Los empleados bancarios cobrarán un aumento equivalente a la inflación de agosto que llevará el sueldo inicial a $1.930.971,08, una cifra récord, según informó la Asociación Bancaria, que lidera Sergio Palazzo.
De esta forma, en los primeros 8 meses del año se acumula ahora una mejora del 19,5% sobre los salarios de diciembre pasado, ya que el sindicato tiene acordado con las cámaras del sector una actualización automática de los sueldos según la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.
Desde agosto, el salario inicial de la actividad bancaria se elevará a $1.876.720,94, cifra que, sumada al adicional por participación en las ganancias, de $54.250,14, da un total de $1.930.971,08. El retroactivo correspondiente se abonará con los salarios de septiembre.
Esa actualización, según señaló el gremio en un comunicado, “será de aplicación para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales”.
Además, se pactó que el monto mínimo que recibirán los trabajadores por el Día del Bancario será de $1.673.031,80, a corregir por futuras actualizaciones.
El acuerdo salarial fue firmado entre la Asociación Bancaria y la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA), la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) y el Banco Central (BCRA).
Por la rentabilidad del sector, la paritaria de los bancarios es una de las pocas que está afuera de la pauta salarial que fija el Ministerio de Economía, del 1% mensual.
Como anticipó Infobae, algunas de las últimas negociaciones salariales cerradas en las últimas semanas se apartan de la pauta oficial de aumentos del 1% mensual, aunque el Gobierno está menos dispuesto a exigir el acatamiento del tope y evalúa los acuerdos a la luz de algunos ítems que habilitan o no su homologación.
Es el caso, por ejemplo, de la paritaria del Sindicato de Sanidad, que acaba de firmar un aumento salarial del 5,2% para el trimestre agosto-octubre, en tres tramos del 1,9%, 1,7% y 1,6%, más sumas no remunerativas de $60.000 para cada uno de esos meses.
En el gremio, que nivel nacional conduce Héctor Daer y cuya filial Buenos Aires lidera ahora Javier Pokoik, están seguros de que la Secretaría de Trabajo homologará el convenio pese a que las cifras superan el techo oficial.
La confianza en la convalidación de Julio Cordero se basa en lo que sucedió en la anterior paritaria, que amagaba con trabarse sin convalidar en los despachos oficiales: firmada el 25 de junio, incluyó un incremento del 4,5% para el trimestre mayo-julio en tres tramos del 1,5%, más tres sumas fijas de $25.000, $40.000 y $60.000 para cada uno de esos meses. Es decir, por encima de la pauta oficial y con un claro destino de no homologación.
Sin embargo, el secretario de Trabajo puso su firma el 15 de julio en la resolución que homologó el aumento. La demora se debió a la evaluación que hicieron los funcionarios acerca del impacto de las cifras acordadas: finalmente, se avaló cuando se produjo la constatación de que las empresas del sector de salud no trasladaron el aumento del 4,5% a las cuotas que pagan los usuarios.
La misma fórmula se aplicaría ahora, aunque los sindicalistas de Sanidad advirtieron que de todas formas en las cámaras hay predisposición a pagar la mejora salarial aunque no esté homologada por Trabajo.
En la mirada más tolerante del Gobierno en materia salarial, según descuentan los dirigentes gremiales, influye el “modo electoral” en el que entró el Gobierno, donde, pese a algunas variables inestables, la baja inflación está encarrilada y se impone la necesidad de “acompañar” la recuperación salarial de algunos sectores para que ayude a sumar votos en los comicios.
Aun así, cada acuerdo salarial es mirado con lupa por los funcionarios de Economía y de Trabajo: analizan si los aumentos se corresponden con un incremento de la productividad o si no impactarán en los precios, por ejemplo, como requisitos para ser homologados.
El test para medir la política salarial del Gobierno volverá a ser la paritaria del Sindicato de Camioneros, que a fines de agosto exigió a los empresarios la reapertura de las negociaciones salariales: quiere una mejora que rija desde el 1° de septiembre porque la inflación de junio y julio fue superior a la suscripta en el acuerdo vigente hasta fin de mes (período junio-agosto) y “todo indica que agosto también superará las proyecciones establecidas”, algo que confirmó el 1,9% registrado por el INDEC.
Además de solicitar un aumento para que “los trabajadores no vean aún más deteriorado su poder adquisitivo”, Moyano explicitó su desconfianza en la medición de la inflación, al destacar su ”preocupación por la evidente brecha entre los índices inflacionarios publicados por el Gobierno y los precios reales que marcan los supermercados, en particular en los alimentos».