El tiempo corre y la espera se hace angustiante para la jueza Julieta Makintach. Recientemente suspendida de su cargo por grabar un documental clandestino durante el juicio por la muerte de Maradona, la magistrada del escándalo ahora está a la espera de recibir un guiño desde La Plata que cambie su suerte.
Es que mientras se prepara un jury de enjuiciamiento en su contra, Makintach se aferra a la esperanza de que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, le acepte su dimisión presentada el 25 de junio y le ahorre así el trámite de enfrentar el juicio político. Si eso no ocurre, entonces la jueza inexorablemente tendrá que afrontar un desgastante proceso judicial que, además, la imposibilitará de ocupar cualquier cargo en el futuro.
Por esta razón, en las últimas horas, la magistrada decidió dar un vuelco en su estrategia de defensa y realizó un cambio de abogados para no solo tener una defensa técnica, sino también una mediática y política.
La jueza, según confirmó ella misma a Infobae, contrató al doctor Nicolás Urrutia: el mismo letrado que representa a la modelo Jésica Cirio en su divorcio con su exmarido Elías Piccirillo.
Urrutia es socio del estudio jurídico GCU, integrado también por los doctores Nicolás Corleto y Diego Guerendiain. Este último fue jefe de gabinete del ministro de Justicia Mariano Cuneo Libarona hasta mayo del año pasado, cuando fue despedido.
Tal como contó este medio en ese momento, la explicación formal fue “motivos personales”, pero fuentes consultadas señalaron que se habría movido por tribunales hablando con jueces en nombre del Gobierno cuando nadie le había encomendado la tarea, situación que llegó a oídos del presidente Javier Milei.
Ahora, la estrategia de Makintach y su nuevo defensor está centrada en dos frentes: por un lado, la defensa en la causa penal que se está llevando en su contra y por el otro conseguir que Axel Kicillof acepte la renuncia.
Sin embargo, una fuente cercana al primer mandatario bonaerense dijo a este medio que por ahora el gobernador no tiene intenciones de aceptar su dimisión al cargo. Según supo Infobae, el escrito elaborado por la jueza llegó al despacho de Kicillof horas después de su presentación y, ya con la renuncia en su poder, él mismo se encargó de averiguar el trasfondo del escándalo. También buscó asesoramiento de funcionarios judiciales que le expresaron su opinión sobre lo ocurrido durante el debate oral en San Isidro.
Como no tiene un plazo para resolver el pedido, por el momento el gobernador habría decidido no expedirse al respecto y dejar que el jury continúe su curso. Con este panorama, serán los legisladores quienes juzguen las pruebas recabadas en la investigación judicial y definan el futuro de Makintach.
Entre sus íntimos, la magistrada asegura que oportunamente se va a presentar en la causa penal para dar “todas las explicaciones pertinentes”. Según ella, su verdad difiere en muchos aspectos con respecto a la que circula en los medios de comunicación.
La por ahora jueza trabaja en una presentación en la que explicará que no conoce a nadie de la productora que estaba armando el documental. Contará que solo tiene relación con María Lía Vidal, quien es su amiga del colegio y de toda la vida, y que no se dedica ni a la publicidad ni a hacer documentales. La magistrada repite entre sus allegados que tanto ella como su amiga se prestaron al documental sin saber el daño que podía generar.
Su presentación en el expediente puede ser explosiva. No solo por sus explicaciones sobre el documental, sino porque promete contar que había más personas que estaban al tanto del documental. Entre ellos, sus compañeros de tribunal, los doctores Verónica Di Tommaso y Maximiliano Savarino, sobre quienes los fiscales Amallo, Chaieb y Asprella -a cargo de la investigación sobre el film- posan la lupa desde el comienzo del expediente: siempre les pareció por lo menos raro que ninguno supiera lo que ocurría en la sala del debate oral que ellos mismos dirigían.
En línea con esta hipótesis, en la causa que tramita en la Fiscalía N°1 de San Isidro, se sumaron dos declaraciones de testigos que comprometieron a los magistrados.
En su presunta presentación, la jueza Makintach dejaría en claro que no solo sus compañeros de tribunal sabían que había una cámara grabando, sino más personas. Quizás, superiores a ella.