El presidente del Consejo Europeo, António Costa, instó este viernes a Bruselas a avanzar con la aplicación provisional del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Mercosur.
Este acuerdo recibió el respaldo de los países del bloque la semana pasada, aunque el miércoles la Eurocámara decidió llevarlo ante la Justicia europea para que evalúe su legalidad.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, señaló que Bruselas estará lista para avanzar en ese sentido cuando los países de Mercosur finalicen sus propios procedimientos.
“El Consejo ya decidió la semana pasada, no solo dar el permiso a la Comisión Europea para firmar, sino también para la aplicación provisional del acuerdo”, destacó Costa tras una cumbre extraordinaria celebrada el jueves. Y añadió: “Invito a la Comisión Europea a hacer uso de esa decisión e implementar la aplicación provisional del acuerdo de Mercosur”.
Von der Leyen explicó que “algunos líderes” propusieron la aplicación provisional del acuerdo en la cumbre del jueves. “Hay un claro interés en asegurar que los beneficios del acuerdo se apliquen lo antes posible. No hemos tomado aún una decisión”, indicó.
La presidenta de la Comisión detalló que una decisión solo será necesaria cuando “un país o más países del Mercosur hayan completado sus procedimientos”, es decir, cuando “estén preparados”. Y agregó: “Nosotros estaremos listos cuando ellos estén listos”.
El miércoles, el Parlamento Europeo acordó llevar el acuerdo ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) para que determine su compatibilidad con los tratados, una medida que frena la entrada en vigor del pacto, a pesar de la firma realizada el pasado sábado en Paraguay.
Desde el punto de vista legal, la Comisión Europea no está obligada a esperar la decisión de la Eurocámara y podría comenzar a aplicar el acuerdo de forma provisional tras su firma en Paraguay. El único requisito es que alguno de los países de Mercosur lo ratifique, algo que aún no ha sucedido. Una vez que Brasil, Argentina, Uruguay o Paraguay lo hagan, el acuerdo podrá empezar a implementarse entre la UE y los países latinoamericanos que lo certifiquen.
La decisión del miércoles tuvo un trasfondo político, con el apoyo de los Verdes, la Izquierda Europea, grupos de extrema derecha, algunos eurodiputados del Partido Popular Europeo (especialmente los polacos) y representantes franceses de todos los grupos. Todos expresaron dudas sobre la legalidad del acuerdo.
El TJUE podría tardar entre 18 y 24 meses en emitir un fallo.