La dictadura de Cuba imputó a los activistas del grupo El4tico por el delito de “propaganda contra el orden constitucional”, en un contexto de creciente represión y nerviosismo dentro del aparato de poder de la isla.
Según confirmó a Infobae Yaxys Cires, director de Estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), los detenidos Ernesto Ricardo Medina y Kamil Zayas Pérez enfrentan cargos tras publicar materiales críticos contra el régimen, mientras organizaciones internacionales y la sociedad civil exigen su liberación.
El señalamiento contra los integrantes de El4tico se produjo después de que, de acuerdo con una fuente citada bajo anonimato, las autoridades del régimen acusaran a los activistas de violar el artículo sobre “propaganda contra el orden constitucional”. Esta figura fue incorporada en 2022 al nuevo Código Penal y reemplazó la antigua tipificación de “propaganda enemiga” para endurecer el control sobre la disidencia.
El propio Cires explicó a Infobae: “Han sido imputados por el supuesto delito de propaganda contra el orden constitucional, que viene siendo una redefinición del delito de propaganda enemiga, pero incorporado como delito ahora al nuevo Código Penal, que pormenoriza más o hace más detallada la represión”.
Según detalló el director de Estrategias del OCDH, el régimen utiliza este delito para perseguir a activistas y ciudadanos que expresan opiniones críticas en redes sociales o difunden videos de denuncia.
El caso de El4tico se suma a una serie de acciones similares, en las que la Fiscalía y la Seguridad del Estado actuaron contra ciudadanos por comentarios en plataformas como Facebook, un patrón que ha sido documentado por medios independientes y organizaciones de derechos humanos.
Cires señaló que la ofensiva contra los fundadores de El4tico se produce en medio de una “crisis terminal” del régimen cubano. A su juicio, “esto es muestra del estado de paranoia en el que está el régimen en este momento”, una situación agravada tras los recientes acontecimientos políticos en la región y la creciente presión internacional. “Después de lo que pasó con Nicolás Maduro, eso ha infundido el estado de paranoia y nerviosismo en ellos”, afirmó a este medio el directivo del OCDH.
La detención de Medina y Pérez generó reacciones de condena tanto a nivel nacional como internacional. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) exigió la liberación inmediata de los activistas, señalando que el encarcelamiento de periodistas y activistas en Cuba forma parte de una estrategia sistemática para silenciar voces críticas.
La organización, con sede en Miami, calificó el arresto -ocurrido el pasado 6 de febrero en Holguín- como una nueva violación a la libertad de expresión y pidió el cese de la persecución contra quienes informan y promueven el pensamiento crítico en la isla.
De acuerdo con denuncias de organizaciones de derechos humanos, agentes de la Seguridad del Estado y policías irrumpieron en las viviendas de los comunicadores en el reparto Piedra Blanca, entre las 6 y 7 de la mañana. Las autoridades confiscaron computadoras, teléfonos, cámaras y equipos de trabajo empleados en su labor periodística. Los detenidos fueron trasladados a la sede de Instrucción Penal de Holguín, conocida como “Todo el mundo canta”, un centro señalado por denuncias de torturas, interrogatorios violentos y tratos degradantes.
El4tico, con 118.000 seguidores en Instagram, se presenta como un espacio independiente de análisis y crítica sociopolítica, reconocido por desmontar narrativas oficiales y ofrecer argumentos comunicacionales e históricos sobre la realidad cubana. Su objetivo es visibilizar problemáticas sociales y fomentar el debate sobre las libertades de expresión y creación, en un contexto de censura y represión.
El proyecto trató temas como los apagones prolongados, la crisis económica y las restricciones a los derechos fundamentales en la isla. “La persecución contra personas que generan espacios de debate y cuestionamiento público refleja la intolerancia del régimen cubano frente a cualquier manifestación de pensamiento independiente”, declaró Pierre Manigault, presidente de la SIP. El organismo señaló que estas detenciones forman parte de un patrón de criminalización del activismo pacífico y del periodismo independiente.
Kamil Zayas Pérez había anticipado su detención. Días antes del operativo, dejó programado un mensaje en Facebook para ser publicado en caso de arresto, como finalmente sucedió. “Si están viendo o leyendo esto, es porque finalmente encontraron la manera de trancarme, de intentar ponerme la mordaza temporal”, escribió.
En su texto, calificó la detención como “arbitraria, cobarde, previsible” y exigió respeto al debido proceso, información sobre su estado de salud y su liberación sin condiciones. “No he cometido crimen alguno más que el de pensar con cabeza propia”, afirmó.
La organización legal Cubalex denunció que tanto el allanamiento como la detención son ilegales bajo la Ley 143 del Proceso Penal cubana, ya que no se cumplieron las formalidades requeridas. Según su análisis, se vulneraron la inviolabilidad del domicilio, el debido proceso y las garantías mínimas de toda detención. El operativo, el perfil público de los detenidos y el contexto de criminalización del disenso configuran un acto de hostigamiento político dirigido a restringir ilegítimamente la libertad de expresión.