Cuando el 23 de septiembre de 2023 la noticia del arresto de Ruben Vardanyan sacudió a Armenia, el país se encontraba en medio del terrible proceso de soportar una inminente derrota en la guerra por el control del territorio de Artsaj (Nagorno-Karabaj). El dictador de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, dio un ultimátum a más de 100 mil armenios que se encontraban en esas tierras, desde hace siglos compartidas entre personas de diferentes etnias y credos: debían irse o asumir que las nuevas autoridades les impusieran su estilo de vida, sus leyes y su religión, el Islam.
El doloroso proceso de limpieza étnica, que remedó el genocidio sufrido por el mismo pueblo armenio a manos del Imperio Otomano entre 1915 y 1923 -murieron un millón y medio de personas- dejó heridas abiertas. Entre ellas está la situación de al menos 23 personas que son consideradas presos de guerra o presos políticos, según los cargos que alguna vez ostentaron en Artsaj u otras regiones armenias.
Aunque en muchos casos se trata de civiles, los tribunales azeríes que los juzgan son cortes militares que los acusan de delitos tan lejanos a la lógIca diaria de sus actividades que no dejan lugar a dudas sobre la naturaleza política de los juicios: los cargos incluyen terrorismo, posesión ilegal de armas, formación de grupos armados no autorizados, crímenes de guerra y violaciones del derecho internacional humanitario. En el caso de Vardanyan, las acusaciones se amplían a persecución, desapariciones forzadas, tortura y planificación de guerras de agresión.
“Tenemos informes de Human Rights Watch y Freedom House, organizaciones internacionales de derechos humanos no gubernamentales que verificaron los hechos, se reunieron en la cárcel con los prisioneros y confirmaron la práctica administrativa de tortura y maltrato”, explica la abogada Siranoush Sahakyan, que trabaja desde su estudio en Ereván, capital de Armenia, para lograr el regreso de los 23 secuestrados.
Pero además advierte que hay más personas que han quedado cautivas sin que la dictadura de Bakú admita su responsabilidad en esos arrestos. La sospecha es que han sido asesinados y sus cuerpos desaparecidos.
El gobierno azerí ha admitido hasta el momento el arresto de las siguientes personas, en algunos casos ya condenados y en otros en pleno juicio.
. Arrestados en 2020, juzgados y condenados a 20 años de prisión:
Alyosha Aramayis Khosrovyan (prisionero de Guerra)
Lyudvig Mkrtich Mkrtchyan (prisionero de guerra)
Vicken Abraham Euljekjian (civil)
. Arrestados en 2020, juzgados y condenados a 15 años de prisión:
Davit Tigran Davtyan (civil)
Gevorg Ruben Sujyan (civil)
. Arrestados en 2023, juzgados y condenados a 15 años de prisión:
Vagif Cherqez Khachatryan (civil)
Rashid Aramayis Beglaryan (civil)
– Prisioneros de guerra o civiles arrestados en 2023, en proceso bajo cargos de terrorismo; adquisición, posesión, producción, venta, transporte y entrega de armas, sus componentes, municiones, explosivos y artefactos explosivos ilegales; creación de grupos armados ilegales.
. Prisioneros de Guerra:
Levon Romik Balayan
Davit Nelson Allahverdyan
Vasili Vanya Beglaryan
Garik Grigor Martrosyan
Melikset Vladimir Pashayan
Gurgen Homeros Stepanyan
Erik Robert Ghazaryan
. Civil:
Madat Arakel Babayan
– Prisioneros políticos arrestados en 2023, en proceso bajo cargos de terrorismo; adquisición, posesión, producción, venta, transporte y entrega de armas, sus componentes, municiones, explosivos y artefactos explosivos ilegales; creación de grupos armados ilegales.
Ruben Karlen Vardanyan (empresario y filántropo, ex ministro de Estado en Artsaj)
Davit Azat Manukyan (ex subcomandante de las Fuerzas de Defensa)
Davit Klim Babayan (ex ministro de Asuntos Exteriores)
Levon Henrikh Mnatsakanyan (ex comandante de las Fuerzas de Defensa)
Arkadi Arshavir Ghukasyan (ex Presidente)
Bako Sahak Sahakyan (ex Presidente)
Davit Ruben Ishkhanyan (ex líder del Parlamento)
Arayik Vladimir Harutyunyan (ex Presidente)
Vardanyan, caso emblemático
El caso del empresario, filántropo y exfuncionario armenio es llamativo por tratarse de una figura pública de amplia trayectoria en diversos ámbitos. Permanece detenido en Azerbaiyán desde que las fuerzas de Aliyev le impidieron cruzar a territorio bajo control armenio y lo acusaron de intentar atravesar una frontera de manera ilegal, cargo al que luego le sumaron varios más, como ha sido detallado previamente.
Bajo condiciones que organizaciones internacionales califican de graves violaciones a los derechos humanos, su caso ha suscitado amplio repudio internacional, centrando la atención en el trato de Bakú hacia los prisioneros políticos armenios y cuestionando el cumplimiento de las normativas internacionales de justicia.
Estado de salud y huelgas de hambre
Vardanyan finalizó su segunda huelga de hambre el 12 de marzo de 2025 tras 23 días consecutivos, con un impacto considerable en su salud. Durante ese periodo perdió más de 5,8 kilogramos y registró niveles peligrosos de hipertensión arterial.
“Lo que sabemos ahora es de público conocimiento”, señala la abogada Sahakyan en Ereván, “pero nos preocupa mucho que tenemos muchos más de 100 prisioneros que regresaron a Armenia sin haber recibido una sola visita de la Cruz Roja. Solamente se permitió la entrada a las fuerzas de paz rusas un día antes de la repatriación para obtener los nombres y transferirlos al lado armenio. Sin embargo, estuvieron en completo aislamiento y todos ellos fueron sometidos a varias formas de tortura física y psicológica”, asegura.
Juicio en tribunales militares
El juicio contra Vardanyan inició el 17 de enero de 2025 en un tribunal militar de Bakú, un hecho que violenta las normativas del derecho internacional que prohíben juzgar a civiles en este tipo de instancias. Fuentes internacionales, incluido el relator especial de la ONU sobre la independencia judicial, han señalado irregularidades, como la falta de traducción adecuada al armenio, audiencias cerradas al público, acceso limitado a las pruebas y presiones sobre su defensa legal.
El abogado defensor actual de Vardanyan, de nacionalidad azerí, ha enfrentado restricciones de acceso a materiales clave, confiscación de documentos y hostigamiento psicológico. Asimismo, el equipo legal internacional de Vardanyan no ha tenido acceso directo al caso ni se le ha permitido visitarlo, lo que infringe sus derechos de defensa.
“Tiene un abogado azerí con licencia en Azerbaiyán bajo el control de la Asociación de Abogados de Azerbaiyán. Son entidades estatales. Tenemos reservas sobre su independencia total. Pero desde esa perspectiva, tenemos más información, y esta información se comparte con el público, a diferencia de otros casos en los que son dejados sin representación legal y sus familias temen represalias, más torturas, etc., y se niegan a plantear muchos asuntos”, explica Siranoush Sahakyan.
Denuncias de tortura y respuesta internacional
Vardanyan fue víctima de malos tratos durante su primera huelga de hambre en abril de 2024, periodo en el que fue confinado en una celda de castigo, privado de agua y sometido a condiciones degradantes. Estas prácticas reflejan un patrón documentado de tortura hacia detenidos armenios, quienes han denunciado abusos físicos, privación de necesidades básicas y humillaciones psicológicas con tintes étnicos en las cárceles de Azerbaiyán.
La comunidad internacional ha condenado las irregularidades del caso. Organismos como el Parlamento Europeo han requerido la liberación inmediata de los detenidos armenios, observación de los juicios y sanciones contra funcionarios responsables de violaciones a los derechos humanos. Amnistía Internacional, por su parte, reclamó investigaciones independientes sobre los abusos denunciados por Vardanyan.
El Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y destacados líderes globales humanitarios también exigieron la liberación de Ruben Vardanyan y el respeto por los derechos fundamentales de los prisioneros políticos armenios, enfatizando la necesidad de monitorear de cerca los juicios en Azerbaiyán.
Mientras tanto, las tensiones políticas internas en Armenia se multiplican a medida que el gobierno se ve presionado a obtener un resultado concreto en las negociaciones de paz con Aliyev, que pretende someter a su gusto incluso la Constitución armenia y su declaración de independencia antes de firmar el fin de la guerra.
La prisa por llegar a un acuerdo parece tan apremiante que los delegados no se han demorado en incluir la libertad de los 23 detenidos reconocidos por Azerbaiyán dentro de la negociación o no han tenido la fuerza necesaria para lograrlo. De la voluntad gubernamental deberían nacer ideas para reforzar el apoyo internacional que presione a Azerbaiyán para que confirme su intención de paz y ponga fin al cautiverio de 23 personas a las que atesora como botín de guerra.