El caso de las dos internas fallecidas en el penal de Bouwer en diciembre del año pasado cobró notoriedad tras el reclamo de la madre de una de las víctimas ante la falta de avances en la investigación. La mujer denunció que existieron “graves irregularidades” en el sistema penitenciario y expresó: “Mi hija estaba pagando por un delito que había cometido y me la dieron sin vida”.
Luego de haber transcurrido dos meses del episodio en el que Agostina Guadalupe Pedraza, de 25 años, perdió la vida en una celda de aislamiento, su mamá Valeria Soledad Romero, responsabilizó a las autoridades por el hecho en el que también murió María Flavia Ramallo, de 33. “No me la cuidaron como la tenían que cuidar”, reclamó Romero en Telenoche de Córdoba. Además, el peritaje de Bomberos determinó que el incendio fue intencional. La joven era oriunda de Mina Clavero y madre de una niña de cinco años, había solicitado el traslado a Bouwer para estar más cerca de sus familiares durante las Fiestas. Ese pedido se concretó solo horas antes del siniestro.
El comunicado de las autoridades policiales informaba que el incidente se registró a la 1:17 del sábado 20 de diciembre, tras una pelea entre dos internas. De acuerdo con fuentes policiales, durante la disputa se produjo un incendio en el interior de la Antesala del Núcleo “C” del Establecimiento Penitenciario N° 3, que fue controlado por el personal de guardia y el Grupo de Intervención Rápida (GIRF).
Por otro lado, trascendió que todo ocurrió tras la quema de colchones en un espacio que disponía de los factores necesarios para un riesgo extremo, como la falta de funcionamiento de los matafuegos.
En declaraciones televisivas, la mujer explicó que Pedraza no tenía una condena firme y permanecía bajo custodia exclusiva del Estado provincial. Sostuvo que aquella noche, a pesar de los pedidos de auxilio de su hija, el personal penitenciario demoró la apertura de las puertas y priorizó la evacuación de otras internas antes que la de Guadalupe.
En su testimonio, Romero expresó: “Es un dolor que a nadie se lo deseo, ni a mi peor enemigo. Que te quiten un hijo, que te lo arrebaten y saber que estuvo pidiendo auxilio y que nadie hizo nada… porque si hubieran querido, las hubieran salvado y las dejaron morir. A ellas las dejaron morir, a mi hija me la mató el Estado”.
Romero aseguró: “No voy a descansar hasta que se esclarezca la muerte de mi hija”, solicitando ser querellante en la causa. “El Estado tenía el deber jurídico de proteger la vida y la integridad de las personas privadas de libertad”, afirmó en la presentación judicial a la que accedió Infobae.
Por su parte, el abogado que representa a la familia hizo mención a presiones ejercidas por parte del Servicio Penitenciario sobre las empleadas, respecto de lo ocurrido aquel día trágico. En este sentido, la querella solicitó a la Justicia que investigue si los agentes penitenciarios intentaron alterar sus declaraciones luego de mantener una reunión con las jefas de los módulos del penal y si hubo conductas dirigidas a encubrir los hechos ocurridos tras el incendio.
La familia también planteó la posibilidad de que se hayan cometido delitos como homicidio agravado por abuso de función o abandono de persona seguido de muerte, aunque la calificación dependerá del avance de la investigación. En este sentido, solicitó que se convoquen a testigos, internas y personal médico para declarar, y que se realicen inspecciones judiciales en la unidad penitenciaria con el objetivo de verificar si se cumplieron los protocolos de emergencia.
En el mismo sentido, enfatizaron en la importancia de acceder a toda la documentación y registros disponibles que permitan reconstruir en detalle lo sucedido durante la madrugada en la que se produjo el incendio.