LA PLATA.- Si no logra introducir cambios en los plazos del cronograma electoral para la elección legislativa del 7 de septiembre, el gobernador Axel Kicillof se verá forzado a elegir entre dos escenarios no deseados: asumir el riesgo de encabezar unos comicios con serias dificultades operativas para que los partidos oficialicen en tiempo y forma candidatos y boletas; o aceptar una ley que vuelva a unificar los comicios con los nacionales, como pretendía Cristina Kirchner.

El gobierno de Kicillof ya denunció una “extorsión” de parte de la facción peronista que responde a Máximo Kirchner: la negativa a votar cambios en el calendario tiene como fin, afirmaron, que el gobernador pague el costo político por una elección fallida, o que acepte votar una ley para que las elecciones provinciales sean concurrentes con las nacionales, el 26 de octubre.

La presidenta de la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires, Hilda Kogan, ya detalló ante diputados, senadores y el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, las razones que demandan imperativamente un cambio en los plazos del calendario electoral, de cara al 7 de septiembre.

Con 13.367.631 ciudadanos en condiciones de votar y 869.970 electores extranjeros, la provincia de Buenos Aires tiene más de 14.237.601 de electores que demandarán el despliegue de 44.000 mesas de votación y 90.000 autoridades de mesa.

Habrá candidatos para renovar legisladores de ocho secciones electorales: 46 diputados titulares y 28 suplentes; 23 senadores titulares y 15 suplentes, más 1097 concejales titulares, 706 suplentes y consejeros escolares, sin filtro previo de una PASO para depurar los aspirantes de al menos 20 fuerzas políticas (que participaron de la última PASO), más colectoras.

Pero esto no es más que una pintura del tamaño de la elección. El problema son los plazos que quedaron atados a la ley 5109, no a los plazos de la ley nacional, más amplios -que históricamente se usaron al tener comicios simultáneos- para que tener a tiempo presentados, verificados y oficializados unos 10.000 candidatos, que se estiman, como mínimo.

10.000 candidatos en 10 días

La ley 5109 vigente en provincia dispone de 30 días antes de la elección para la presentación de candidatos. Y 20 días antes de la elección para la oficialización de boletas. Es decir: 10 días entre ambos plazos. Más que exiguo, según ya resaltó la Junta Electoral.

De acuerdo a este cronograma, la Junta Electoral cuenta hoy con apenas 10 días corridos, desde la presentación a la oficialización de boletas, para verificar un aluvión de postulantes, que sin primarias irán directamente a la elección general.

Se trata exactamente de un proceso manual que incluye: verificar que los más de 10.000 candidatos tengan edad conforme a la categoría que se postulan, que los nombres y apellidos coincidan con el padrón electoral, que el género declarado y la nacionalidad se ajusten a los requisitos de la normativa para el cargo al que se postulan, sin hablar de la constatación de la residencia y otros detalles, como la incorporación de seudónimos.

Además, los candidatos que sean reprobados podrán iniciar expedientes e intentan comprobar que sí cumplen con requisitos observados. En 2023 se iniciaron 6519 expedientes de candidatos que esperaban se revisen sus casos entre la presentación de sus nombres y la oficialización de las listas, en una elección bajo la norma nacional, con plazos más amplios.

“El 18 por cierto de los candidatos observados intentó acreditar requisitos constitucionales con prueba. Todo esto se hizo con dificultad en 20 días [bajo la ley nacional]”, detalló la Junta Electoral. Si no se modifican los plazos, como impulsaba Kicillof, el organismo electoral sólo dispondrá de 10 días corridos para realizar esa tarea. Luego comienza a regir el plazo para la oficialización de boletas. Se estima que se necesitan imprimir de 150 a 200 millones de boletas.

El calendario actual marca que 20 días antes de la elección se deben oficializar las boletas para que puedan ser verificadas. Una vez aprobadas por la Junta Electoral, se mandan a imprimir. “No hay imprenta que pueda imprimir ese volumen de boletas en tan corto plazo”, analizó una fuente judicial con amplia experiencia en el proceso. “Es materialmente imposible: si no hay cambios de cronograma se puede dar un escenario sin candidatos o sin boletas”, advirtió la fuente judicial, al tanto de todo el proceso de organización de una elección en provincia.

La presidenta de la Junta Electoral, Kogan, que también preside el Superior Tribunal de Justicia bonaerense, dijo el martes último ante los legisladores que trabajará a destajo para lograr organizar la elección desdoblada “con una ley anacrónica” que tiene como antecedente práctico más cercano comicios provinciales en 2002.

Luego de ese encuentro, la vicegobernadora Verónica Magario convocó a los presidentes de bloques a una nueva reunión para intentar consensuar los cambios, para extender los plazos de revisión de candidatos y boletas para los comicios desdoblados en este territorio.

Facundo Tignanelli, jefe del bloque de Unión por a Patria, ladero de Máximo Kirchner y uno de los apuntados desde el Ejecutivo, ya advirtió: “Estamos dispuestos a tratar de encontrar consensos. Pero depende del Poder Ejecutivo si lo logra con la oposición modificar la ley 5109”. En la misma línea, la jefa del bloque de senadores de Unión por la Patria, Teresa García, cercana a Cristina Kirchner, le dijo a LA NACION: “Tiene alguna razonabilidad que se hagan modificaciones, sobre todo los plazos para la impresión de las boletas. No se si es por ley o por decreto del gobernador”.

Andrés Larroque, ministro de Kicillof y exsecretario general de La Cámpora, apuntó contra dirigentes que siguen a Máximo Kirchner por “extorsionar al gobernador”, al quitar del proyecto de suspensión de las PASO los artículos que buscaban modificar los plazos del calendario electoral: “Hoy estamos en una situación que no se podría realizar la elección en términos de lo que demanda la justicia electoral bonaerense”, aseguró.

En el Poder Ejecutivo provincial creen que, en la práctica, el grupo aliado a Máximo Kirchner condiciona votar la adecuación de plazos electorales a la sumisión de Kicillof en términos políticos.

En palabras de un ministro de Kicillof: “No votar los plazos es una manera alternativa de ir contra el desdoblamiento: no pudieron ir de frente porque no tenían ni los votos ni el consenso y simularon un ‘gesto’ para volver a la carga con el hecho de no votar los plazos para que, por imposibilidad de realización de la elección, se tengan que volver a juntar las fechas de las elecciones provinciales y nacionales».

“Buscan el sometimiento de Kicillof nuevamente. Pero el gobernador está consolidado y no lo quieren aceptar. Por eso recurren a estas extorsiones”, se quejaron en la Casa de Gobierno provincial. Mientras, el gobernador avanza con su armado: el 24 de mayo lanzará oficialmente el Movimiento Derecho al Futuro, en un acto destinado a demostrar que sostiene su vocación de liderar una renovación del peronismo, aún bajo fuego.