Roberto Samcam Ruiz se tomaba en serio las medidas de seguridad.
Como mayor retirado del ejército nicaragüense que había hablado en contra del gobierno sandinista, huyó a la vecina Costa Rica después de que su nombre comenzó a aparecer en los carteles de búsqueda.
Cuando salía en público en San José, la capital costarricense, se cambiaba de camisa para despistar a posibles seguidores. Viajaba en Uber —nunca en autobuses— y advertía constantemente a otros activistas nicaragüenses opositores al gobierno que vivían en Costa Rica que cuidaran sus espaldas.
En cierto momento, “Roberto se vuelve incluso hasta paranoico”, relató Claudia Vargas, su esposa desde hace 25 años.
Las precauciones de Samcam no fueron suficientes.
El 19 de junio, dos asesinos que al parecer lo habían estado vigilando durante semanas irrumpieron en su complejo de departamentos de San José y le dispararon ocho veces dentro de su casa.
El asesinato de Samcam se convirtió en al menos la sexta vez que un disidente nicaragüense recibió disparos, fue secuestrado o asesinado en Costa Rica desde que cientos de miles de nicaragüenses huyeron de su país después de las protestas mortales en 2018 en el país.
Activistas, defensores de los derechos humanos y decenas de expresidentes latinoamericanos dijeron que el asesinato de Samcam parece indicar con fuerza que el gobierno de Nicaragua está ejecutando sofisticadas operaciones de inteligencia en suelo extranjero contra sus enemigos. Hasta el momento no se han producido arrestos.
El asesinato podría alterar las relaciones diplomáticas entre dos países centroamericanos vecinos y amigos que dependen el uno del otro para el comercio.
Pero el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles, aparentemente poco dispuesto a enemistarse con un importante socio comercial y un gobierno cada vez más autoritario, no ha dicho nada sobre el asunto, alarmando a los exiliados que esperaban una respuesta más contundente.
El Ministerio de Seguridad Pública costarricense remitió las preguntas sobre el asesinato a la oficina del presidente. El portavoz del presidente devolvió las preguntas al ministerio.
Luego de que el presidente Donald Trump pusiera fin al programa de refugiados que reasentó a los nicaragüenses en Estados Unidos, buscar asilo estadounidense ya no es una opción.
Así que los miles de nicaragüenses que viven en Costa Rica y que se vieron obligados a salir de su patria viven con miedo y se preguntan si tendrán que hacer las maletas y huir por segunda vez.
Wilberto Miranda Aburto, periodista nicaragüense, dijo que huyó de una dictadura y que no considera que esté a salvo en Costa Rica, el país que le dio refugio
La muerte de Samcam puso en el punto de mira a los copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, que han reforzado su control del poder. Desde que Ortega asumió la presidencia en 2007, la pareja ha manipulado las elecciones, los tribunales y el poder legislativo para consolidar su control sobre el país.
A medida que fueron creciendo las protestas, acusaron a los opositores de planear un golpe de estado, los encarcelaron, los obligaron a exiliarse, les confiscaron sus propiedades y les retiraron la ciudadanía nicaragüense.
Expertos de las Naciones Unidas los compararon con nazis.
Murillo, portavoz del gobierno, no respondió a las solicitudes de comentarios.
Samcam, de 66 años, miembro del partido sandinista, rompió con el partido tras retirarse del ejército y se convirtió en bloguero, analista político y presentador de radio. Intentó sin éxito postularse para un cargo en Jinotepe, una ciudad en el departamento de Carazo a una hora al sur de Managua, la capital, pero las elecciones fueron ampliamente denunciadas como fraudulentas.
En 2018, fue uno de los cientos de miles de personas que participaron en un enorme levantamiento contra el gobierno Ortega-Murillo.
Esas protestas fueron especialmente intensas en Carazo, donde vivía Samcam. Los manifestantes bloquearon carreteras y paralizaron la economía y el tránsito.
El gobierno nicaragüense acusó a Samcam y a otras personas de utilizar morteros para intentar derrocar al gobierno. Los agentes de policía declararon que estuvieron rodeados, encerrados en su comisaría y sin poder salir durante días.
Un oficial resultó muerto, según el gobierno.
Finalmente, el gobierno sofocó las protestas en todo el país por la fuerza, matando a más de 300 personas. Casi 250.000 nicaragüenses han huido y han buscado protección como refugiados en Costa Rica, según Juan Carlos Arce, abogado nicaragüense de derechos humanos.
Ahora, Vargas se está replanteando todas las medidas de seguridad en las que insistió su marido.
“Estoy pasando por todas esas etapas que sé que van a ser normales, de hacerme preguntas, de preguntar si debí de haberle prestado más atención”, dijo. “Esto es un móvil político que buscaba silenciar la voz de Roberto por ser una voz demasiado poderosa, demasiado potente”.
Samcam se convirtió en una voz crítica después de las protestas de 2018, utilizando su conocimiento del material militar para demostrar que las fuerzas armadas —no la policía— habían llevado a cabo la represión.
Los expertos dicen que los Ortega estaban particularmente furiosos con Samcam y otros exsandinistas a quienes veían como traidores por separarse de sus filas. Y estaban especialmente furiosos con los que ayudaron a organizar los cortes de carretera en Carazo.
“Estábamos en una lista”, dijo Joao Maldonado, de 35 años, también exsandinista de Carazo, una lista en la que “nos catalogaron como objetivo militar”.
Unos hombres armados le dieron caza a Maldonado en Costa Rica en dos ocasiones.
Con la voz todavía un poco alterada por una bala que lo alcanzó en la mandíbula, Maldonado relató cómo la primera vez, en 2021, iba conduciendo cuando le dispararon en el abdomen, dos veces en la muñeca izquierda, una en la clavícula derecha y otra cerca del corazón. Mientras volaban las balas, dijo que pidió perdón a Dios por sus pecados y dijo para sí: “te acepto como mi Señor y salvador”.
Sobrevivió.
Maldonado dijo que solicitó el estatus de refugiado a través de un programa del Departamento de Estado de Estados Unidos, que Trump eliminó desde entonces. Incluso bajo el gobierno de Joe Biden, la investigación de antecedentes tomó dos años. Después de ser aceptado en 2023, fue atacado de nuevo por hombres armados mientras hacía recados, 10 días antes de salir del país.
Le dispararon ocho veces, una de ellas en la cara. Su novia resultó herida en la columna y quedó con discapacidad severa.
“Los hechos hablan por sí solos”, dijo Maldonado, que ya ha abandonado Costa Rica, en una entrevista en video. “Es una realidad que existe una persecución transnacional”.
Otro activista nicaragüense fue secuestrado en Costa Rica en 2022 y posteriormente encontrado muerto en Honduras.
Jimmy Guevara, un periodista nicaragüense que ahora vive en España, dijo que había recibido tantas amenazas de muerte mientras vivía en Costa Rica que tuvo que mudarse ocho veces en cuatro años.
A pesar de la serie de ataques, Chaves, presidente de Costa Rica, ha negado que agentes nicaragüenses estuvieran trabajando en su país.
“No existe ningún tipo de indicio de que en Costa Rica haya alguna célula organizada y controlada por el gobierno nicaragüense”, declaró Chaves el año pasado tras el segundo atentado contra Maldonado.
Costa Rica está experimentando un repunte de la violencia relacionada con el narcotráfico, marcado por una repentina proliferación de sicarios de bajo costo, pero para los refugiados nicaragüenses y otros activistas, no hay ningún misterio tras el asesinato de Samcam.
“No tengo ninguna duda de que se trata de un acto de terrorismo de Estado”, afirmó Almudena Bernabeu, abogada internacional de derechos humanos que representa a Vargas. Ortega y Murillo, dijo, “están borrachos de poder y hacen lo que sea necesario para permanecer en el poder”.
Bernabeu es fundadora de Guernica 37, un bufete sin fines de lucro de abogados internacionales conocido por llevar a los tribunales casos de abusos contra los derechos humanos en América Latina, incluido el genocidio cometido en Guatemala contra el pueblo maya y la masacre de seis sacerdotes jesuitas a manos de mandos militares salvadoreños.
La legislación costarricense permite a Bernabeu participar en la investigación del asesinato de Samcam como fiscal privada.
Aunque algunos de los disidentes más destacados de Costa Rica cuentan actualmente con protección policial, no esperan que esta sea permanente.
Los disidentes dicen que quieren un pronunciamiento público del presidente de Costa Rica denunciando lo que dicen que parece ser el papel de Nicaragua en los ataques en su país.
“Tendrían que hacer declaraciones firmes, no solo con relación a este hecho reciente, sino también con relación al repudio a cualquier actuación de fuerzas externas, extranjeras en su territorio”, dijo Ana Quiroz, de 68 años, quien fue expulsada de Nicaragua en 2018.
En una declaración en video, Randall Zúñiga, director de la agencia de investigación de Costa Rica, dijo que los sospechosos de uno de los atentados contra Maldonado habían sido identificados y que tanto su caso como el de Samcam estaban bajo investigación.
“Esperamos que prontamente podamos tener algún resultado”, dijo Zúñiga.
Carlos Fernando Chamorro, un destacado periodista —cuya madre, Violeta Chamorro, expresidenta de Nicaragua, murió solo unos días antes del asesinato del Samcam— dijo que Costa Rica tenía una larga historia de ofrecer refugio a perseguidos políticos de Nicaragua. Él vivió allí de niño cuando su familia tuvo que huir de la dictadura de Somoza, así que cuando su vida estuvo en peligro, nunca imaginó ir a ningún otro lugar.
“Confiamos en que este es un país de paz, democracia e instituciones democráticas”, dijo.
Cuando se le preguntó si tenía miedo, citó una frase que su padre, el editor de periódicos Pedro Joaquín Chamorro, repetía con frecuencia: “Cada quien es dueño de su propio miedo”.
Pedro Joaquín Chamorro fue asesinado en Managua en 1978.
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