El titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vítolo, rechazó hoy el pedido de la diputada porteña Graciela Ocaña para designar veedores en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que preside Claudio “Chiqui” Tapia, y en la Liga Profesional de Fútbol.
La solicitud, presentada formalmente por la legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, buscaba que se nombrara un veedor encargado de garantizar que la gestión de la AFA y de la Superliga se mantuviera dentro del marco legal y no se utilizara para la comisión de delitos. El organismo fundamentó su decisión en aspectos legales y procesales, según pudo reconstruir Infobae a partir de la resolución oficial.
En el escrito presentado, Ocaña pidió a la IGJ que tomara cartas en el asunto con el argumento de que la veeduría no afectaría la relación entre la AFA y la FIFA, ni perjudicaría a la Selección Nacional ni a los clubes.
La decisión puso un marco a la actuación de la IGJ, que la semana pasada envió una intimación a la AFA y la Liga Profesional de Fútbol para que expliquen los balances. En esa actuación, también citó a los auditores que firmaron los documentos.
“Las funciones que se le asignen a ese veedor sólo serían un impedimento para que la AFA delinca o viole la ley, como lo habría hecho hasta ahora a tenor de las investigaciones y las pruebas que están siendo obtenidas por la Justicia en diversos procesos”, planteó la legisladora en el documento al que accedió este medio. El mismo pedido se extendió a la estructura de la Liga Profesional del Fútbol.
La IGJ respondió que la solicitud resultaba “prematura” y detalló una serie de fundamentos jurídicos y administrativos. El organismo explicó que hasta el momento no recibió respuesta de la AFA ni de la Superliga a requerimientos de explicaciones sobre varios rubros observados en los balances presentados. Esa falta de contestación, según la resolución, imposibilita avanzar en una medida extraordinaria como la designación de un veedor. La presentación de Ocaña se evaluó en el marco de procesos administrativos abiertos, en los que todavía quedan instancias pendientes.
Otro de los puntos clave expuestos por la IGJ en su pronunciamiento es que no posee competencia para ordenar una intervención administrativa —ni siquiera en grado de veeduría— sobre asociaciones civiles como la AFA y la Superliga. El organismo aclaró que esas atribuciones recaen exclusivamente en el Ministerio de Justicia. En la documentación oficial se detalla: “La IGJ no es competente para disponer una intervención administrativa (aún en grado de veeduría) en asociaciones civiles como son la AFA y la Superliga, sino que ello es resorte exclusivo del Ministerio de Justicia”.
La Inspección General de Justicia también remarcó que no puede recomendar la designación de un veedor mientras no hayan vencido los plazos legales para que las entidades y los profesionales que firmaron los estados contables respondan a las intimaciones. Ese plazo se extenderá hasta fines de enero de 2026. Por eso, cualquier avance en ese sentido podría superponerse con otros procedimientos y afectar investigaciones judiciales ya en curso. “Recomendar la designación de un veedor en este momento podría interferir en otras medidas dispuestas por tribunales judiciales que investigan eventuales ilícitos”, señala la resolución.
La IGJ agregó que “momentáneamente no están dadas las condiciones para una veeduría” y subrayó que tampoco tiene facultades para solicitar una veeduría con los alcances reclamados por Ocaña, puesto que el pedido fue calificado como “absolutamente genérico” y sin referencia a hechos concretos que pudieran dar lugar a la intervención de un veedor informante. De acuerdo a la resolución, la solicitud de la diputada no se vincula a cuestiones específicas, sino a un control global sobre la regularidad de las entidades, algo que excede las competencias del organismo.
La presentación de la diputada se produjo en un contexto de creciente atención pública sobre la situación institucional de la AFA. En los últimos años, la entidad ha estado bajo el foco judicial por diversas causas que motivaron investigaciones sobre su funcionamiento y sus balances. En ese marco, la solicitud de Ocaña apuntó a crear un nuevo mecanismo de supervisión, aunque la IGJ optó por mantener el proceso administrativo vigente hasta que se cumplan los plazos legales y se reciban las respuestas formales de la AFA y la Superliga.
La resolución oficial de la IGJ deja en claro que cualquier medida de fiscalización extraordinaria sobre la AFA y la Superliga deberá esperar la finalización de los procedimientos administrativos en marcha. Una vez que las entidades respondan a los requerimientos, el organismo analizará los próximos pasos, aunque la competencia para intervenir de manera directa recae en otras instancias del Ministerio de Justicia.
El rechazo al pedido de Graciela Ocaña deja en evidencia los límites legales para la intervención estatal en asociaciones civiles deportivas y expone el delicado equilibrio entre la fiscalización pública y la autonomía institucional del fútbol argentino. La atención queda ahora puesta en las respuestas que brinden la AFA y la Superliga antes del cierre de enero de 2026 y en las eventuales decisiones que pueda adoptar la Justicia en los procesos abiertos.