Desde que comenzamos la persecución del Tren de Aragua, hemos detenido a más de 450 integrantes. Se trata de una estructura que no responde a modelos tradicionales de jerarquía rígida, sino que funciona en células o franquicias que financian una central. Ejecutan delitos parasitarios: trata de personas, robos, microtráfico. Delitos que pueden parecer menores, como el robo de celulares, terminan financiando estructuras más complejas. La persecución penal generó desplazamientos: desde el norte, estos grupos migraron hacia otros delitos como extorsiones y secuestros, antes casi desconocidos en Chile.
-¿Y hay colaboración con otros países para desarticularla?
-Sí. Hemos solicitado extradiciones y mantenemos cooperación con Colombia, Perú, Costa Rica. Chile ha compartido información clave y ha logrado condenas relevantes.
El Estado chileno ha tomado la decisión de perseguir a estas personas con indiferencia del lugar donde estos actualmente se encuentran residiendo, sea porque vivieron en Chile y luego, cuando comenzó la persecución penal, se fueron del país por vía irregular, sea porque es el líder de una parte de la organización que solicita o que da órdenes o al que le tributan. En todos esos casos, el Estado chileno ha solicitado las extradiciones y la colaboración con el resto de los países de la región.
-A pesar de las detenciones, el Tren de Aragua parece tener una gran capacidad de rearticulación. ¿Cuál es el plan del Gobierno frente a las nuevas células?
-Una de las formas de abordarlo, desde la experiencia, es asumir que se trata de estructuras adaptables y flexibles, que no responden a un mando vertical tradicional. Se organizan en células y, en algunas ocasiones, operan como verdaderas franquicias. Tienen ciertos patrones de actuación en los delitos que cometen y, además, van dejando registros de sus acciones, muchas veces en medios digitales.
La estrategia del Estado chileno ha sido mantener una persecución penal consistente, iniciada cuando estos delitos comenzaron a aumentar en 2020 y 2021. Tuvimos episodios de homicidios muy violentos en 2022, y a partir de allí se focalizó la investigación, se destinaron recursos y se activaron equipos especializados para abordar muertes violentas asociadas al crimen organizado.
Eso permitió vincular redes de distinta naturaleza y esclarecer delitos que en un principio parecían aislados, pero que terminaron conectados por nodos operativos. Y hay algo clave: el efecto de la persecución produce movilidad. Eso significa que, cuando una célula es desarticulada, otras pueden aparecer en lugares donde antes no operaban. Por eso, es fundamental actuar con rapidez y anticipación en esos nuevos focos.
-¿Chile considera declarar al Tren de Aragua como organización terrorista, como hizo Argentina?
-La calificación depende de cada legislación. En Chile, aplicamos la ley de crimen organizado, que es robusta y permite persecución integral, incluyendo medidas intrusivas. Nuestra ley antiterrorista está pensada para otros fines. Calificamos al Tren de Aragua como organización criminal, lo que permite aplicar toda nuestra legislación actualizada.
-La tasa de homicidios bajó a 6,0 en 2024, pero sigue duplicando la de hace una década. ¿Qué factores explican esa caída y cómo evitar que sea solo una baja coyuntural?
-El período más crítico en términos de homicidios en Chile se registró entre 2021 y 2022, con un aumento sostenido desde 2017. Este incremento estuvo vinculado en parte a disputas entre organizaciones criminales, como el Tren de Aragua. Para enfrentar esta situación, el Estado chileno adoptó una estrategia de focalización de la persecución penal, asignando recursos específicos para investigar homicidios relacionados con el crimen organizado.
Uno de los pilares de esta estrategia ha sido la financiación del Equipo Contra el Crimen Organizado (ECO), una estructura del Ministerio Público que permite una atención temprana en el sitio del suceso, clave para recolectar pruebas. Además, se ha invertido significativamente en tecnología para policías y fiscales, con el fin de centralizar la información y vincular delitos aparentemente inconexos, pero que pueden formar parte de redes criminales más amplias.
Junto a esto, se implementó el Plan Calle sin Violencia, que incluye tres componentes: persecución penal, patrullaje focalizado e intervenciones urbanas en barrios con alta incidencia de violencia. Estas acciones, según el gobierno, han dado resultados: en 2024, la tasa de esclarecimiento policial de homicidios por parte de la Policía de Investigaciones alcanzó el 70%.
¿Qué desafíos siguen pendientes?
-Control de armas. Muchas muertes violentas están vinculadas a armas de fuego. Se ha intensificado la fiscalización y se han retirado armas inscritas no actualizadas. Además, los homicidios ahora son con armas de fuego, en vía pública, por sujetos desconocidos. Sabemos que se concentran en pocas cuadras. Necesitamos intervenciones precisas y sostenidas.
También se ha puesto atención en la composición del fenómeno homicida. Hoy, muchos de estos crímenes ocurren en la vía pública, con armas de fuego, entre personas sin vínculo aparente. La estrategia ha sido intervenir territorios muy acotados, incluso a nivel de cuadras, y entender que la percepción de seguridad también se ve afectada por incivilidades. Por eso, la presencia del Estado —en forma de patrullajes y servicios— también se considera esencial para reducir tanto los homicidios como el temor ciudadano.
-El temor ciudadano sigue en aumento, incluso con la caída de ciertos delitos. ¿Cree que la narrativa política ha contribuido a amplificar ese miedo?
-Es cierto que el temor puede ser aprovechado en contextos electorales, pero esta tendencia al alza en la percepción de inseguridad viene desde hace tiempo, no es algo nuevo ni exclusivo del presente. Hay aspectos del debate público que muchas veces pasan inadvertidos o no se abordan en toda su dimensión. Y es que los debates sobre seguridad no se reducen únicamente a los delitos violentos ni a la persecución penal.
Uno de los elementos que identificamos como clave, a partir de la evidencia y del trabajo que realizamos junto a un panel de expertos, son las incivilidades. Estos hechos —que no siempre constituyen delitos graves— generan efectos disruptivos importantes en la tranquilidad y la convivencia, y tienen un impacto directo en la percepción de seguridad de la población. Por eso el temor no proviene únicamente de la violencia directa, sino también de estas situaciones cotidianas que alteran el orden urbano o la vida barrial.
-El gobierno ha cerrado centros de acogida en el norte y endurecido los protocolos en la frontera con Bolivia. ¿Qué balance hace de estas medidas?
-El país ha logrado una reducción significativa en los ingresos irregulares, y eso responde a dos factores centrales. Por un lado, la implementación de un mecanismo de protección de zona fronteriza, en el que participan activamente las policías y las Fuerzas Armadas. Por otro, el trabajo de cooperación internacional con los países limítrofes. Con Perú la colaboración es sostenida, y con Bolivia venimos avanzando progresivamente.
Nosotros partimos de una premisa clara: las zonas fronterizas, en cualquier parte del mundo, tienden a ser espacios muy inseguros. Y eso no solo afecta al país receptor final, sino también a los países de tránsito intermedio. Por eso, la colaboración entre Estados es determinante para enfrentar fenómenos como la migración forzada.
En ese marco, Chile ha invertido una cantidad importante de recursos en el norte del país, no sólo para mejorar los controles migratorios, sino también para abordar otros fenómenos complejos como el contrabando y el tránsito de precursores químicos usados para producir drogas, especialmente cocaína. El control fronterizo no se trata sólo de reducir el número de ingresos, sino de evaluar la eficacia de los mecanismos implementados para desarticular también redes delictivas transnacionales.
-¿Qué responde a quienes vinculan directamente la migración irregular con delincuencia, especialmente teniendo en cuenta que varios líderes del Tren de Aragua entraron legalmente entre 2018 y 2019?
-No hay correlación directa. Lo que muestra la evidencia es que no existe una relación directa ni causal entre migración y aumento de la delincuencia. Lo que sí ocurre es que los procesos migratorios masivos generan tensiones en el sistema de seguridad pública, y eso se refleja en distintos niveles.
En el caso de Chile, por ejemplo, antes de la crisis migratoria, la población penitenciaria extranjera representaba un 3% del total. Hoy, ese porcentaje ha aumentado a alrededor del 15%. Las tres nacionalidades más presentes en las cárceles chilenas son Bolivia —por razones históricas vinculadas a tráfico de drogas en la frontera— y, más recientemente, Colombia y Venezuela. Además, las víctimas extranjeras de homicidios también han aumentado, lo cual evidencia que muchos migrantes no solo están involucrados en delitos, sino que también son víctimas de organizaciones criminales.
Un caso típico es el de mujeres utilizadas como “corredores humanos” para el tráfico de drogas. Cometen un delito, sí, pero al mismo tiempo son instrumentalizadas y explotadas por redes criminales. Por eso, hay que abordar este fenómeno con mucha cautela, sin simplificarlo en una relación directa de causa y efecto entre migración y crimen. La migración forzada sí genera condiciones de vulnerabilidad, y esas condiciones pueden ser aprovechadas por estructuras delictivas. Pero afirmar que todos los migrantes representan una amenaza para la seguridad pública es errado e injusto. La política de seguridad no puede confundirse con una política antiinmigrante.
-En cuanto al sistema penitenciario: con un 15% de población carcelaria extranjera, ¿hay riesgo de que las cárceles chilenas se transformen en centros de operación de bandas internacionales?
-Sí, y por eso las cárceles deben ser parte del sistema de seguridad. Se necesita población segregada, evitar que operen desde prisión y que no se reproduzcan agendas criminales. Las principales bandas de la región nacieron en cárceles. Chile está expandiendo su sistema penitenciario y aumentando plazas de máxima seguridad para mantener ese control.
-¿Cómo se aplicará esa segregación?
-Con más planteles y plazas, pero también con condiciones de alta seguridad. Si pedimos extradiciones, debemos garantizar que esos líderes estén adecuadamente aislados. Las cárceles también son parte esencial de la seguridad pública.