El Gobierno de Javier Milei endureció su política monetaria para contener el precio del dólar y limitar la inflación en la previa electoral, decisión que no está exenta de costos. La escasez de pesos en la economía impulsó una suba de tasas de interés y comenzó a reflejarse tanto en el costo del crédito como en la dinámica de una actividad económica.
El camino elegido por el equipo económico dominó los análisis de las principales consultoras y generó alarmas entre las empresas, en especial las industriales. El ministro de Economía, Luis Caputo, señaló que la volatilidad se explica en gran parte por el calendario electoral y la posibilidad de que ingresen al Congreso fuerzas del peronismo que dificulten el equilibrio fiscal. “El riesgo kuka”, definió el funcionario.
Si la estrategia oficial logra resultados, el Gobierno llegará a las urnas con una inflación inferior al 2% mensual, los valores más bajos registrados desde 2017, año en que Mauricio Macri alcanzó un triunfo en las legislativas de medio término. Se trata de un logro político que La Libertad Avanza buscará capitalizar, aunque en el frente financiero los inversores centran la atención en la evolución de las reservas.
Durante la última licitación, el Tesoro Nacional afrontó vencimientos por $15 billones y logró cubrir solo el 61%, quedando cerca de $6 billones de liquidez en cuestión. En términos oficiales, ese sobrante se consideró un “exceso de pesos sin demanda genuina”. El resultado llevó al Banco Central a reforzar el esquema de encajes, en línea con la secuencia iniciada tras el fallido desarme de las Lefis y con el anuncio de una licitación extraordinaria para captar esa masa de fondos. La medida de la autoridad monetaria no cayó bien entre los banqueros.
Volatilidad
Según la consultora Outlier, “para las próximas semanas no solo vemos una continuidad de las tasas altas y la volatilidad asociada, sino que podría intensificarse. También van a empezar a llegar noticias de los costos que pagará la economía real en la medida que los mismos se sostengan”. El informe remarcó que “la suba de tasas ya no es un tema estrictamente de los activos financieros, sino que comenzó a trasladarse al mercado de crédito y, vía el mismo, a la economía real”.
El análisis de Banco Provincia muestra cómo el salto en el costo del dinero repercute rápidamente en la operatoria de las empresas. El crédito a firmas cayó un 2,5% en términos reales desde el 11 de julio, un movimiento que se aceleró con el cierre de las Lefis y el incremento de la volatilidad de tasas.
El principal factor en este retroceso fue la reducción del 11% en los adelantos de cuenta corriente, un canal financiero tradicional para cubrir necesidades de capital de trabajo y desfasajes de caja. Las líneas para documentos -que suelen utilizarse para grandes gastos- solo subieron 1,7 por ciento. Esta contracción no afecta de inmediato a la inversión, pero limita el financiamiento de la actividad diaria y la circulación de capital de trabajo.
El mismo reporte detalla: “El salto de la tasa de interés, que pasó de 35% nominal anual hace un mes a más de 75% en la actualidad, motivó la reversión, que podría empezar a afectar la disponibilidad de liquidez, reforzando las tensiones en la cadena de pagos”. El mayor costo financiero y la caída en la renovación de adelantos presionan cada vez más a las empresas, que en muchos casos “no solo se estarían atrasando con los bancos: eventualmente, también podrían hacerlo con sus proveedores, tanto de mercadería como de fuerza de trabajo”, según el análisis de la entidad bancaria.
Industria, mercado y competencia
Las complicaciones alcanzan especialmente a la industria, que además de enfrentar un mercado interno deprimido y mayor competencia externas, arrastra una caída en la producción del 10% en el primer semestre del año, de acuerdo a la UIA. El informe sectorial expone que “el aumento de tasas impacta en el crédito y el costo de capital de trabajo”, mientras la apertura comercial renueva la presión sobre las empresas locales.
Desde el diagnóstico de Econviews se observa que la autoridad monetaria eligió un camino de fuerte restricción para evitar un salto del tipo de cambio y sostener el proceso de desinflación, incluso a costa de un mayor costo sobre la actividad. “No vemos que en lo inmediato las tasas de interés puedan bajar”, expuso la consultora.
“No hay dudas sobre los beneficios de conseguir una inflación baja. El interrogante está en si forzar la velocidad del proceso puede tener costos en términos de actividad que no sean tan deseables”. También detalló que “las tasas interbancarias volvieron a pasar el 65% nominal anual. La tasa de adelantos quedó arriba del 75% y el stock de esta línea de préstamos ya está cayendo en términos nominales. La tasa de cauciones a un día operó en promedio al 71,5%, aunque con excesiva volatilidad”.
Disciplinamiento
En su informe semanal, LCG enfatizó que el valor bajo del IPC en julio respondió, en parte, al disciplinamiento de precios por el freno en la actividad y a la sensación de mayor orden fiscal y comercial. No obstante, alertó sobre la fragilidad de ese anclaje, “en tanto que sigue dependiendo mucho de la evolución cambiaria, que a su vez depende mucho del saldo comercial externo”. A nivel monetario, la consultora consideró que la decisión de fortalecer el sesgo restrictivo provocó mayor complejidad en la gestión de liquidez por parte de los bancos y “eventualmente” tasas reales más positivas de lo necesario, lo que “restringirá el crédito, aumentará la mora y mantendrá el dinamismo económico anestesiado”.
Por el lado de las licitaciones, Invecq recopiló que en la última subasta del Tesoro quedó sin renovar casi $6 billones, cifra que el Gobierno buscará absorber a través de los nuevos requisitos de encajes y títulos públicos. El comportamiento del mercado mostró una presión particular sobre los instrumentos cortos, con tasas efectivas anuales superiores a las de mercado secundario y una demanda que eligió los papeles con vencimientos más próximos. La consultora sostuvo que la estrategia oficial apunta a “contener presiones cambiarias y anclar la inflación”, aunque incrementa el riesgo de una recesión más profunda y elevada tensión financiera.
Desde la visión de One618, el diseño actual de la política monetaria mantiene un riesgo central: “el Gobierno y el BCRA no están en control de la cantidad total de liquidez en la economía; el sector privado lo está”. El análisis agrega: “Crear una demanda artificial de base monetaria no ayuda a mitigar el principal problema, que fue que tras el fin de las Lefis y la ausencia de un mecanismo alternativo para regular el mercado overnight, los bancos afrontan un descalce de plazos”. La vulnerabilidad financiera, reforzada por la volatilidad de tasas y la cercanía de las elecciones, actúa como un factor extra de presión.
La consultora Outlier sintetizó la sensación del mercado: “Estos mayores costos financieros y la mayor incertidumbre al respecto tampoco son inocuos en términos de precios. Con incertidumbre financiera los precios suben, porque se incrementan los márgenes como forma de cobertura”. Las consecuencias de la política monetaria se sienten desde la operatoria bancaria hasta los balances empresariales y configuran un escenario de alerta para la economía real.