El pasado 4 de agosto de 2025, la Policía Federal Rodoviaria (PFR) llevó a cabo la mayor incautación de oro de su historia: 103 kg de oro ocultos en varios compartimentos de una camioneta parada durante un control rutinario en la carretera estatal BR-401, en el estado de Roraima, en la frontera con Venezuela. Al volante se encontraba un empresario originario del estado amazónico de Rondônia, que viajaba con su esposa, una conocida influencer, y su hijo de 9 meses. Tras detectar irregularidades en los documentos, los agentes realizaron un registro exhaustivo en el que encontraron el oro. Dos días después, otra operación en el estado amazónico de Pará, cerca de Altamira, condujo a la incautación de otros 40 kg de oro, también ocultos en un coche. Según los datos de la PFR, las incautaciones de 2025 representan un récord en comparación con 2023 (23,1) y 2024 (48,1). Se han abierto investigaciones para determinar la procedencia del oro y, sobre todo, su destino. China aparece cada vez más como el mercado al que llega el oro ilegal procedente de Brasil. Esta semana, en el aeropuerto de San Pablo Guarulhos, el más grande de América Latina, la Policía Federal detuvo a una mujer que se dirigía a Hong Kong con 4 kg de oro ocultos en su maleta. En julio, en este mismo aeropuerto se incautó casi un kilo y medio de oro en cadenas. De este total, 386 gramos estaban en posesión de una pareja china procedente de Paraná y 1.100 gramos en manos de cinco ciudadanos chinos que estaban a punto de embarcar hacia Turquía.
La fiebre china por el oro no es un fenómeno que se registre solo en Brasil, sino que es mundial. Según algunas estimaciones publicadas por la Fundación Francesa para la Investigación Estratégica, China podría haber adquirido ya el 10% de las reservas mundiales de oro. Para Pekín, estos recursos no solo representan una cuestión económica, sino también de seguridad. La seguridad de los recursos constituye uno de los dieciséis pilares del “concepto global de seguridad nacional” promovido por el presidente Xi Jinping. El objetivo del Gobierno de Pekín es reducir la dependencia del dólar, eludir las posibles sanciones de Estados Unidos y aumentar su influencia en el sistema monetario internacional. En abril, la empresa estatal china Baiyin Nonferrous compró la mina de oro y cobre de Craíbas, en el estado de Alagoas, en el noreste del país, por 420 millones de dólares. Desde entonces, Baiyin ha enviado 18 cargamentos de mineral a China, además de oro, plata y cobre.
Recordemos que el oro ocupa el segundo lugar en la producción minera brasileña, por detrás del mineral de hierro. Minas Gerais, Mato Grosso, Bahía, Pará, Maranhão y Goiás son las principales regiones que lo extraen. Además, se han descubierto nuevos yacimientos en el norte y noreste del país, en los estados de Rio Grande do Norte, Pernambuco, Tocantins y Amapá, lo que convierte a Brasil en una tierra clave en esta fiebre del oro del nuevo milenio. Según datos del Instituto Brasileño de Minería (IBRAM), Brasil produjo en 2024 90 toneladas, de las cuales exportó 61,9, principalmente a Canadá. El país norteamericano también ocupa el primer lugar en las exportaciones del primer trimestre de 2025, seguido de Suiza, Reino Unido, India y Estados Unidos.
En este escenario, Pekín también se está expandiendo en el tráfico y la minería ilegal de oro, como ya lo está haciendo en Perú, Surinam y la Guayana Francesa. En Brasil, los chinos ya están activos en la minería ilegal. En febrero, en la ciudad de Cristalina, en el estado de Goiás, capital mundial de los cristales de roca, fueron detenidos 10 mineros ilegales. La policía sospecha que estaban gestionados por una red de chinos. El año pasado, en Jaguarari, en el estado de Bahia, la operación Gameleira de la Policía Federal descubrió una mina ilegal de cuarzo verde que abastecía al mercado chino, al que enviaba contenedores enteros. También en 2024, las autoridades brasileñas cerraron una mina ilegal de cobre que funcionaba gracias al trabajo esclavo de los lugareños, en Canaã dos Carajás, en el estado de Pará, a 800 km de la capital del estado, Belém. Estaba gestionada por chinos y brasileños.
Pero el fenómeno más interesante es la unión entre los mineros brasileños, los llamados garimpeiros, y los chinos en la vecina Guayana Francesa. El país ha sido invadido en los últimos años por redes criminales de Brasil, como el Primer Comando de la Capital (PCC), que desde hace tiempo también se ha introducido en el sector minero, incluido el del oro. Así se ha formado un eje ilegal que une Brasil, la Guayana francesa y también Surinam. “Los 120 puestos comerciales chinos establecidos a lo largo de la orilla surinamesa del río Maroni desempeñan un papel clave en la logística de la extracción de oro, ya que suministran a las explotaciones equipos y bienes de uso cotidiano y permiten su financiación. Las redes transnacionales que los respaldan facilitan el ocultamiento y el blanqueo de casi diez toneladas de oro extraído ilegalmente cada año y están implicadas en diversos aspectos de la delincuencia medioambiental, incluido el tráfico de fauna silvestre. Por último, los puestos avanzados y las redes comerciales chinas refuerzan la resiliencia de los buscadores de oro ilegales”, se lee en un informe de 2023 de la Fundación Francesa para la Investigación Estratégica.
Además, la maquinaria utilizada en las minas ilegales también es china. Según los datos de incautación del Instituto Brasileño del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables (IBAMA) y un informe de Greenpeace, entre la maquinaria incautada recientemente hay varias máquinas chinas, fabricadas por empresas como XCMG, Sany, Liu Gong, XGMA Chinare y Link-Belt. A esto se suman las redes de reciclaje creadas por la criminalidad china en Brasil, que permiten blanquear también los ingresos del tráfico de oro.
Los daños para Brasil son graves, ya que gran parte del oro incautado procede de zonas indígenas, continuamente atacadas por los delincuentes debido a su suelo rico en minerales. Las principales rutas terrestres utilizadas para el transporte ilícito son las carreteras BR-310, BR-174 y BR-230, pero los grupos delictivos están adoptando tácticas cada vez más sofisticadas para evitar los controles, como por ejemplo la construcción de carreteras clandestinas, las llamadas “cabriteiras”, es decir, rutas paralelas a las oficiales. Los principales transportistas son los camiones de carga, que se utilizan para transportar el oro desde las minas ilegales hasta los puntos de venta. Los camiones suelen ser de gran tamaño, con una capacidad de carga de entre 10 y 20 toneladas, y suelen estar camuflados con lonas de colores vivos y con el logotipo de una empresa de transporte.
Además de las vías terrestres, los traficantes utilizan cada vez más el transporte fluvial, aprovechando la red de grandes ríos y afluentes amazónicos, difíciles de controlar. También se utiliza el transporte aéreo, pero es menos frecuente debido a su elevado coste y a su mayor visibilidad. El director general de la PRF, Antonio Fernando Oliveira, en una entrevista al sitio web de noticias Metrópoles, subrayó que la figura tradicional del ‘garimpeiro’ ha sido sustituida por un delincuente fuertemente armado y dotado de medios costosos como aviones, helicópteros, dragas y camiones, todos financiados por el crimen organizado. Las autoridades advierten que, además de los daños medioambientales, a menudo irreversibles, las actividades ilícitas traen a la región violencia, trabajo esclavo, explotación sexual y tráfico de drogas y armas.
Recientemente, el mercado formal del oro en Brasil ha experimentado una transformación significativa gracias al fin de la presunción de buena fe en la comercialización del metal. Hasta abril de 2023, las DTVM (Distribuidoras de Títulos y Valores Mobiliarios), responsables del pago de las regalías por la extracción de oro, podían comprar oro basándose exclusivamente en las declaraciones de los vendedores, sin verificar su procedencia real. Este mecanismo favorecía la entrada en el mercado legal de oro procedente de la extracción ilegal, a menudo en territorios indígenas, y permitía el blanqueo del origen del metal. Con la decisión del Tribunal Supremo Federal (STF) en 2023, confirmada posteriormente en 2025, se derogó esta disposición. Ahora, las DTVM deben verificar el origen del oro, visitando los sitios de extracción y comparando la calidad del metal con la típica de la zona. Según datos de la Agencia Nacional de Minería y del Instituto de encuestas Escolhas, esta medida ya ha reducido la cantidad de oro ilegal que entra en el mercado formal. Por ejemplo, en 2022 los garimpeiros registraron una producción de 31 toneladas de oro. En 2023, después de la decisión del STF el volumen cayó para 17 toneladas, con una reducción del 45%. Antes de la reforma, se estimaba que aproximadamente la mitad del oro vendido en Brasil era de origen ilícito.
Sin embargo, fuentes de investigación confirmaron a Infobae que, con el fin de la posibilidad de vender oro de origen ilícito en el mercado legal brasileño, el crimen organizado y los garimpeiros ilegales trasladaron sus actividades a países vecinos, como Guyana, Perú y Venezuela, para deshacerse del metal. Un ejemplo reciente es una operación llevada a cabo por la Policía Federal en abril en la Tierra Indígena Vale do Javari, en el estado de Amazonas, cerca de la frontera con Perú, donde se detuvo a garimpeiros dedicados a la extracción y el transporte de oro ilegal. Paralelamente, la producción de oro en Perú ha aumentado desde 2023. Los expertos del sector sugieren que esto podría indicar la llegada de garimpeiros brasileños al país o la nacionalización del oro extraído ilegalmente en Brasil, con un proceso de reintegración en el mercado peruano.
La situación peruana presenta señales preocupantes. El pasado mes de marzo, en una zona conocida por los conflictos relacionados con los garimpeiros ilegales, se encontraron muertos a 13 trabajadores pertenecientes a una gran empresa minera de oro. El riesgo ahora es que, gracias al oro brasileño, Perú se convierta en un centro de tráfico de oro hacia China. En Perú, los operadores ilegales chinos llevan tiempo industrializando las minas artesanales, utilizando técnicas como la lixiviación con cianuro, más eficaces pero altamente contaminantes para el agua y el suelo. En Perú, estas redes operan principalmente en Madre de Dios, Puno y en la frontera con Ecuador, aprovechando la escasa presencia del Estado. La alta demanda china de oro, con precios superiores a los 3.000 dólares la onza, empuja parte del oro extraído ilegalmente hacia Asia a través de rutas de contrabando, sin impuestos ni regalías, lo que reduce los ingresos fiscales y crea dificultades a la minería formal peruana, que ya se enfrenta a problemas de trazabilidad y competitividad.
En cuanto a Brasil, para tratar de mitigar los impactos de la extracción ilegal de oro, a finales de julio se publicó un informe en el marco del Plan Nacional “Oro sin mercurio”. En el texto, fruto de más de cinco años de investigación, se analiza en profundidad la extracción de oro en Brasil, una actividad reconocida por la Constitución, por la que el Estado tiene el deber tanto de proporcionar canales legales para su ejercicio como de llevar a cabo acciones de vigilancia y lucha contra la extracción ilegal. El informe, coordinado por el Ministerio de Minas y Energía (MME) con el apoyo de la ONU a través del Fondo Global para el Medio Ambiente, recoge más de 2.000 páginas de datos técnicos, gráficos y análisis sobre la realidad socioeconómica de los garimpeiros. Según las estimaciones, unas 200.000 personas trabajan directamente en el sector, con otros 500.000 familiares y empleados relacionados. El 90% de las familias vive cerca de las zonas de extracción, el 80% mantiene contactos frecuentes con los familiares que trabajan allí y el 66% reside desde hace más de seis años en los mismos asentamientos, organizados en aldeas y comunidades. El documento también aborda el tema del uso del mercurio, en consonancia con los compromisos adquiridos por Brasil en el Convenio de Minamata, en Japón, cuyo objetivo es reducir y, si es posible, eliminar el uso de esta sustancia en la “minería artesanal y en pequeña escala” (Mape). Brasil ratificó oficialmente el convenio mediante el Decreto n.º 9.470, de 14 de agosto de 2018. En el informe se analizaron 83 estudios sobre la salud de la población de la Amazonia Legal, centrándose en la exposición al mercurio. Se concluyó que el uso inadecuado de los equipos y la informalidad del sector son las principales causas de la contaminación por mercurio. Para abordar este problema, en 2022 el MME se adhirió al proyecto “Oro sin mercurio”, destinado a desarrollar un Plan de Acción Nacional para hacer que el Mape aurífero sea más seguro y sostenible.