La Asociación de Bancos de Argentina (ABA), la Asociación Bancos Argentinos (Adeba) y la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (Abappra) enviaron al Congreso Nacional, en particular a Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista en el Senado, y a Martín Menem, titular de la Cámara Baja, y a los legisladores y legisladoras involucrados en el tratamiento del proyecto de “Modernización Laboral” enviado por el Ejecutivo, que el gobierno pretende tratar la próxima semana, un documento en el que que se oponen frontalmente a que se puedan pagar sueldos mediante billeteras virtuales y proveedores de servicios de pago.
Esa habilitación, advierten, acarrea “riesgos jurídicos, financieros, sistémicos, territoriales y sociales”.
Las entidades señalan las consecuencias que tendría en particular un artículo del proyecto de “Modernización Laboral” del gobierno. En concreto, el documento formula “una objeción puntual y sustantiva respecto del artículo 35 en atención a los riesgos jurídicos, financieros, sistémicos, territoriales y sociales que su eventual aprobación podría generar”.
Ya en diciembre, en una sesión en Comisiones en el Congreso, las asociaciones bancarias habían advertido contra la iniciativa de habilitar a los PSP y billeteras virtuales a pagar sueldos, sin que estos cumplan los requisitos legales que cumplen las entidades bancarias tradicionales.
Pago de salarios
El artículo al que apuntan habilita el pago de salarios a través de Proveedores de Servicios de Pago (PSP), billeteras virtuales y otros “actores no bancarios”. Y esa habilitación, advierten ABA y Abappra, se haría “sin exigir un régimen regulatorio, prudencial y de supervisión equivalente al que rige para las entidades financieras”.
Esa disposición, afirman, entraña “una pérdida de protecciones legales esenciales”, no brinda garantías e implica un “mayor riesgo” para los usuarios además de significar una “asimetría regulatoria” y una “supervisión insuficiente”.
El documento hace una serie de “observaciones técnicas” sobre el proyecto de modernización laboral y en particular sobre el artículo 35, que afecta potencial y directamente la actividad de los bancos tradicionales.
La información sobre estos últimos, remarca el texto, “es pública permitiendo que los trabajadores y sus empleadores sepan en qué invierten las instituciones en las cuales colocan su dinero, así como la situación financiera de las mismas dándole transparencia al sistema, lo cual no ocurre con los PSP”.
Además recuerdan que la legislación vigente “exige la acreditación de haberes en cuentas abiertas en entidades financieras, con el objetivo de proteger ingresos de carácter alimentario, promover la inclusión financiera y preservar la estabilidad del sistema. Dicha arquitectura normativa no responde a un rezago tecnológico, sino a una decisión deliberada de política pública orientada a garantizar un estándar mínimo e indelegable de seguridad jurídica y financiera para trabajadores”.
Por esas razones, el texto advierte que la aprobación y eventual vigencia del artículo 35 tendría un “impacto sistémico” y reduciría la capacidad de crédito de los bancos.
Efectos múltiples
Al respecto, afirma textualmente “este fenómeno tendría claros e inmediatos efectos adversos y directos sobre la inversión, el empleo y el crecimiento económico, impactando de manera particularmente negativa en el financiamiento de las pymes, los productores regionales, el comercio, la vivienda, el consumo local y la actividad económica territorial en su conjunto”. Según estas entidades, “los depósitos bancarios tradicionales permiten el funcionamiento del denominado “multiplicador del crédito”.
El documento enviado a los legisladores por Abappra estima que a partir de un “efecto desintermediación” habrá una contracción del crédito bancario deentre 0,44 y 0,75% del PBI.
Al respecto, y defendiendo su sol de pagadores de cientos de miles de salarios del sector público, el escrito asegura que “los bancos cuentan con responsabilidad patrimonial plena y un marco jurídico claro frente a los usuarios, protegiendo la etapa crítica -el cobro seguro- sin restringir la autonomía posterior del usuario”, capacidad y responsabilidades que no asigna a los proveedores de servicios de pago y billeteras virtuales.
Desmantelamiento
Según ambas entidades la medida contribuiría al “desmantelamiento de infraestructura crítica” y a la “profundización de la exclusión financiera”. En ese sentido, aseguran, “ningún proveedor de servicios de pago ni entidad no bancaria posee, ni puede replicar con estándares equivalentes la capilaridad de red que resulta esencial para garantizar el derecho efectivo de los trabajadores de percibir y disponer de sus ingresos en forma inmediata y sin costos, especialmente en el interior del país”.
En suma, dice un pasaje, “la exigencia de acreditación inicial en una cuenta bancaria regulada no menoscaba la libertad financiera de los trabajadores; por el contrario, garantiza la llegada de los ingresos por el canal con mayor nivel de seguridad y respaldo institucional. Además, no se identifican beneficios tangibles para los trabajadores al flexibilizar estas condiciones, sino un incremento notorio de los costos y riesgos a nivel individual y sistémico. Cualquier agente económico que quiera pagar sueldos en Argentina puede hacerlo, solo requiere obtener una licencia de compañía financiera o de banco otorgada por el BCRA. Existen más de 70 entidades financieras con licencia y varias solicitudes en proceso”.