Los grupos afines al ex presidente boliviano Evo Morales instalaron nuevas vigilias en el Trópico de Cochabamba durante la jornada del jueves, en un operativo destinado a impedir la detención del exmandatario, quien permanece refugiado en la zona desde octubre de 2024. El refuerzo de la custodia coincidió con el inicio de las operaciones de erradicación de cultivos ilegales de coca en la región de Chimoré, una de las principales zonas productoras de hoja de coca del país y bastión político y sindical de Morales.
Wilma Colque, dirigente de las federaciones cocaleras del Trópico, informó a la radio cocalera Kawsachun Coca que las vigilias se activaron desde la medianoche en distintos puntos de la carretera que atraviesa la región. Colque denunció que el gobierno del presidente Rodrigo Paz ejecuta un supuesto “Plan Z” que buscaría fabricar casos de narcotráfico contra dirigentes afines a Morales para implicarlo judicialmente y proceder a su captura. No existen, sin embargo, confirmaciones oficiales ni evidencias independientes sobre la existencia de este plan.
El dirigente intercultural Aquilardo Caricari afirmó que la movilización responde a denuncias sobre un posible operativo gubernamental para detener al expresidente. Según los dirigentes cocaleros, las autoridades habrían desplegado agentes de inteligencia en la zona con el objetivo de montar operaciones que vinculen a Morales con el narcotráfico. El mismo exmandatario denunció en su programa radial que supuestamente el gobierno llevó personal de inteligencia al Trópico para fabricar casos, sin aportar pruebas de sus afirmaciones.
La movilización de los seguidores de Morales se produjo horas después de que autoridades de seguridad bolivianas inauguraron formalmente las tareas de destrucción y “racionalización” de cultivos ilegales de hoja de coca en el municipio de Chimoré. El inicio de estas operaciones, que el gobierno presenta como parte de su estrategia de lucha contra el narcotráfico, generó tensión inmediata en un territorio donde Morales conserva un férreo control sindical y político.
Morales enfrenta una investigación por presunta trata agravada de personas. Según la Fiscalía, habría tenido una relación con una menor de edad con quien tuvo un hijo en 2016, cuando era presidente. La fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, presentó una imputación formal en diciembre de 2024 y confirmó que la orden de captura contra el expresidente sigue vigente. La Policía boliviana no ha podido ejecutar la detención debido a la protección que le brindan sus seguidores en el Trópico de Cochabamba.
El caso judicial contra Morales se reabrió en septiembre de 2024, tres días después de que el ex presidente concluyera una marcha de protesta de 187 kilómetros por el altiplano boliviano exigiendo cambios en el gabinete del entonces presidente Luis Arce. La denuncia también acusa a los padres de la presunta víctima por supuesta complicidad y haberse beneficiado con cargos públicos durante la vinculación del ex presidente con su hija. El padre cumple detención preventiva en la cárcel de Morros Blancos, en Tarija, mientras que el paradero de la madre y la presunta víctima se desconoce.
En enero de 2025, un tribunal de Tarija declaró a Morales en rebeldía tras su inasistencia a dos audiencias, en las que alegó problemas de salud. La Justicia también dictó medidas cautelares que incluyen la prohibición de salida del país, la anotación preventiva de bienes, el congelamiento de cuentas bancarias y la orden de aprehensión. Morales y su defensa califican el proceso como una “guerra judicial” orquestada para eliminarlo del escenario político de cara a futuras elecciones.
El gobierno de Paz enfrenta un escenario complejo en el Trópico de Cochabamba. Desde octubre de 2024, cuando se conoció la orden de captura contra Morales, sus seguidores bloquearon carreteras durante 24 días para impedir el ingreso de las fuerzas de seguridad a la región. Desde entonces, mantienen una vigilia permanente con palos y piedras en distintos puntos estratégicos. Hace dos semanas, la Policía boliviana afirmó que ejecutará la orden de captura “en el momento, modo y lugar oportunos”.
El Trópico de Cochabamba se ha convertido en el epicentro de la tensión política en Bolivia. La presencia de Morales en la zona, protegido por un complejo sistema de vigilancia comunitaria, desafía la capacidad del gobierno de Paz para ejecutar una orden judicial vigente. Las autoridades enfrentan el dilema de intentar la detención con riesgo de violencia o mantener la espera, lo que debilita la percepción de autoridad del Estado en una región estratégica para la producción de coca y, según organismos internacionales, también para el narcotráfico.