El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, afirmó que para “despejar el riesgo kuka” es necesario “poner bien el voto” en las elecciones. Durante su participación en un evento sobre financiamiento e infraestructura energética organizado por AmCham, el funcionario aseguró que la política económica del Gobierno recibe el aval de una sociedad que, según su visión, reconoce que el programa oficial “está dando resultados”.
Quirno compartió el panel con Facundo Gómez Minujín, presidente de JPMorgan para Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, y con Viviana Alvear, representante del BID en Argentina. El debate giró en torno al rol del financiamiento en obras estratégicas, el contexto macroeconómico y las condiciones necesarias para que el país acceda nuevamente a los mercados internacionales de crédito.
Uno de los ejes fue el proyecto Vaca Muerta Sur, presentado como un caso testigo del nuevo modelo de financiamiento impulsado por el Gobierno. Quirno sostuvo que se trata de un emprendimiento que puede “cambiar por completo el panorama del sector” y que resultó “el más grande de la historia de Argentina” en su tipo, con una inversión de 2.000 millones de dólares, gestionada sin participación estatal y mediante un esquema híbrido que denominó “Blended Project Finance”.
El secretario remarcó que ocho grandes productores de petróleo participaron como sponsors, con YPF al frente del consorcio, y que la financiación provino de cinco bancos. El oleoducto, que unirá Allen con Punta Colorada, medirá 437 kilómetros y deberá finalizarse a fines de 2026. En cuanto a su estructura financiera, Quirno explicó que se fijó una tasa basada en un promedio ponderado del costo de financiamiento de cada empresa, más un costo de estructuración equivalente a SOFR + 550 puntos básicos.
Aunque el modelo no se ajustó estrictamente al concepto clásico de Project Finance, el funcionario lo consideró clave para el nuevo paradigma que busca establecer el oficialismo. Sostuvo que este tipo de esquema debe replicarse en obras de gran escala para atraer capital privado sin que el Estado comprometa sus recursos fiscales.
Al contrastar con el pasado, Quirno mencionó el caso del gasoducto Perito Moreno, en el que el Estado tuvo que asumir el rol principal y afrontar mayores costos por la imposibilidad de atraer financiamiento externo. En cambio, con Vaca Muerta Sur, subrayó que la velocidad de ejecución y el compromiso de los privados demostraron que las condiciones actuales permiten un “nuevo esquema” basado en previsibilidad macroeconómica y reglas de juego estables.
El secretario de Finanzas sostuvo que la consolidación fiscal, la ausencia de emisión monetaria y la estabilidad del tipo de cambio ayudan a reducir el impuesto inflacionario y el costo de capital, lo que habilita la concreción de proyectos que durante años permanecieron como posibilidades latentes. “El contexto macro colabora para desarrollar el potencial que Argentina tiene”, aseguró.
Consultado sobre el retorno a los mercados de deuda voluntaria, Quirno indicó que el gobierno ya pagó sus compromisos con el Fondo Monetario Internacional, organismos multilaterales y acreedores privados, y que busca construir el “track record necesario para volver a ser creíble”. Remarcó que el actual programa económico logró acumular más reservas en 18 meses que cualquier otro gobierno desde el regreso de la democracia.
En su diagnóstico, la falta de acceso al crédito internacional forzó a la Argentina a cancelar vencimientos con recursos propios, y esa estrategia formó parte de un proceso para recuperar la confianza. Dijo que el país podrá volver a los mercados si consolida el equilibrio macroeconómico, ya que “eso al final del día es lo que nos va a dar acceso para refinanciar vencimientos”.
Durante el evento, los expositores también analizaron el papel de los organismos internacionales en el financiamiento de infraestructura. Alvear explicó que el Banco Interamericano de Desarrollo aprobó un programa de 10.000 millones de dólares en tres años para la Argentina, con líneas destinadas a obras energéticas, consolidación fiscal y reformas estructurales.
Según la representante del BID, la entidad planea ofrecer préstamos directos, garantías parciales, participación accionaria y otros instrumentos destinados a proyectos de los sectores público y privado. También destacó que el banco trabaja con Nación en el diseño de financiamiento para las provincias, y que el foco está puesto en promover inversiones que cierren brechas de desarrollo.
Quirno consultó si había un estimado de cuánto se destinaría a infraestructura energética. Alvear respondió que dependerá de la demanda, pero que existe “mucho interés” y disposición para recibir propuestas.
Por su parte, Gómez Minujín reveló que JPMorgan estima en 60.000 millones de dólares las necesidades de financiamiento de proyectos energéticos en Argentina, y advirtió que uno de los grandes desafíos será “priorizar los más viables”. Mencionó, entre otros, la planta de GNL de Vaca Muerta, oleoductos, y varios desarrollos mineros, en especial de cobre, como Los Azules y Vicuñas.
El banquero pidió que las agencias de crédito mejoren la calificación soberana de Argentina para facilitar la participación de bancos estadounidenses, y que las ECAs (Export Credit Agencies) tengan un rol más activo. Afirmó que el acceso al mercado de capitales está ligado a una baja del riesgo país, y que el país debe seguir trabajando para ser considerado una plaza atractiva para las inversiones.
En el tramo final, Quirno hizo referencia al escenario electoral y la incertidumbre política que rodea los próximos comicios. Dijo que, a diferencia de otras visiones centradas en el corto plazo, el Gobierno se enfoca en crear condiciones de largo plazo que garanticen la continuidad de las inversiones. En ese sentido, defendió el régimen de incentivo a grandes inversiones (RIGI), que ya cuenta con seis proyectos aprobados y una proyección de 13.000 millones de dólares en inversión.
En su intervención, Quirno reiteró que “no habrá falta de dólares” en la medida en que la Argentina triplique sus exportaciones a través de la consolidación de tres sectores clave: energía, agroindustria y minería. Estimó que ese proceso tomará entre siete y ocho años, y que el país contará con dos nuevos complejos exportadores de escala, además del agro tradicional.
En línea con esa proyección, expresó que tanto el BID como JPMorgan deberían “pelearse por traer más recursos para la Argentina”, y que la función del Estado consiste en “pintar la cancha”, pero que los que juegan son los privados. “Lo único que vamos a hacer es poner las redes y la pelota”, resumió.
En cuanto al mensaje político, reiteró que el respaldo social al plan económico es una señal clara de que el rumbo no debe cambiar. “Todo lo que hacemos está validado por una sociedad que ve que dan los resultados necesarios”, concluyó.