En noviembre de 1992 el candidato demócrata Bill Clinton llegó por primera vez a la Casa Blanca tras derrotar ampliamente a su rival republicano, George Herbert Bush, que presidía los Estados Unidos desde 1988. Con flamantes 46 años, Clinton, exgobernador de Arkansas, obtuvo el 43 por ciento de los votos, frente al 37,4 por ciento alcanzado por Bush. La sorpresa electoral la protagonizó el empresario tejano Ross Perot, quien se llevó casi el 19 por ciento de los sufragios.
Clinton designó al veterano dirigente Warren Christopher al frente de la secretaría de Estado. Tras la liberación de Kuwait en 1991 que había sido invadida por el dictador de Irak Sadam Hussein un año antes, la Casa Blanca se propuso lograr la estabilidad política en Medio Oriente. En este sentido, en el marco de los Acuerdos de Oslo de 1993, el mandatario demócrata reunió en Camp David al primer ministro israelí Yitzhak Rabin con el presidente de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Yasser Arafat, para firmar un acuerdo histórico que otorgaba a los palestinos un autogobierno limitado en la Franja de Gaza y Jericó.
En octubre de 1994 la diplomacia norteamericana logró restituir al presidente de Haití, Jean-Bertrand Aristide, quien había sido derrocado por un golpe militar en 1991. Un año después, en el marco de la guerra que se desarrollaba en la ex Yugoslavia, la administración de Clinton logró la firma del acuerdo de paz rubricado por los presidentes de Bosnia, Croacia y Serbia.
Con la caída del Muro de Berlín en noviembre de 1989 la relación de los Estados Unidos con la Cuba gobernada por Fidel Castro desde la revolución de 1959 comenzó una nueva etapa histórica.
La desintegración de la Unión Soviética produjo graves consecuencias en la economía de la isla, estimándose que a principios del año 1993 el producto bruto interno (PBI) sufrió una caída del 30 por ciento.
Dos semanas antes de las elecciones presidenciales de 1992, George H. Bush promulgó la Ley Torricelli (Cuban Democracy Act), a través de la cual se reforzó el embargo estadounidense contra Cuba. La norma limitó el desarrollo del comercio exterior del régimen castrista, especialmente con las subsidiarias de empresas estadounidenses en terceros países.
A principios de agosto de 1994 se produjo el llamado Maleconazo, un levantamiento popular de miles de cubanos que salieron a las calles de La Habana para exigir libertad y expresar la frustración con el gobierno por el agravamiento de la situación socioeconómica.
Un año después la administración de Clinton instauró la denominada política de “Pies secos – Pies mojados”, a partir de la cual, si un ciudadano un cubano era detenido por la Guardia Costera estadounidense en el agua antes de tocar tierra, se consideraba que no había entrado legalmente al país y era devuelto a Cuba o enviado a un tercer país en forma inmediata. En cambio, si un cubano migrante lograba pisar suelo estadounidense, se le permitía quedarse, y a partir de un año, podía solicitar la residencia permanente.
Estos intentos de acercamiento entre Clinton y Castro sufrieron un duro golpe el 24 de febrero de 1996 cuando dos aviones MIG de fabricación rusa que habían partido de la base aérea San Antonio de los Baños ubicada a 48 kilómetros al sur de La Habana derribaron dos aviones civiles Cessna que habían partido de un aeropuerto de Miami, tripulados por la organización Hermanos al Rescate.
Los misiles aire-aire provocaron la muerte instantánea de cuatro pilotos: Armando Alejandre Jr. (45 años), Carlos Costa (29), Mario de la Peña (24) y Pablo Morales (24). Una tercera avioneta, al mando de José Basulto (líder del grupo), logró escapar pese a ser perseguida por las aeronaves cubanas.
Hermanos al Rescate se había formado en el año 1991 durante la presidencia de George Herbert Bush con el objetivo de prestar ayuda humanitaria a los balseros que trataban de emigrar de Cuba, situada a solo 145 kilómetros del territorio estadounidense. Su proclama central estaba dirigida a “apoyar los esfuerzos del pueblo cubano a liberarse de la dictadura a través del uso de la no violencia”.
La polémica sobre el lugar exacto del derribo de los tres aviones Cessna continúa hasta el día de hoy. De acuerdo a la información brindada por la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional) y el gobierno estadounidense, las aeronaves fueron abatidas en aguas internacionales, a aproximadamente 6-9 millas náuticas (11-17 km) al norte de la costa cubana, fuera del límite de 12 millas del espacio aéreo cubano.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resolvió en su informe definitivo del caso publicado en 1999 que el Estado cubano era responsable internacionalmente por la violación del derecho a la vida (Artículo 4 de la Declaración Americana de Derechos Humanos) de los cuatro pilotos civiles abatidos el 24 de febrero de 1996. Calificó el derribo como “ejecución extrajudicial premeditada” por agentes estatales (Fuerza Aérea cubana), ocurrido en espacio aéreo internacional, basado en evidencias del informe OACI, radares y testimonios, sin proporcionalidad ni intentos razonables de comunicación previa.
Por su parte, La Resolución 1067 del Consejo de Seguridad de la ONU del 26 de julio de 1996 condenó el derribo de dos avionetas civiles de Hermanos al Rescate por la Fuerza Aérea cubana el 24 de febrero de 1996, calificándolo como una violación del principio de no usar armas contra aeronaves civiles en vuelo y una amenaza a la seguridad de la aviación internacional. La Resolución de la ONU fue adoptada por 13 votos a favor, 0 en contra y las abstenciones de Rusia y de China.
Fue en esta coyuntura que el parlamento norteamericano sancionó la Ley Helms-Burton, aunque el título oficial de la norma fue “Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubana”. Promovida por el senador republicano por Carolina del Norte, Jesse Helms, y el también representante demócrata por Indiana, Dan Burton, la ley fue aprobada por el Senado el 29 de febrero de 1996 y por la Cámara de Representantes el 6 de marzo del mismo año. El presidente Clinton la sancionaría seis días después tras una fuerte presión de los principales líderes del Partido Republicano.
La ley Helms- Burton reforzó los alcances de la ley Torricelli ampliando su carácter extraterritorial y penalizando a empresas extranjeras que se beneficien de propiedades expropiadas tras la Revolución cubana de 1959. El Título III autorizó a ciudadanos estadounidenses (incluidos cubano-americanos) a demandar en tribunales del país a esas empresas. El postulado central de la norma condiciona explícitamente el fin del embargo a un cambio político interno en Cuba a partir de elecciones libres y respeto irrestricto de los derechos humanos.
Durante la gestión del presidente Barack Obama se intentó flexibilizar el Título III (demandas a empresas extranjeras por usar propiedades confiscadas).
El mandatario demócrata renovó la suspensión de seis meses a lo largo de todo su mandato, no pudiéndose presentar demandas bajo ese título mientras él estuvo al frente de la Casa Blanca.
A lo largo de su primer mandato presidencial (2017-2021) Donald Trump activó nuevamente el alcance pleno del Título III. Impuso nuevas sanciones económicas y financieras, aumentando la presión sobre bancos y empresas extranjeras que operaban con Cuba.
Además, restringió viajes a la isla y suspendió la emisión regular de visas en Cuba, obligando a solicitarlas en terceros países. En enero de 2021 Trump reincorporó a Cuba a la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, medida confirmada por el presidente demócrata Joe Biden durante su gestión.
Desde el comienzo de su segunda mandato Trump dejó en claro que continuaría su política de aislamiento de Cuba. El Departamento de Estado a cargo de Marco Rubio calificó a Cuba como un país que “no coopera plenamente” en el combate del terrorismo internacional. Se prohibieron también las exportaciones de materiales para defensa y seguridad con la isla gobernada por Miguel Díaz-Canel desde 2019
A su vez, en julio del año pasado, Trump dictó una resolución que, entre otras medidas restrictivas sobre la isla, pone fin a la política de “pies mojados, pies secos” dirigida a “desalentar la migración ilegal y peligrosa”.
Tras la captura y la prisión del presidente de Venezuela Nicolás Maduro, Díaz-Canel advirtió que su país atraviesa un “desabastecimiento agudo de combustible”, y al mismo tiempo denunció una “campaña de calumnia, odio y guerra psicológica” desde los Estados Unidos. Sin embargo, dijo que su gobierno está “dispuesto a un diálogo” con la administración de Donald Trump.
La situación económica de la isla se ha complicado gravemente en los últimos meses como consecuencia de la crisis energética derivada en la caída de la importación de combustible desde Venezuela (que intenta compensar con la ayuda del gobierno mexicano). El colapso en los servicios públicos básicos y la producción agrícola, sumado a las dificultades crecientes en el sistema de transporte presagian un aumento de las protestas sociales.
Los documentos de seguridad nacional para América Latina que la administración de Trump hizo públicos en los últimos meses señalan que Cuba es parte de una amenaza estratégica en el hemisferio junto con Venezuela y Nicaragua, considerando la dependencia económica y política que esos países mantienen con Rusia y con China.
¿Llegará la perestroika a Cuba durante el mandato presidencial de Donald Trump? De concretarse la democratización de la isla el mandatario republicano tendría el Premio Nobel de la Paz asegurado.