Luego de la sanción del acuerdo de libre comercio Mercosur- Unión Europea en los Congresos de Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay; el bloque europeo endureció las cláusulas bilaterales del salvaguardias agrícolas, lo que podría afectar las exportaciones de varios sectores argentinos.
Las modificaciones reflejan una estrategia más cautelosa y protectora por parte de la Unión Europea frente a la apertura comercial que implica el tratado. El endurecimiento de los umbrales, el monitoreo permanente y la ampliación de facultades de la Comisión Europea configuran un esquema más estricto para responder a eventuales impactos negativos en el agro europeo.
Según detalló la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el texto definitivo introduce cambios sustanciales respecto del borrador presentado en octubre:
Umbrales más estrictos para activar investigaciones
Una de las principales diferencias radica en el endurecimiento de los criterios que permiten iniciar investigaciones. Mientras que el borrador contemplaba umbrales del 10% en variables como el aumento de importaciones, la caída de la producción local o la brecha de precios, el reglamento final reduce esos parámetros al 5%.

De este modo, podrán activarse investigaciones cuando se verifique un incremento superior al 5% en el volumen importado respecto del promedio de los últimos tres años, acompañado de precios de importación al menos un 5% inferiores a los nacionales.
También se contemplan escenarios en los que los precios de importación caigan más de un 5% frente al promedio trienal y se mantengan por debajo de los precios internos.
Además de reducir los umbrales, se sustituye la comparación interanual por un promedio de tres años, lo que amplía la base de cálculo. A ello se suma una cláusula que otorga mayor discrecionalidad a la Comisión Europea, que podrá iniciar investigaciones aun sin alcanzar dichos umbrales si detecta indicios claros de deterioro económico o caídas sostenidas de precios.
Monitoreo permanente y mayor control
El reglamento también refuerza el sistema de seguimiento del mercado. El control, que en el borrador era semestral, pasa ahora a ser “constante y proactivo”, apoyado en los observatorios de mercado de la Unión Europea como fuentes oficiales de datos sobre precios y volúmenes.

En este marco, se introduce una herramienta clave: la posibilidad de que la Comisión Europea modifique la lista de productos sensibles. Esta decisión podrá adoptarse tanto por iniciativa propia como a pedido de sectores productivos europeos, siempre que exista una justificación fundada.
Medidas contra la elusión comercial
Otra novedad relevante es la incorporación de disposiciones anti-elusión. La normativa faculta a la Comisión a intervenir cuando detecte desvíos en las rutas comerciales destinados a evitar la aplicación de salvaguardias. En tales casos, podrá reforzar los controles aduaneros para impedir estas prácticas.
Ajustes jurídicos para evitar conflictos en la OMC
Más allá de los cambios operativos, el reglamento introduce modificaciones terminológicas con implicancias jurídicas. En particular, se reemplaza el concepto de “industria de la Unión” por el de “rama de la producción de la Unión”, alineándose con las categorías reconocidas por la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Este ajuste busca prevenir eventuales disputas por parte de países del Mercosur ante dicho organismo.
“Es el caso de la desaparición de ‘la industria de la Unión’ del borrador y su reemplazo por ‘la rama de la producción de la Unión’ en el texto definitivo, más específicamente en los artículos sobre el seguimiento de productos sensibles o los procesos de investigación. Lo positivo de esta reforma es que, de alguna manera, circunscribe la investigación y la presentación de pruebas de daño a los productores de un bien específico y no lo amplía a la cadena de valor, como hubiera sido el caso de utilizar un término mucho más amplio como ‘industria’”, remarcó la BCR.

Por otra parte, el reglamento establece que para pedir la salvaguardia debe existir una representatividad de la rama de la producción de “más del 50%” de la producción de todo el bloque -o un mínimo de 25% en casos excepcionales-.
“A todo esto, dichos porcentajes no se encuentran expresados en el Acuerdo de Salvaguardias de la OMC, en donde expresa que debe representar ‘una parte sustancial de la producción’”, remarcó la BCR.
En este contexto, la entidad señaló que si se tuviera que identificar cuáles son los sectores exportados por Argentina con mayor riesgo de enfrentar presiones u objeciones de parte de los productores europeos, podría señalarse que la carne bovina refrigerada y congelada, el biodiesel y otros combustibles a base de aceites vegetales.
En suma, “las oportunidades que el acuerdo genera para el arroz (especialmente el elaborado), los quesos y la leche en polvo también los hacen potenciales objetivos de presiones por la gran competitividad argentina y la arbitrariedad de las salvaguardas impuestas”, planteó la BCR.














