La permanencia de Mauro Icardi en el Registro Público de Alimentantes Morosos (RPAM) de la Ciudad de Buenos Aires revela el alcance y las dificultades de un sistema que trasciende el caso individual y afecta a miles de personas en el país. Aunque en los últimos días se difundió que el futbolista había cancelado las deudas vinculadas a la manutención de sus hijas, su nombre sigue figurando en la nómina oficial de deudores, según pudo corroborar Infobae. La situación, lejos de ser excepcional, expone la existencia de una normativa que impone condiciones estrictas para abandonar el listado: no basta con abonar las cuotas adeudadas, sino que se requiere una orden judicial y el pago de un arancel administrativo, que tiene un costo actual de $251.970.
Esta regla, poco conocida fuera del ámbito judicial, volvió a la agenda pública a raíz de la exposición mediática del caso. El procedimiento, que busca garantizar el cumplimiento efectivo y sostenido del derecho alimentario, establece que la inscripción en el RPAM solo puede ser cancelada mediante la intervención expresa del juzgado que dispuso la medida. Hasta tanto no se cumpla este trámite, el nombre de quien fue incluido permanece visible en el registro y enfrenta todas las restricciones asociadas, desde impedimentos para salir del país hasta la imposibilidad de celebrar ciertos contratos.
La situación de Icardi se produce en un contexto de mayor fiscalización por parte del Estado porteño. La Ciudad de Buenos Aires intensificó desde marzo los controles en estadios de fútbol y recitales, con el objetivo de identificar alimentantes morosos. En casi un centenar de operativos realizados en lo que va del año, los agentes detectaron 75 personas inscriptas en el RPAM: 39 en espectáculos deportivos y 34 en eventos culturales masivos. Estas acciones forman parte de una política más amplia, reforzada tras la reforma legal aprobada por la Legislatura porteña, que busca desalentar el incumplimiento de las obligaciones alimentarias y proteger los derechos de los menores.
El caso de alto perfil del delantero del Galatasaray alcanzó notoriedad pública el pasado viernes, cuando trascendió que había regularizado su situación para poder viajar a la Argentina y compartir la Navidad con sus hijas, Francesca e Isabella. Sin embargo, la versión oficial fue desmentida por Wanda Nara, su expareja, adelantando que la situación del jugador no está regularizada aún. “No levanta el juez el ordenamiento ni la inscripción de deudor”, había comentado.
El impacto de permanecer inscripto en el RPAM no se limita a una cuestión reputacional. Para los extranjeros o quienes necesitan viajar al exterior, la inclusión en el registro puede derivar en la prohibición de salir del país. En el caso de Icardi, la presión no era solo económica: para poder regresar a Turquía antes de fin de año, el futbolista debía cumplir con los requisitos que exige la justicia argentina y garantizar el régimen de visitas acordado. Un fallo judicial firmado por el juez Carlos Hagopian, al que accedió Teleshow, estableció que las niñas estarían bajo la custodia de su padre desde el 22 de diciembre a las 11:00 hasta el 27 a la misma hora, ordenando que la madre entregase a las menores en el horario estipulado y autorizando incluso el uso de la fuerza pública ante cualquier demora.
La abogada de Icardi, Lara Piro, justificó la decisión del tribunal al subrayar la existencia de un proceso internacional en curso: “Las nenas pasan la Navidad con el padre porque hay un proceso de Restitución Internacional en trámite, y si el padre se toma un avión para venir a ver a sus hijas, es lógico que el juez lo priorice ante la madre que dispuso la retención indebida de las nenas en otro país que no era su centro de vida”, declaró Piro.
El sistema, diseñado para resguardar el interés superior de los menores, exige que cada paso para salir del registro quede debidamente documentado y autorizado por la justicia. Pagar la deuda no alcanza: el proceso incluye la solicitud judicial y el pago del arancel. Hasta entonces, la inscripción permanece activa, lo que puede tener consecuencias legales, patrimoniales y personales para quienes integran la lista.
Actualmente, más de 11.000 personas figuran como deudores alimentarios en el registro porteño, lo que evidencia la magnitud del problema y la necesidad de mecanismos efectivos para asegurar el cumplimiento de las obligaciones.