La Jornada de Ministros de Desarrollo Productivo de la Argentina, realizada esta semana en Santiago de Chile y organizada junto a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y el Consejo Federal de Inversiones (CFI), reunió a autoridades nacionales, provinciales y referentes regionales para analizar los desafíos del desarrollo productivo y las condiciones necesarias para impulsar la competitividad. En ese marco, los representantes provinciales expusieron diagnósticos y plantearon una serie de reclamos a la administración central vinculados con infraestructura, energía, impuestos, financiamiento y asimetrías territoriales, con el objetivo de incorporarlos en la hoja de ruta federal que se está diseñando.
Las intervenciones dejaron en evidencia que cada jurisdicción enfrenta realidades diversas, pero comparten preocupaciones sobre logística, competitividad, costos energéticos, presión fiscal y acceso al crédito. También coincidieron en la necesidad de una visión federal que contemple las diferencias estructurales entre regiones.
Competitividad e infraestructura: el pedido de Córdoba
El ministro de Producción de Córdoba, Pedro Dellarossa, centró su intervención en la competitividad. Señaló que la provincia trabaja sobre cuatro ejes clave: impuestos, reglas laborales, energía e infraestructura. “Necesitamos la apertura comercial al mundo y lo que más nos desvela es la competitividad”, afirmó.
Dellarossa destacó el rol de la industria automotriz cordobesa y adelantó que las inversiones previstas “van a llegar a casi USD 2.000 millones en 2027 y 2028”, lo que permitiría que las exportaciones crezcan “de forma exponencial”. Sin embargo, advirtió que para expandir esa capacidad exportadora es necesario mejorar el transporte: “Para movernos por tren se necesita hacer una inversión de convoy. Hay incluso que modificar la estructura vial que tenemos entre Córdoba y Brasil”.
También reclamó mayor conectividad aérea: “Córdoba necesita que haya un puente aéreo en la ciudad de Santa Fe. Necesitamos también que esa comunicación llegue hasta Concepción del Uruguay, por donde podamos sacar nuestra producción”.
Formosa: logística y compensaciones fiscales
El subsecretario de Desarrollo de Formosa, Horacio Cosenza, planteó las limitaciones en infraestructura vial: “A nosotros nos faltan autovías y rutas”. También se refirió a los tributos provinciales y a los ingresos por regalías: “Vamos a modificar Ingresos Brutos, porque tenemos ingresos más altos en regalías. No hay que hablar de eliminación, pero sí de compensación”.
Cosenza advirtió sobre las dificultades presupuestarias: “Las provincias están bastante desfinanciadas hoy. Si seguimos así, se le va a complicar a todas las provincias”. Además, marcó las diferencias territoriales: “En el norte argentino hay un 10% más de pobreza. Esas son las asimetrías que desde la política se llevaron adelante”. Como prioridad para la hoja de ruta, sostuvo: “Tiene que ser el mejoramiento de la logística”.
Jujuy: gobernanza, impuestos y minería
El ministro de Producción de Jujuy, Juan Carlos Abud, destacó el rol de las zonas francas y los parques industriales. Explicó que en cada discusión “surge el tema impositivo, que es muy importante para lograr la competitividad”. Pero advirtió sobre la efectividad de los incentivos: “Podemos pensar en eximir de Ingresos Brutos a los inversores, pero no le hace mella a los inversores extranjeros”.
Abud señaló que la minería y el litio funcionan como impulsores de la economía jujeña: “Eso ha hecho que Jujuy pueda crecer en su PBG”. Aun así, describió desafíos internos: “Tenemos problemas en la gobernanza. Vemos también impuestos vs. incentivos fiscales, a ver para dónde podemos buscarle la vuelta para seguir creciendo cuando no controlamos las variables macro a nivel nacional”.
Tierra del Fuego: desarrollo agroalimentario
La ministra de Producción de Tierra del Fuego, Carolina Hernández, remarcó la importancia del sector agroalimentario y de la productividad.
“Hoy se habló mucho de la mejora de productividad en el marco de las capacidades técnico-organizativas de las empresas”, dijo. Planteó la necesidad de “fortalecer los lazos público privados” y agregó que los desafíos pasan por “seguir incentivando los procesos de desarrollo”.
Buenos Aires: energía, financiamiento y empleo industrial
La subsecretaria de Industria y PyMEs bonaerense, Mariela Bembi, sostuvo que “la provincia aporta el 40% de la recaudación y solo recibe el 7%”. Ante esto, planteó que, pese a las críticas sobre la administración de los recursos, el financiamiento es un punto central.
Bembi indicó que el capítulo energético es clave porque Buenos Aires refina la mayor parte del petróleo del país y concentra “el 50% del valor agregado industrial”. También mencionó la caída del empleo: “Desde que asumió Milei se perdieron 40.000 puestos de trabajo en el sector industrial”. En ese marco, pidió priorizar la industria nacional y señaló que buscan “una línea de trabajo” específica en energía.
Entre Ríos: costos y restricciones energéticas
El ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo, expuso dificultades en la distribución eléctrica: “Tenemos más restricciones en lo que tiene que ver con la distribución y la probabilidad de la energía”.
Por otro lado, Bernaudo señaló que la provincia está “en la mitad de la tabla” en costos energéticos y que la generación renovable “tiene bastantes restricciones”.
Santa Cruz: costos logísticos y federalismo energético
La ministra de Producción de Santa Cruz, Nadia Ricci, reclamó una política energética federal: “Santa Cruz hace un pedido para esta hoja de ruta, que tiene que ver con que las políticas energéticas sean pensadas en un plan federal”. Subrayó el potencial local: “Tenemos tres puertos de aguas profundas, dos zonas francas y todo para salir adelante”. Y pidió contemplar los costos de distancia: “Necesitamos que en este plan estratégico se le ponga costo a la distancia de las provincias que estamos más australes”.
Tucumán: defensa del bioetanol
El ministro de Economía de Tucumán, Daniel Abad, defendió el rol del bioetanol: “Somos el primer productor del país. Es una energía más limpia, más barata, no paga impuestos y aumenta el octanaje. Aún así no se le da relevancia”.
Abad llamó a una acción conjunta: “Esto hay que pelearlo en conjunto porque a todos nos compete”.
Catamarca: financiamiento y federalismo fiscal
La ministra de Economía de Catamarca, Alejandra Nazareno, planteó como prioridad “un financiamiento estable, visible y escalable” y criticó la concentración de recursos “Argentina tiene una estructura de federalismo fiscal donde los recursos y las decisiones se concentran a nivel nacional”, comentó.
También recordó que la provincia tiene un fondo de garantía público y pidió “mayor apalancamiento, más estabilidad y medidas contracíclicas”.
Misiones: pequeños productores y asimetrías
El subsecretario de Planificación de Misiones, Leonardo Amarilla, pidió que el financiamiento se enfoque en pequeños productores y primeras etapas de la cadena. “Deben tener la posibilidad de acceder al crédito para darle valor agregado”, dijo.
Asimismo, hizo hincapié en las dificultades energéticas: “Pagamos hasta siete u ocho veces la energía, versus la Capital Federal”. En ese contexto afirmó: “Hay que romper las asimetrías con cambios estructurales”.
San Luis: planificación y cadenas de valor
El ministro de Desarrollo Productivo de San Luis, Federico Trombotto, informó que la provincia trabaja en “tres planes maestros: el hídrico, el de energía y el de desarrollo de la cadena de valor”.
Durante su exposición, Trombotto destacó la importancia de la previsión para evitar problemas futuros.
Mendoza: impuestos, tipo de cambio y reglas laborales
El ministro de Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu, afirmó que la provincia continúa con el plan plurianual de baja de impuestos. “Si tenemos un Estado inmenso y subsidiador jamás tendremos superávit fiscal”, sostuvo. También criticó las distorsiones cambiarias: “Hemos llegado a tener 15 o 17 tipos de cambio”.
Vargas Arizu reclamó que se sigue pagando impuesto a las exportaciones. Además, expresó que el acuerdo firmado con Estados Unidos “le pone un cepo a la actividad” porque exige modificaciones en legislación laboral e impositiva.