El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), un ente que comprende a todas las universidades nacionales, le envió una carta al Ministerio de Capital Humano y a Sandra Petovello, donde advirtieron el riesgo que corren las clases en el segundo cuatrimestre de este año por la falta de financiación.
La preocupación de las autoridades universitarias alcanzó nuevamente su punto más alto de reclamos formales por cuestiones presupuestarias y de funcionamiento. El comunicado hizo hincapié en que la situación financiera actual puede impedir la continuidad del dictado de clases en el segundo cuatrimestre de 2025.
En la carta, el CIN volvió a visibilizar un conflicto que involucra no sólo a docentes y personal de administración, sino también a los beneficiarios del sistema de becas y a toda la comunidad académica pública.
Según se desprende del texto enviado, las universidades nacionales le solicitaron al Gobierno nacional “una respuesta inmediata”, al advertir que la falta de recursos afecta áreas críticas como los salarios, las becas de estudiantes y el presupuesto necesario para el funcionamiento cotidiano de las instituciones.
“Esta situación, que ya hemos manifestado en oportunidades anteriores, se ha agravado notablemente en los últimos meses”, remarcó la carta remitida al Ministerio que conduce Pettovello que fue firmada por el rector de la Universidad Nacional de la Pampa y presidente del organismo, Oscar Alpa.
Entre los principales puntos señalados en el documento, el CIN expuso que “aspecto más crítico es el continuo deterioro del salario real de nuestro capital humano, tanto docente como no docente”. Y agregaron: “En los últimos 19 meses, han sufrido una pérdida del 35 % de su poder adquisitivo, con una caída que se profundiza mes a mes. Como consecuencia directa de esta situación, se han producido, aproximadamente, 10.000 renuncias de docentes con alta calificación y con años de experiencia”.
“Este proceso de pérdida de recursos humanos clave se encuentra directamente vinculado a la política salarial de ese Ministerio, que ha otorgado aumentos por debajo de la inflación desde el inicio de su gestión, y que, de continuar en esta línea, profundizará aún más la crisis”, explicaron.
El reclamo también incluyó la desactualización de las becas estudiantiles y señalaron que “los montos asignados no alcanzan ni el 5% del objetivo” que es “acompañar económicamente a los estudiantes que necesitan apoyo para sostener su cursada”.
“Esta insuficiencia obliga, en muchos casos, a buscar trabajos que retrasan o, incluso, impiden la continuidad de sus estudios universitarios”, añadieron.
La disputa también tiene que ver con los gastos de funcionamiento y sostuvieron que, actualmente, el dinero que reciben las universidades “son inferiores, en términos nominales, a las del segundo semestre del año pasado” y que “representa una caída real del 90%”.
Y continuaron: “La falta de estos recursos compromete seriamente la posibilidad de realizar prácticas de campo e, incluso, podría impedir el dictado regular de clases por cortes de luz, falta de gas o desconexión tecnológica”.
En otro punto, la agrupación en donde hay varias universidades importantes como la de Buenos Aires, la de La Plata o la de Córdoba, entre otras destacadas, alertó sobre la situación en los programas específicos que permiten sostener doctorados, actividades de ciencia y técnica, extensión, hospitales universitarios y carreras estratégicas.
“Estos programas continúan con presupuestos congelados a valores nominales de septiembre de 2022 —con una pérdida del 500 % de su valor real— y, además, el último año fueron ejecutados recién el último día hábil de diciembre. Esta situación no solo dificulta la vinculación de las y los estudiantes con la comunidad y el territorio, sino que, incluso, impide el cursado de carreras completas por falta de recursos para el personal docente», explicaron.
En ese sentido, la Cámara de Diputados, a través de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Educación, buscan poder aprobar el dictamen que permita tratar en el recinto la ley de financiamiento universitario. En total, hay seis proyectos de ley referidos al financiamiento universitario y a la recomposición salarial del personal de las Altas Casas de Estudios.