Las transferencias automáticas por coparticipación hacia las provincias registraron un aumento del 3,5% en términos reales durante el primer semestre de 2025, aunque permanecieron entre los niveles más bajos de los últimos años. Este jueves, los gobernadores intentarán aprobar leyes que permitan captar una mayor proporción de los fondos provenientes del Impuesto a los Combustibles y de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
Desde el Gobierno de Javier Milei insisten en que estas iniciativas amenazan el equilibrio fiscal. De hecho, la visión oficial es que la aprobación de ese tipo de normas puede sumar volatilidad en el corto plazo sobre el dólar y otras variables financieras pero que el compromiso con el orden en las cuentas prevalecerá al final del día.
“Lo que vos sí tenés es a la casta política tratando de hacer daño, pegándole al riesgo país y eso te genera volatilidad en el tipo de cambio”, afirmó Milei en declaraciones a El Observador cuando le preguntaron por la suba del dólar que se vivió en las últimas semanas.
De acuerdo con los informes elaborados por Politikon Chaco y el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), las transferencias automáticas a las provincias, que incluyen la coparticipación federal, leyes complementarias y compensaciones, mostraron un incremento nominal del 57,6% en el primer semestre de este año y alcanzaron los $28,527 billones. Sin embargo, descontando la inflación, el aumento real se redujo al 3,5 por ciento.
Las transferencias por coparticipación sufrieron una desaceleración, originada principalmente por la caída en la recaudación de tributos fundamentales. En particular, la recaudación del Impuesto a las Ganancias disminuyó un 20% real interanual, lo que tuvo un impacto directo y negativo en los envíos de coparticipación hacia las provincias.
No obstante, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) mostró una suba del 6,7% real interanual. Este aumento, aunque ayudó a compensar parcialmente la baja en la coparticipación neta, no logró revertir la tendencia. Además, el reporte de IARAF destacó que los impuestos complementarios, como el Impuesto a los Bienes Personales, experimentaron un crecimiento significativo, lo que permitió moderar los efectos negativos de la caída en otros tributos.
A pesar de este crecimiento en las transferencias automáticas, el nivel de recursos no recuperó los valores anteriores a la crisis económica. Las transferencias por coparticipación siguen por debajo de los niveles de 2023, 2022 y 2021, mientras que la asignación vigente resulta inferior a las necesidades actuales de las provincias, que deben atender costos elevados derivados de la inflación y crecientes demandas sociales.
Los mandatarios provinciales confían en reunir los votos necesarios para llevar al recinto este jueves las iniciativas mencionadas en el Senado, después de varias semanas de negociaciones infructuosas y tras el faltazo colectivo al acto central convocado por Milei el pasado 9 de julio. Además, en la agenda legislativa de hoy podría incluirse el tratamiento sobre tablas de propuestas para el aumento del financiamiento universitario y una suba en las jubilaciones, propuestas que repercutirían directamente en el gasto público.
El Ejecutivo ya comunicó en múltiples ocasiones que, de ser aprobadas estas leyes, recurrirá a la herramienta del veto.
El Gobierno nacional, a través de representantes de Javier Milei, expresó su rechazo a los proyectos impulsados por los gobernadores en el Congreso, especialmente aquellos orientados a modificar la distribución de los recursos generados por el Impuesto a los Combustibles Líquidos. Según precisaron desde la Casa Rosada, la propuesta provincial apunta a reformar el artículo 19 de la Ley 23.966, que regula la distribución de los ingresos de dicho tributo. Actualmente, las provincias reciben solamente el 10,40% de lo recaudado, mientras que la mayor parte de los fondos se destina al Tesoro Nacional, el Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI), el Sistema Único de Seguridad Social y otros fideicomisos relacionados con infraestructura.
Los gobernadores presentaron un proyecto de reforma integral para modificar el esquema de distribución vigente, proponiendo que el 58,36% de los fondos del Impuesto a los Combustibles se transfiera directamente a las provincias. El objetivo es fortalecer la autonomía fiscal de las jurisdicciones y aliviar sus cuentas, seriamente presionadas por los actuales compromisos financieros y sociales. Esta medida supone recortar los fondos que el Gobierno Nacional utiliza para afrontar sus propios gastos y obligaciones, lo que podría tener un impacto directo sobre el equilibrio fiscal que busca preservar la administración de Milei.
Por otra parte, los gobernadores insisten en activar el mecanismo de giro automático de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), un fondo creado por ley pero cuya distribución ha sido históricamente discrecional. De acuerdo con el informe de Politikon Chaco, entre 2017 y 2024 los ATN acumularon $4,3 billones sin ejecutar, lo que evidencia un manejo centralizado de esos recursos y la falta de criterios automáticos para su reparto. Los mandatarios provinciales reclaman la eliminación de los fondos fiduciarios y solicitan que el remanente de estos recursos se transfiera en forma directa a las 24 jurisdicciones del país.