La Justicia de Neuquén, con el aval de más de 15 jueces en todo el proceso, ordenó el desalojo de un predio privado usurpado por mapuches hace 14 años en Villa la Angostura pero el gobierno neuquino, que debería ejecutar la medida judicial, demora su concreción.
La usurpación se concretó el 27 de diciembre de 2011 y fue denunciada poco después, en el inicio de 2012. Desde entonces la denuncia por la irrupción ilegal mapuche recorrió múltiples despachos judiciales, en los que los intrusos no lograron fallos a favor.
Los denunciantes son dueños de las tierras desde 1969 y cuentan con la documentación que avala la titularidad registral. Se trata de 624 hectáreas de un lote pastoril ubicado a 35 kilómetros de Villa la Angostura, sobre la costa del lago Nahuel Huapi, en un sitio denominado El Pedregoso. La comunidad mapuche todavía reside en la propiedad.
Los intrusos, integrantes de la familia Melo, ingresaron a la propiedad argumentando preexistencia de sus ancestros, aunque ni siquiera cuenta con reconocimiento del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). A la usurpación inicial se acoplaron luego integrantes de otra comunidad mapuche, la lof Quintriqueo.
Los propietarios elaboraron un acta para dejar constancia del ingreso mapuche, la destrucción del candado que estaba colocado en el acceso y el inicio de una construcción precaria a cargo de los usurpadores. Allí se produjo el primer encuentro entre la dueña y uno de los ocupantes quien, machete en mano, le informó que se trataba de la recuperación territorial de todo el lote pastoril.
Desde que comenzó el proceso hubo al menos cinco órdenes de desalojo y la actual está firme.
En la etapa más reciente de la trama judicial, la Justicia confirmó el desalojo y ordenó al gobierno neuquino su ejecución, cuando ya estaban agotadas todas las instancias. En ese contexto, la Cámara de Apelaciones rechazó – en julio de 2023- un recurso de apelación presentado por la comunidad sobre la sentencia de desalojo.
Dicho rechazo confirmó la sentencia de primera instancia y la vía para intentar el Recurso de Casación, sosteniendo la orden de restitución del inmueble a sus legítimos dueños.
En octubre de 2024, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Neuquén dictó una resolución clave declarando inadmisible el recurso presentado por la parte ocupante contra la sentencia a ejecutar. Con esa decisión confirma que la sentencia de desalojo se encuentra firme y quedó expedita para su ejecución.
En abril de 2025, se reiteró la orden de efectivizarla aunque, por ahora, el gobierno provincial no la concreta.
“El proceso judicial está cumplido en un 100 por ciento, no hay instancias por delante, sólo queda ejecutar el desalojo, pero es el gobierno provincial el que no dispone los recursos logísticos para concretarlo” informaron a Infobae fuentes cercanas a los denunciantes.
Vecinos piden que se cumplan los desalojos
Un grupo de vecinos de Villa la Angostura emitió una comunicación en la que expresa su preocupación por el avance mapuche y la falta de decisiones políticas para concretar los desalojos.
En la localidad neuquina existen varios asentamientos ilegales, perpetrados en su mayoría por la autoproclamada comunidad Paicil Antriao, que mantiene conflictos judiciales no sólo con privados sino también con organismos públicos, como el municipio local que intenta recuperar la posesión de un camping usurpado por mapuches.
Los vecinos destacaron el accionar de la Justicia que avaló los distintos planteos y, en ninguno de los casos, hizo lugar al reclamo mapuche.
Cuestionó las declaraciones de los voceros de la comunidad que, bajo el argumento de supuestas reivindicaciones territoriales, avanzaron sobre tierras públicas y privadas de forma deliberada. “La Justicia ha fallado con base en el derecho vigente y en los hechos acreditados, y esas decisiones deben ser acatadas” sostienen los vecinos.
“creemos fundamental reafirmar que el Poder Judicial ha actuado dentro de sus competencias, conforme a derecho y con apego estricto a las garantías constitucionales. El descrédito hacia la Justicia, hacia las instituciones y hacia los vecinos afectados no contribuye al diálogo ni a la paz social, sino que profundiza el conflicto e intenta legitimar situaciones que jamás deberían ser admitidas ni toleradas” sostuvieron y mencionaron que a través de procedimientos exhaustivos la Justicia ha arribado a decisiones firmes que esclarecen los hechos y descartan atribuciones identitarias carentes de sustento.
“Estas sentencias, fundadas en derecho y en el marco de nuestra legislación vigente, no solo reconocen los derechos de quienes fuimos afectados por las intrusiones ilegales, sino que también ponen fin a una prolongada situación de incertidumbre social y jurídica” denunciaron.
Solicitaron entonces la ejecución de los mandamientos judiciales y la restitución de las tierras a los legítimos propietarios.