Santiago Díaz Asque, el asambleísta acusado. (Asamblea Nacional)

Joseph Santiago Díaz Asque, militante histórico de la Revolución Ciudadana y actual asambleísta, fue separado de su bancada y enfrenta una investigación penal por el presunto delito de violación a una niña de 12 años.

La denuncia fue presentada por el padre de la menor el 7 de julio de 2025 ante la Fiscalía General del Estado. Según el parte oficial, el abuso habría ocurrido en el domicilio del legislador, ubicado en el sector de Iñaquito, norte de Quito.

La Fiscalía informó a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter) que ha iniciado un proceso por violación y que, en el marco de esta investigación, se ejecutaron, la madrugada del 9 de julio, tres allanamientos en Quito con el apoyo de la Policía Nacional. Durante los operativos se recabaron documentos, dispositivos electrónicos y otros indicios, mientras que varias personas han sido convocadas a rendir versiones.

La denuncia sostiene que Díaz habría cometido el abuso mientras se encontraba en estado etílico. El padre de la menor también acusó a la madre y a la tía de la niña —quienes mantenían una relación cercana con el asambleísta— de encubrir el delito durante dos meses.

La denuncia por violanción contra Santiago Díaz Asque (X/@VozdelPuebloec)

Ante la conmoción provocada por la denuncia, la Asamblea Nacional del Ecuador difundió un comunicado en el que aseguró que colaborará con la investigación y exhortó a las autoridades competentes a actuar con celeridad y rigor. A su vez, la bancada de la Revolución Ciudadana, movimiento político fundado por el expresidente Rafael Correa, expresó su “más enérgico repudio” y anunció la expulsión inmediata de Díaz Asque tanto de la curul como de la organización.

Pese a que el correísmo anunció que Díaz Asque fue expulsado de su curul; el asambleísta acusado emitió un comunicado en redes sociales en el que se defendió con dureza. Aseguró que es víctima de una persecución política debido a su postura crítica frente al gobierno actual y que el proceso en su contra responde a un intento por silenciarlo. “En su afán de silenciar mi incorruptible voz crítica, ahora utilizan una bajeza en mi contra y montan un caso imposible. Su voracidad no tiene límites ni escrúpulos”, escribió. En ese mismo texto anunció que solicitaba una licencia sin remuneración de su cargo para enfrentar el proceso legal.

Verónica Sarauz, viuda de Fernando Villavicencio –el ex presidenciable asesinado en el 2023–, lo identificó como el agente que lideró el allanamiento a su domicilio en diciembre de 2013, y lo responsabilizó de haber sido parte de los operativos que incluyeron amenazas y violencia. El periodista Iván Poveda recordó en X la vinculación de Díaz con el grupo conocido informalmente como “los popeyes”, una fuerza de choque del correísmo encargada de tareas de presión o amedrentamiento, especialmente contra críticos del régimen.

Santiago Díaz Asque junto al ex presidente Rafael Correa. (X/ @soledadpadillam)

Díaz Asque trabajó en la Presidencia y también en la Secretaría Nacional de Inteligencia –acusada de servir como sistema de espionaje a opositores– durante el correísmo.

La ex asistente del ex vicepresidente Jorge Glas, quien lo denunció por intimidación, publicó en X que Díaz Asque: “No era un asambleísta más, como ahora intentan hacer creer. Era un hombre de absoluta confianza del ex presidente Rafael Correa”.

Durante la campaña presidencial de 2021, Díaz fue el jefe de campaña del binomio Andrés Arauz–Carlos Rabascall, auspiciado por la coalición Unión por la Esperanza (UNES) perteneciente al correísmo. Su nombre y el de su esposa, Helen Pazmiño, constan entre los principales aportantes del sistema de financiamiento colectivo —el denominado crowdfunding— que utilizó esa organización para recaudar fondos, de acuerdo con una investigación de La Fuente, el portal de periodismo de investigación fundado por Villavicencio. Según el reportaje publicado en el 2021, ambos realizaron donaciones significativas en efectivo que levantaron cuestionamientos sobre la transparencia y trazabilidad de los aportes.

Este esquema fue duramente criticado por su falta de controles y por el uso de depósitos en efectivo sin justificación financiera aparente, lo que motivó sospechas sobre la legalidad de los fondos utilizados. Díaz, sin embargo, mantuvo siempre un perfil discreto en lo público, aunque continuó desempeñando un rol activo dentro de la estructura correísta, como operador político.