La Justicia de Bolivia dispuso este viernes cinco meses de prisión preventiva para el ex presidente Luis Arce en el penal de San Pedro, en La Paz, por su presunta participación en irregularidades vinculadas al Fondo Indígena durante su gestión como ministro de Economía en el gobierno de Evo Morales.
La decisión fue asumida por el juez anticorrupción Elmer Laura, quien respaldó los argumentos de la Fiscalía sobre riesgo de fuga y posible obstrucción del proceso. El caso involucra un daño económico masivo y forma parte de una investigación abierta hace varios años por supuestos desvíos de recursos destinados a proyectos productivos.
El Fondo Indígena fue un mecanismo estatal creado para financiar iniciativas comunitarias en áreas rurales y campesinas. En 2015, una auditoría reveló que varios desembolsos se habían transferido a cuentas particulares sin verificaciones previas. La investigación atribuye a Arce la responsabilidad por haber autorizado pagos y por no supervisar que los proyectos avanzaran según los términos establecidos.
La imputación fiscal incluye los delitos de favorecimiento al enriquecimiento ilícito, resoluciones contrarias a la Constitución, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y conducta antieconómica. De acuerdo con el Ministerio Público, su rol como ministro lo situaba en la cadena de control administrativo, lo que justificaría su inclusión entre los procesados.
La audiencia cautelar se realizó de forma virtual luego de ser adelantada dos horas respecto al horario previsto inicialmente. Arce intervino desde instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC), donde permaneció detenido desde el miércoles.
En su declaración, rechazó las acusaciones y afirmó ser víctima de un proceso motivado por intereses políticos.
“Yo soy absolutamente inocente en las acusaciones que se están vertiendo”.
“Buscan chivos expiatorios, buscan encubrir lo que está pasando con este tipo de acciones”, agregó.
Su defensa solicitó su liberación inmediata, apelando al principio de presunción de inocencia y a su condición de adulto mayor, además de argumentar que tiene domicilio fijo y actividad laboral conocida.
El ex mandatario también denunció irregularidades en su detención. Señaló que un grupo de personas encapuchadas lo interceptó sin mostrarle la orden judicial.
“Descendieron cuatro o cinco personas con pasamontañas y me invitaron a subir a un vehículo. Yo solo pedí ver la orden. Nunca me la mostraron”, relató.
Arce afirmó que, de haber recibido una citación directa, se habría presentado voluntariamente ante las autoridades.
La Fiscalía había solicitado que el ex presidente fuera enviado al centro de reinserción de Qalauma, pero el juez determinó que cumpliera la medida en San Pedro, argumentando que así se facilitarían eventuales traslados médicos.
Su defensa anunció una apelación inmediata, por lo que un tribunal deberá revisar en los próximos días si la detención preventiva se mantiene o se modifica. Sin embargo, la normativa boliviana establece que en casos de corrupción la prisión preventiva puede aplicarse cuando existe afectación económica significativa y riesgo procesal, criterios que el juez consideró cumplidos.
El proceso contra Arce se desarrolla en un contexto de alta tensión política. Su salida del poder en noviembre, al concluir su mandato, reconfiguró el escenario interno del Movimiento al Socialismo (MAS), donde persisten disputas entre las corrientes leales a Arce y a Evo Morales.
Ante cuestionamientos sobre la naturaleza del proceso, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, sostuvo que el Ministerio Público actuó “dentro de sus atribuciones” y aseguró que el caso se tramita conforme al artículo 226 del Código de Procedimiento Penal.
“La justicia no reconoce fueros ni privilegios”, afirmó, al insistir en que se garantizará el debido proceso.
Mientras el expediente avanza, Arce continuará bajo custodia en San Pedro, una de las cárceles más emblemáticas del país, a la espera de la decisión de la instancia superior.
El caso Fondo Indígena, que involucra a exfuncionarios de distintos niveles, vuelve a situarse en el centro del debate público en Bolivia por el impacto político que podría tener en las próximas etapas del ciclo institucional.
(Con información de EFE y Europa Press)