Fuentes al tanto de las investigaciones describen en detalle la maniobra conocida como “La Escalerita”, que explotó durante 2022 y 2023, en la última etapa del gobierno de Alberto Fernández. Este circuito se consolidó como un esquema de fondeo y venta de dólares entre bancos y casas de cambio, donde los fondos circularon por diversas entidades antes de perder cualquier trazabilidad dentro del sistema formal.
El circuito comenzó típicamente con un fondeo en un banco comercial, el cual derivó fondos a una casa de cambio principal, como Megalatina y Gallo, entre otras. Estas casas de cambio principales distribuyeron después los dólares a otras casas de cambio, eslabonando la operación y dificultando el rastreo del dinero. Según fuentes al tanto de las investigaciones, la operatoria alcanzó hasta cinco eslabones, donde la última casa de cambio de la cadena dejó de informar el destino final de los fondos, adulteró registros o directamente omitió reportar operaciones.
La operatoria aprovechó la falta de controles y una normativa que, aun bajo cepo cambiario, permitió a las casas de cambio comprar dólares a bancos sin límite alguno, bajo el supuesto de abastecer ventas minoristas. En ese momento, el tope para ventas minoristas era de USD 100 en efectivo y USD 200 con dinero bancarizado por persona al mes. Sin embargo, no existía una restricción para el volumen de dólares que una casa de cambio podía adquirir para cumplir con esa función.
El 30 de noviembre de 2023, el Banco Central dictó una resolución que puso límite a la compra de dólares por parte de casas de cambio, igualando el máximo mensual al volumen vendido el mes previo al público minorista. Esta medida cortó el circuito, pero para entonces el grueso de los movimientos ya se había realizado. Las fuentes estiman que el 84% de los fondos involucrados, entre USD 1.400 y 1.500 millones, perdió trazabilidad y quedó fuera del radar del sistema formal. El resto de las operaciones correspondería a movimientos genuinos, como compras para importaciones, aunque no se puede determinar con precisión su proporción.
Entre 2021 y 2023, el Banco Central cerró aproximadamente 60 casas de cambio por incumplimientos regulatorios, en su mayoría por no presentar información sobre el destino de los fondos. La maniobra se facilitó por la existencia de más de 250 casas de cambio habilitadas, muchas de ellas sin requisitos estrictos de capital ni obligaciones de reporte sobre sus directores. Esta desregulación y falta de controles internos permitió que el circuito alcanzara una escala inédita, en un contexto de connivencia o desinterés de autoridades políticas y regulatorias.
Desde mediados de 2022, áreas internas del Banco Central elaboraron advertencias, sumarios y memos señalando irregularidades en el circuito. Sin embargo, la decisión política para cortar la operatoria recién se tomó en noviembre de 2023, después de las elecciones presidenciales y en vísperas del cambio de Gobierno. El mecanismo permitió que bancos comerciales con escasa actividad abrieran decenas de cuentas de casas de cambio en un corto período, multiplicando su volumen de operaciones a niveles que ahora atraen la atención de los investigadores.
En efecto, el titular de la autoridad monetaria por aquel entonces, Miguel Ángel Pesce, aseguró en los últimos días que durante su gestión hubo “incontables sumarios” por violación a la normativa cambiaria. A la vez, aclaró que el Ministerio de Economía no participó de estas investigaciones.
“En nuestra gestión se cerraron 136 operadores de cambio, obviamente siguiendo las reglas que corresponden. Primero se intima a la institución para que explique las operaciones que está haciendo, si no lo hace se le inicia un sumario y se la suspende. Durante ese sumario se le da derecho a la defensa y luego se hacen los sumarios. Si hay alguna actividad irregular, se castiga con multas y con inhibiciones para operar en el mercado de cambios”, aseveró Pesce en declaraciones radiales.
“La escalerita” era conocida en el mercado financiero y algunos bancos decidieron no participar debido al riesgo reputacional o a las advertencias que transmitieron funcionarios del Banco Central. Los sumarios abiertos por la autoridad monetaria involucran tanto a casas de cambio como a bancos, señalando la falta de controles y la magnitud de las operaciones.
Fuentes al tanto de las investigaciones sostienen que la ganancia de este circuito surgió de la brecha entre el dólar oficial y el dólar blue. Tanto casas de cambio como dueños de bancos se habrían repartido esa diferencia, logrando utilidades significativas en un contexto de alta volatilidad y restricciones. El circuito recibió el nombre de “la escalerita” porque el fondeo escalaba entre distintas casas de cambio hasta que el dinero perdía todo rastro.
La operatoria no estaba expresamente prohibida hasta el 30 de noviembre de 2023, lo que constituye el principal argumento de defensa de las casas de cambio y bancos sumariados. Las sanciones por infracciones cambiarias pueden alcanzar hasta diez veces el monto involucrado, aunque la aplicación real de estas multas depende de la interpretación de la justicia. Otras sanciones, relacionadas con déficits de control interno o conducta financiera, tienen menor cuantía y alcance.
La falta de un registro centralizado de accionistas y el reemplazo sencillo de sociedades permitieron que el circuito subsistiera, incluso tras el cierre de casas de cambio. Fuentes consultadas indican que el fenómeno generó un mercado secundario de venta de licencias y habilitaciones, lo que complicó aún más la tarea de fiscalización.
En base a los sumarios y resoluciones emitidas, el circuito de “la escalerita” representa uno de los mayores desafíos recientes en materia de control cambiario y financiero. Las investigaciones en curso analizan la responsabilidad de cada actor y el impacto de estas maniobras en la disponibilidad de divisas.