
Quince años después de la revolución de 2011 que derrocó a Hosni Mubarak tras tres décadas en el poder, Egipto vive bajo el mandato de Abdelfatah al Sisi -presidente desde 2014-, un gobierno que analistas y organismos internacionales describen como más autoritario y militarizado que el anterior.
Estas son las claves del actual escenario político y social en Egipto tras la caída de la figura de Mubarak, una transición que algunos sectores de la sociedad consideran fallida.
Autoritarismo
Entre la llegada al poder de Hosni Mubarak en 1981 y hasta 2005 solo hubo plebiscitos, en los que los egipcios respondían si le querían como presidente o no. Todos concluyeron a su favor.
En las elecciones presidenciales de 2005 participó por primera vez más de un candidato.

Esas elecciones marcaron una política sustentada en un modelo de “autoritarismo electoral” con el Partido Nacional Democrático (NDP) del presidente como dominante, comicios manipulados y cierta tolerancia, muy limitada, a la oposición.
En ese contexto, Mubarak permitía un espacio restringido de disidencia, como prensa crítica o partidos opositores, siempre que no amenazaran el núcleo del régimen, en un contexto de corrupción generalizada.
La salida de Mubarak tras 30 años en el poder abrió un proceso de transición con el fugaz gobierno de Mohamed Morsi (2012-2013), el único elegido democráticamente en la historia egipcia, que situó a la organización islamista de los Hermanos Musulmanes al frente del país todavía inmerso en convulsiones sociales y protestas masivas.
La crisis política quedó lejos de resolverse, y bajo enormes protestas ciudadanas contra el gobierno, Abdelfatah al Sisi, ministro de Defensa de Morsi, lideró una intervención militar que lo depuso en julio de 2013.

Al poco, Al Sisi asumió la presidencia tras ganar unas elecciones en las que los Hermanos Musulmanes ya estuvieron vetados, basando su gobierno en el apoyo militar y la represión de la disidencia, la actividad política y limitando la acción de los medios.
Al Sisi estableció un modelo de control de las instituciones como la judicatura, la inteligencia y las Fuerzas Armadas, así como por la supresión casi por completo del espacio opositor mediante leyes restrictivas y despolitización de la esfera pública para evitar posibles protestas populares.
El estamento militar
Las Fuerzas Armadas han sido el actor central del poder egipcio desde 1952, un rol que se ha intensificado tras 2013 con la llegada al poder de un presidente que era jefe del Ejército.
Bajo Mubarak, los militares mantenían un papel político influyente y económico significativo con el control de empresas y tierras, pero compartido con élites civiles y el NDP. El Ejército actuaba como garante del régimen, pero no dominaba directamente la economía ni la toma de decisiones diarias.

Con Al Sisi, el Ejército ha ampliado su influencia sobre sectores económicos clave como infraestructuras y grandes obras públicas, la gestión de megaproyectos como la ampliación del Canal de Suez o la nueva capital administrativa.
El centro de estudios y análisis Carnegie Endowment estima que el Ejército maneja hasta el 25% del gasto público en vivienda e infraestructuras, con exenciones fiscales y mano de obra gratuita, mientras que Reset DOC y Journal of Democracy señalan que el presidente egipcio subordina las instituciones a la lealtad militar, con oficiales retirados en cargos clave.
Egipto en el tablero internacional
Mubarak consolidó a Egipto como un socio estratégico fundamental de Estados Unidos en Oriente Medio, recibiendo una ayuda militar anual de 1.300 millones de dólares desde 1979 por mantener la paz con Israel y combatir el islamismo radical, y se convirtió en un pilar de estabilidad regional.
Esa alianza aún se mantiene y la ayuda militar también, pese a las críticas de organizaciones defensoras de derechos humanos, aunque también ha estrechado relaciones con la Unión Europea en materia de seguridad y control de flujos migratorios.

Represión social
Informes de Human Rights Watch (HRW) y Freedom House señalan que la represión en el régimen de Mubarak era selectiva y calculada, pero se permitía cierto margen para activismo, si bien denunciaban miles de presos políticos.
No obstante, esos mismos analistas ven que con Al Sisi la represión es sistemática y masiva, calificada como “sin precedentes” por Carnegie Endowment y HRW, y acompañada por miles de detenciones, desapariciones forzadas, torturas y sentencias masivas por terrorismo.
Amnistía Internacional alerta de que la campaña de represión ha superado en alcance y severidad a la de Mubarak, control total de medios y sociedad civil, en un contexto en el que, según Freedom House, el gobierno usa leyes antiterroristas y vigilancia digital para erradicar la disidencia, generando un clima de miedo que impide protestas.
Así, las expectativas de cambio político y social surgidas en 2011 no se han materializado para amplios sectores de la sociedad, especialmente los jóvenes, que tratan de desafiar al sistema con mensajes críticos en redes sociales a pesar de las continuas detenciones por “publicar noticias falsas” y “pertenencia a organización terrorista”.
(con información de EFE)