En junio del año pasado, la enfermera Brenda Agüero fue condenada a prisión perpetua por la muerte de cinco bebés y el intento de asesinato de otros ocho recién nacidos en el Hospital Neonatal de Córdoba. El veredicto fue el resultado de un histórico juicio por jurado popular que se extendió durante seis meses de audiencias orales y públicas.
Ahora, la defensa de la condenada denunció públicamente que la mujer es blanco de amenazas y agresiones por parte de otras internas en la cárcel de Bouwer, donde cumple su pena: “La amenazaron con una faca, un cuchillo tumbero”.
El abogado Gustavo Nievas detalló que, en septiembre del año pasado, Agüero debió ser atendida tras sufrir golpes en el rostro, provocados presuntamente por otras mujeres del penal. “Cuando está en el pabellón, no hay mayores problemas. Pero cuando va a un taller, se cruza por los pasillos, hay alguna agresión aunque sea verbal”, sostuvo, en declaraciones a El Doce.
La semana pasada, la defensa de Agüero denunció formalmente agresiones y amenazas. Según el relato de la mujer, condenada por inyectar en 2022 sus víctimas con potasio e insulina, un grupo de internas condenadas por narcomenudeo la habría amenazado con una faca: “Su integridad física y la de cualquier persona en la cárcel no vale una moneda“.
“Brenda es mujer, está en una cárcel de mujeres y está acusada de graves delitos contra bebés. Está en un ambiente adverso“, lamentó Nievas, en declaraciones al medio local. Aseguró que, a pesar de las agresiones, Agüero permanece desde hace tres años en el mismo pabellón.
Durante la entrevista, el letrado precisó que se registraron irregularidades, entre ellas que el director de la cárcel de Bouwer la habría hecho firmar un acta “mentirosa” en la que constaba que no tenía ningún inconveniente.
También opinó que, de no haber sido en Córdoba el juicio, “en cualquier otra provincia estaría en su casa, no la hubieran condenado”.
El caso
Los ataques seriales se desarrollaron entre el 18 de marzo y el 7 de junio de 2022. Sin embargo, la cadena de tragedias se denunció ante la Justicia recién un mes después de los últimos fallecimientos. Lo hizo el ingeniero Francisco Luperi, esposo de una médica de guardia, quien decidió presentarse en los tribunales luego de escuchar de su pareja todo lo que estaba pasando.
En el primer día de la cronología hubo dos ataques: V.U.M., una sobreviviente, y Francisco Calderón Cáceres, que murió 11 horas después de su nacimiento.
Aunque a él no le hicieron autopsia, los estudios de laboratorio que le practicaron mientras intentaron salvarle la vida detectaron que tenía niveles algo elevados de potasio en sangre. También encontraron una mancha de sangre en su ropa. Son dos datos que por entonces, en medio del dolor de su familia, no decían mucho. Cobraron relevancia meses después, cuando las muertes y descompensaciones científicamente inexplicables no dejaban de suceder.
Entre los 13 casos que se analizaron en juicio -solo las últimas dos víctimas fatales tuvieron autopsia- hubo varios con uno o más pinchazos sobre su piel, en zonas del cuerpo donde no se realizan inoculaciones. Varios tenían niveles de potasio y/o insulina en sangre incompatibles con la vida, y solo explicables por una inoculación externa. Es decir, no hay manera posible de que el cuerpo haya “fabricado” ese exceso.
Los fiscales sostuvieron que Agüero actuó motivada por sus aspiraciones laborales: habría atacado a los bebés para ser la primera en notar sus síntomas, dar aviso a sus superiores y destacarse entre sus compañeros para que la “ascendieran” de Obstetricia a Neonatología.
El sector donde se desempeñaba no es un dato menor: Agüero tenía asignado el cuidado de las madres y no le correspondía estar en contacto con los bebés. Según se corroboró, ella es la única persona que estuvo presente en todos los episodios.
Además, tenía una “proximidad exclusiva” con las madres y sus hijos. En muchos momentos quedaba sola con ambos, o incluso cara a cara con los bebés mientras las mujeres pasaban por un período de recuperación post-parto, algo que no ocurría con el resto de los profesionales, que suelen intervenir en grupo.
Según determinó el fiscal Raúl Garzón en su investigación, la enfermera obtenía dosis de potasio e insulina de los “carros de paro”, que prácticamente no tenían control de inventario. Inyectaba a los recién nacidos de forma errática, en lugares aleatorios, algo que la acusación encontró compatible con un acto ilícito que se cometía a escondidas y fugazmente.
El 6 de junio de 2022 recayeron cuatro bebés en cuestión de horas. Los médicos que declararon en el juicio llegaron a un consenso unánime: ninguno vio más de una descompensación o muerte súbita en recién nacidos en un mismo día. Mucho menos cuatro episodios casi en paralelo.
Ese día la situación en el hospital estalló, y le dieron licencia a decenas de médicos y enfermeros, entre ellos Brenda Agüero. Las muertes de Melody Luz Molina y Angeline Rojas se denunciaron por separado, de forma aislada a todos los acontecimientos. Sus autopsias fueron determinantes para llegar a la verdad.